Las asignaturas pendientes en Trabajo y Hacienda

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha elegido para los ministerios de Trabajo y de Hacienda a dos políticas del PSOE que deberán afrontar, entre otras muchas cosas, problemas y medidas que afectan a los autónomos españoles. La sucesora de Fátima Báñez es una política bregada en la política autonómica, Magdalena Valerio, persona fidelísima al presidente y experta por vocación en el sistema de pensiones. Para sustituir a Cristóbal Montoro, Sánchez ha llamado a Mª Jesús Montero, una “pata negra” del socialismo andaluz, que deja la autonomía andaluza al borde del equilibrio presupuestario. 

La nueva ministra de Trabajo es Magdalena Valerio (Torremocha, Cáceres, 1959), licenciada en Derecho y funcionaria del cuerpo de gestión de la Seguridad Social. Aunque extremeña, Valerio ha desarrollado toda su carrera política en Castilla-La Mancha, en cuya Junta de Comunidades ha ocupado varias carteras. Desde que Pedro Sánchez accedió a la secretaría general del PSOE en 2014, Magdalena Valerio ha formado parte de su núcleo duro y ha sido una de las personas más leales al hoy presidente a lo largo de estos azarosos años para él. Formó parte del grupo de expertos que Sánchez reunió para elaborar el programa socialista de las elecciones de junio de 2016 como especialista en Seguridad Social y, hasta su nombramiento como ministra, ha sido la secretaria ejecutiva de Seguridad Social y Pacto de Toledo en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. El sistema público de pensiones es una de sus grandes obsesiones y su materia estrella. Se sitúa en el ala izquierdista del partido, por lo que su nombramiento se interpreta como una compensación al guiño ortodoxo de Pedro Sánchez con Bruselas tras la designación de Nadia Calviño como ministra de Economía. 

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo. | Foto: EFE 

El primer gran cambio que trae Valerio bajo el brazo es el del nombre de su departamento, que vuelve a llamarse de Trabajo. Cuando el PP llegó al Gobierno en 2011, se cambió la designación de Trabajo por Empleo para enfatizar que la creación de puestos de trabajo destruidos por la crisis económica era una de las prioridades del nuevo Ejecutivo. Ahora, los socialistas recuperan la denominación que este ministerio ha tenido durante décadas. La nueva ministra tiene ante sí un problema de calado como es la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Es firme partidaria de crear nuevos impuestos para sufragar el sistema, aunque éste deje de ser de reparto. Quiere imponer un tributo al sistema financiero español y la intención del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de gravar a las grandes multinacionales digitales no le es ajena. En materia de Seguridad Social se encuentra con dos subcomisiones que están debatiendo en el Congreso de los Diputados el Pacto de Toledo y la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). En ésta última, hay un debate importante: la de que las cotizaciones de los autónomos a la Seguridad Social se ajusten a los ingresos reales de éstos. Algunas voces del PSOE quieren llevar adelante esta medida, aunque no hay consenso ni tampoco con las principales organizaciones de autónomos ya que hay graves dudas sobre si es viable.

Respecto al empleo, Magdalena Valerio hereda una tasa de desempleo del 16,7% y 3.252.130 parados inscritos en los servicios de empleo, los mejores números desde 2008. Para los autónomos, los datos conocidos el pasado lunes día 4 supusieron un récord histórico pues en mayo hubo 14.544 autónomos afiliados al RETA más que en abril -7.651 nuevos al día- y en los cinco primeros meses del año el número de cotizantes creció un 40% respecto al mismo periodo de 2017. El PSOE mantendrá la tarifa plana, incluso ampliada a los que vuelven a la actividad tras un cierre anterior, pero su intención es que la bonificación de la cuota no corra a cargo de la Seguridad Social sino que se financie a través de los Presupuestos Generales del Estado.

La recién nombrada ministra, por otra parte, siempre se ha inclinado por derogar la reforma laboral que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012. Magdalena Valerio pretende potenciar la negociación colectiva y para ello habrá de cambiar aspectos de la actual regulación laboral. Sin embargo, hay muy pocas posibilidades de que se modifique el coste del despido. Lo más problable es que la anterior reforma sólo sufra cambios en algunos aspectos.

Otro tema importante que ha quedado en el tintero y que debería haberse solucionado con el anterior equipo ministerial de Empleo es la representatividad de las organizaciones de autónomos. Está pendiente fijar antes de octubre los criterios y crear el Consejo Estatal del Trabajo Autónomo, de lo que dependerá también la nueva composición del Consejo Económico y Social, donde por primera vez se sentarán los autónomos, según establece a nueva Ley de Medidas Urgentes aprobada el pasado otoño.

Límites de módulos

En contra de los rumores de días pasados que apuntaban a una reunificación de los Ministerios de Economía y Hacienda, el presidente Sánchez ha optado por mantener los dos departamentos separados. Eso sí, ha desgajado la función pública para volver a un departamento de Administraciones Territoriales que ya existió en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. De esta forma, se desvincula la gobernanza de las administraciones públicas del área económica llevada a cabo en los seis últimos años, en los que la parte política se dejó en manos de la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría. A partir de ahora esta responsabilidad cae sobre la política catalana Meritxell Batet.

La elegida para llevar este ministerio es Mª Jesús Montero, procedente del PSOE de Andalucía. Hasta este miércoles, ocupaba la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Montero, médico de profesión, tiene 52 años y es muy respetada en el socialismo andaluz. Hasta 2013 fue consejera de Sanidad y a ella se debe el Plan de Concentración Hospitalaria ideado para ganar eficiencia en el gasto sanitario, muy contestado en Granada. Su pulcritud con el gasto público queda demostrada en los números que deja en Sevilla, ya que Andalucía tiene ahora mismo un déficit del 0,2% del PIB, lo que le coloca prácticamente en el equilibrio presupuestario. Una llamada directa de Pedro Sánchez la ha traído a la capital de España, sin mediar recomendación de la presidenta andaluza Susana Díaz.

 Mª Jesús Montero, ministra de Hacienda. 

A Montero le esperan grandes retos, empezando por la aplicación de unos Presupuestos del Estado, los de 2018, que no son de su partido ni de su Gobierno, y siguiendo por la aprobación inminente del techo de gasto para los próximas cuentas de 2019, que ha de realizarse este mismo junio. La financiación autonómica, su gran caballo de batalla con Cristóbal Montoro, es otra de sus grandes tareas.

En lo que se refiere a los autónomos, Montero tiene dos asuntos pendientes: la reforma del sistema de estimación objetiva o módulos y fijar el plazo de presentación del modelo 347. El colectivo de trabajadores por cuenta propia tiene como prioridad resolver una cuestión que pende sobre ellos y que es la rebaja del límite de facturación anual para tributar en el IRPF por el sistema de módulos. El Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro pretendió durante los últimos años que el límite de facturación bajara de 250.000 euros anuales a 150.000 y de 125.000 euros anuales a 75.000 para los autónomos que emiten facturas a empresas, lo que afectaba a sectores enteros como los transportistas de mercancías por carretera. Las negociaciones con las asociaciones representativas de autónomos consiguieron que Hacienda prorrogara los límites de módulos actuales y, en la actualidad, éstos siguen vigentes hasta el 31 de diciembre de este año. El cambio de Gobierno conlleva una incertidumbre respecto a este asunto aunque ATA y las organizaciones de transportistas autónomos seguirán insistiendo en la necesidad de buscar una solución a este problema

Lo mismo ocurre con el plazo de presentación del modelo 347 de declaración de operaciones con terceros cuando superen los 3.005 euros anuales y que tradicionalmente era en el mes de marzo. En 2016 se adelantó a febrero, con gran disgusto por parte de los trabajadores autónomos, que veían el principio de año muy cargado de obligaciones fiscales. Pero la gran contrariedad llegó cuando Hacienda quiso adelantar la presentación a enero, el mes más complicado para los autónomos. De nuevo, se sucedieron las conversaciones entre Hacienda y las asociaciones de autónomos y en 2018 se logró la prórroga. Para 2019 es una incógnita que la nueva ministra debe despejar.