Aumenta el número de autónomos que se plantean demandar al Gobierno por los cierres y la caída de facturación
Los autónomos de los sectores más afectados por los cierres decretados a raíz de la pandemia se están planeando presentar reclamaciones conjuntas contra el Gobierno por los daños ocasionados durante el tiempo en que no pudieron trabajar ni obtener ingresos. Según manifestaron a este medio digital, miles de negocios de diferentes actividades como la hostelería, peluquería, ocio nocturno o infantil ya están trabajando con diferentes bufetes de abogados para presentar demandas colectivas y recibir una indemnización que cubra la caída de ingresos sufrida durante este último año.
Concretamente, estos autónomos están preparando demandas coordinadas y conjuntas contra la Administración por "mala gestión" de la crisis sanitaria. Al parecer, las reclamaciones contra el Ejecutivo se sustentarían en este último concepto jurídico que está previsto en la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, de excepción y sitio. En su artículo 3, la norma establece el derecho de las personas -también las empresas- a recibir una indemnización por los perjuicios que hayan podido padecer a raíz de las restricciones.
Si bien el estado de alarma otorgó al Gobierno la potestad para poner en marcha medidas restrictivas que frenaran la curva de contagios por coronavirus, a juicio de los juristas y asociaciones sectoriales consultadas, estas limitaciones generaron perjuicios en las actividades económicas que deben ser resarcidos. Máxime cuando hubo "carencias tanto en la prevención de la pandemia, cuando ya la estaban sufriendo otros países de nuestro entorno, como en la propia contención de la crisis sanitaria cuando el virus ya tenía una alta incidencia", explicó Eva Manchón, socia del bufete de abogados Manchón López Martín, despacho que ha puesto a disposición del sector de peluquerías y centros de estética la posibilidad de una demanda colectiva para reclamar los perjuicios sufridos en sus negocios.
Al parecer estas demandas podrían ir dirigidas en dos niveles: por un lado al Gobierno central y, por otro, a los gobiernos autonómicos. El bufete Cremades y Calvo Sotelo es uno de los que ha iniciado acciones legales contra ejecutivos regionales. Sin ir más lejos, la semana pasada, este despacho a través de la plataforma solidaria ‘Afectados Coronavirus’ presentó una demanda contra la Generalitat de Cataluña por su responsabilidad patrimonial en la gestión de las residencias de mayores durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Esto, también se podría trasladar a los negocios.
Solicitan una indemnización por "daños patrimoniales"
El cierre de negocios decretado por las diferentes autoridades sanitarias provocó caídas en la facturación y pérdidas que, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) alcanzarían, de media, unos 20.000 euros anuales por cada trabajador por cuenta propia. Para los expertos, estas pérdidas no sólo eran evitables, sino que además son causa directa de la mala gestión del Gobierno, por lo que los negocios tendrían derecho a una indemnización por "daños patrimoniales".
Así, independientemente del sector del que provenga la reclamación, todos se sustentan en la misma premisa: pedir al Gobierno que les resarza por las pérdidas ocasionadas en 2020 a raíz de las restricciones y cierre de establecimientos que, consideran que "no tenían suficiente base científica".
El ocio nocturno lleva meses cerrado y reclamará una indemnización
De hecho, desde la asociación de ocio nocturno 'España de Noche', su presidente, Vicente Pizcueta explicó que, si bien "por la vía contencioso- administrativa la resolución de la Administración va a ser, evidentemente, negativa, se está viendo cómo diferentes tribunales de distintas regiones, como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, han dado la razón a los hosteleros y han obligado a levantar las medidas restrictivas en 85 municipios vascos, alegando que no hay datos científicos que sustenten la correlación entre el cierre de bares y restaurantes y la bajada de incidencia de contagios".
Precisamente, ésta sería la idea en la que se sustentarán también las reclamaciones para solicitar indemnizaciones al Gobierno por la mala gestión de la pandemia: "Fuimos los primeros que basamos nuestra reclamación en datos epidemiológicos y demostramos a través de informes que los bares, restaurantes y discotecas, con las medidas de prevención adecuadas, no son ni mucho menos los principales focos de contagio. Consideramos que se ha criminalizado al sector y se han impuesto medidas sin suficiente consistencia científica, y eso es lo que vamos a atacar. El Gobierno debe resarcir a los negocios por las deficiencias de su gestión", añadió el presidente de España de noche.
Según Pizcueta, miles de bares de ocio nocturno y discotecas de toda España, que llevan meses cerrados sin recibir ayudas directas del Gobierno central, ya están tramitando las reclamaciones patrimoniales de forma coordinada. La responsabilidad patrimonial es la exigencia por parte del ciudadano a la Administración competente para que resarza los daños patrimoniales ocasionados por acción u omisión de las administraciones públicas.
Y esto es lo que va a sustentar las demanda: "va a ser un tsunami que va a recorrer todas las comunidades autónomas y que creemos que puede prosperar. Se debe indemnizar a cada establecimiento con las perdidas y caída de ingresos, que serán estimadas por peritos, y que en algunos casos van a ascender a miles de euros por establecimiento". añadió el presidente de España de Noche.
Las peluquerías reclaman 150 millones de euros
Los establecimientos de peluquerías y los salones de estética también van a reclamar por los daños sufridos por la emergencia sanitaria ante los tribunales. En concreto, demandan a la Administración una indemnización de 150 millones de euros por no dejarles abrir durante la pandemia. Para ello, desde el Consejo Nacional de Empresas de Peluquería y Estética de España (CONEPE) han iniciado una campaña para movilizar al sector de la imagen personal y “activar una macro reclamación patrimonial a la Administración que permita defender los intereses económicos de los pequeños y medianos negocios de este sector”, detallan en un comunicado.
Según explican, el sector de la imagen personal es, tras el turismo y la cultura, una de las actividades más perjudicadas por la emergencia sanitaria, con una caída en la facturación de más del 40%. “En estos momentos, la situación por la que atraviesan las peluquerías es muy complicada. Estamos hablando de que, en 2020, el 20% de los 50.000 establecimientos que había en España tuvieron que verse en la obligación de cerrar, dejando a más de 120.000 peluqueros en la calle”, denunció Luis Herrera-Portugal, presidente de CONEPE.
Asimismo, el presidente de CONEPE se mostró muy desanimado con el futuro del sector. “Se avecinan nuevas restricciones por el aumento de los contagios y las peluquerías ya no pueden más”. Precisamente es la trágica situación que atraviesan estos negocios, con las limitaciones de horarios y la falta de apoyo administrativo, lo que animó a CONEPE a tomar acciones legales que esperan que terminen en una indemnización lo suficientemente importante para resarcir buena parte de las pérdidas de estos negocios.
Hostelería España habilita ventanillas para facilitar las demandas del sector
De igual forma, la hostelería ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia y ha sido "criminalizado de forma sistemática" en las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias. Precisamente, el sector se va a respaldar en esta “criminalización de la actividad” para justificar su demanda al Gobierno. “Ésta es nuestra forma de que se reconozca que se se ha producido un daño patrimonial en los negocios a causa de las decisiones del Estado. En muchos casos, ese daño es irreparable ya, pero en otros no y con esta indemnización se puede salvar del cierre a muchos negocios de la restauración”, dijo el secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería España (CEHE), Emilio Gallego.
Si bien Gallego reconoció que “las medidas restrictivas son necesarias para el control de la pandemia, no es menos cierto que el Ejecutivo debe admitir el perjuicio que ha ocasionado a los negocios y compensarles mediante algún tipo de indemnización por todas las restricciones que han soportado, muchas veces sin consistencia científica”.
Desde la confederación han establecido dos formas de tramitar las reclamaciones contra la Administración: una estatal y otra autonómica. Para ello, han habilitado ventanillas para que el hostelero pueda dirigirse a ellas y presentar su demanda de forma sencilla y sin demasiados trámites.
El Ocio Infantil se plantean demandar
Otra de las actividades que han sufrido la peor cara de la crisis económica derivada de las restricciones han sido los negocios del Ocio infantil. Juan Carlos Nieto, presidente de la Asociación de Centros de Ocio Infantil y Juvenil de la Comunidad de Madrid (ACOCAM) explicó que "los parques de ocio infantil han sido de las actividades que más han sufrido las limitaciones de las autoridades. Aunque en algunas comunidades han podido abrir, en otras no, como es el caso de Andalucía. Por ello, nos estamos planteando iniciar acciones legales".
De hecho, según reconoció Nieto, desde esta plataforma que representa a miles de negocios de ocio infantil ya se están reuniendo con diferentes despachos de abogados especializados en este tipo de causas, para informarse sobre cómo llevar a cabo dichas demandas colectivas. En este sentido, el presidente de ACOCAM comentó que se está realizado una encuesta sobre este asunto entre los profesionales y, aunque todavía no están los datos definitivos, el 65% de los encuestados se muestra a favor de iniciar acciones legales, siempre y cuando no suponga un coste demasiado alto; el 16% lo iniciaría sin importar el precio a pagar; y sólo un 18% está en contra de interponer una demanda contra el Gobierno.
