El Gobierno regulará esta actividad

Los arrendadores de viviendas turísticas deberán hacerse autónomos

Las plataformas digitales como Airbnb, Windu o HomeAway se han convertido en un filón de oro para los propietarios de viviendas de grandes capitales y zonas de costa. Muchos han convertido el alquiler en una fórmula para ‘hacer negocio’. Aquellos propietarios que alquilen viviendas vacacionales como segunda actividad de manera profesional o habitual y sus ingresos anuales estén por encima del Salario Mínimo Interprofesional deberán hacerse autónomos si no lo son ya. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, prepara una batería de medidas para regular lo que considera situaciones de alegalidad.

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Los arrendadores de viviendas turísticas deberán hacerse autónomos

Dice el Estatuto del Trabajo Autónomo que se entiende como trabajador por cuenta propia o autónomo a “las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Esta actividad autónoma o por cuenta propia podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial”.

Atendiendo a dicha descripción, los propietarios que han encontrado una forma de hacer negocio -exclusivo o complementario a su actividad profesional- alquilando su vivienda con fines vacacionales “tienen la obligación de darse de alta como autónomo y, por tanto, abonar la cuota mensual a la Seguridad Social”. Así lo ha afirmado el abogado laboralista, Alberto Ara, a Autónomos y Emprendedor quien añade que para determinar si el arrendamiento se corresponde con una actividad económica, “hay que tener en cuenta la habitualidad”. Aunque este último concepto está aún por obtener una mayor concreción legal en el marco del diálogo con las organizaciones de autónomos, según el veredicto de los tribunales dicha habitualidad existe si los rendimientos netos obtenidos por una actividad superan los 10.302,60 euros anuales, es decir, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).    

Sea como fuere lo cierto es que la irrupción de plataformas como Airbnb, Windu, HomeAway o Niumba, entre otras, han animado a que un gran número de propietarios en zonas turísticas hayan encontrado un filón de oro en el alquiler de su vivienda con fines vacacionales en una situación de, en palabras de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Reyes Maroto, “alegalidad”. De hecho, según los datos de Exceltur, el número de viviendas turísticas alcanzó en 2017 un total de 473.956 superando en casi 140.000 la oferta de alojamientos reglados (335.606).

Soluciones coordinadas y alta en el RETA

El alquiler vacacional se encuentra en una situación de vacío legal que afecta tanto a la competitividad del sector como a la recaudación. De ahí el interés del Gobierno de Pedro Sánchez por aportar luz. “Queremos impulsar soluciones coordinadas para las viviendas de uso turístico”, así lo ha expresado Maroto, tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Turismo -la primera desde 2015- en la que han participado los consejeros del ramo de las 17 comunidades autónomas con las que trabajará de la mano en la “revisión de todas las normas” que afectan a este tipo de viviendas.

Además, desde Industria, Comercio y Turismo se trabajará mano a mano con los ministerios de Hacienda y Seguridad Social de cara la regulación económica de este tipo de actividad. “No se ha hablado específicamente de obligar al arrendatario de la vivienda a que se haga autónomo, pero si ha habido peticiones concretas y se han dado algunas ideas que se van a valorar”, ha afirmado la ministra en respuesta a una pregunta formulada por Autónomos y Emprendedor.

Esta afirmación proviene, según Ara, de que hay que distinguir aquel propietario que simplemente alquila su vivienda y declara en si IRPF esos ingresos como rendimientos de capital inmobiliario, del que organiza toda una actividad profesional para alquilar una o varias viviendas vacacionales por días, quincenas o meses. Sería un segundo trabajo, en este caso como autónomo.

No obstante, no será hasta el mes de septiembre cuando, en la próxima reunión de la conferencia, se concrete algún detalle acerca de cómo se va a desarrollar un sistema que servirá para aflorar economía sumergida, dotar de seguridad jurídica al sector y promover el turismo de calidad.

Lo que sí ha avanzado la ministra es que se “impulsarán sanciones coordinadas” con las comunidades autónomas. Asimismo, se encomendará a los gobiernos regionales la tarea de crear un registro de viviendas turísticas que se contrastará, a su vez, con otro de visitantes elaborado por el propio Ministerio a través de la información obtenida de las plataformas digitales. Cabe recordar que desde principios de julio -según lo establecido en un Real Decreto aprobado por el anterior Ejecutivo a principios de año- estas entidades deben presentar cada trimestre una declaración informativa con la relación de viviendas que se anuncian en la plataforma.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley de Propiedad Horizontal, dependientes del ministerio de Fomento, serán “el pilar” de la nueva regulación. El Gobierno revisará y adecuará, entre otros, el artículo 5 de la LAU, en su letra e. Este excluye de la norma estatal de arrendamientos a los alquileres vacacionales si la comunidad autónoma en la que se ubican -que es quien tiene las competencias en materia de turismo- ha legislado al respecto. Tal es el caso de Baleares, Madrid o Comunidad Valenciana. Así, se prevé que se establezcan unos mínimos comunes a partir de los cuales las regiones redacten un reglamento específico según sus particularidades.  

Tasa turística y plan director

España es el segundo destino con mayor afluencia de visitantes. Hasta el mes de mayo habían llegado 28.573.668 turistas internacionales, lo que supone un 2% más que durante el mismo periodo del año precedente. Dato que de cara al cierre del ejercicio hace prever que se supere la cifra de 81.786.364 de 2017.

Que España consolide su posición de liderazgo entre los destinos preferidos por el turismo internacional no es el único objetivo del Gobierno. El reto está en impulsar el turismo de calidad, atrayendo a un mayor número de visitantes de largo recorrido y de mayor poder adquisitivo, con lo que se aumentaría el gasto medio. Para ello se potenciarán actuaciones de promoción turística a través de organismos como Turespaña.

Lo que por el momento “no está en la agenda del Gobierno”, es establecer una tasa turística estatal que grave las pernoctaciones, tal y como ocurre en Cataluña o Baleares.

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Asimismo el Ejecutivo de Sánchez se ha comprometido a mejorar situación de los empleados de hostelería, lo que previsiblemente redundará en la calidad de los servicios prestados “queremos que los trabajadores sean partícipes de la riqueza del sector”, ha afirmado Maroto. A este respecto la medida 14 del borrador Plan director contra la explotación laboral, detalla que se llevarán a cabo actuaciones de revisión de las condiciones laborales de Hoteles y Alojamientos así como a ampliar la cobertura sanitaria de dichos trabajadores, incorporando las enfermedades músculo esqueléticas.