En opinión del Consejo General de Economistas

Bajar el Impuesto de Sociedades permitiría a los autónomos subir salarios

Según los expertos del Consejo General de Economistas el impuesto que tienen que pagar las empresas cuando tienen beneficios, tanto si sube como si baja, acaba trasladándose a los salarios. Si España quiere sueldos más altos, una buena fórmula sería bajar el Impuesto de Sociedades, afirman.

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Bajar el Impuesto de Sociedades permitiría a los autónomos subir salarios

Según el Programa de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno envió a Bruselas a finales del pasado mes de abril, la rebaja del Impuesto de Sociedades (IS) del 25% al 23% para las pymes -y que afectará a casi un millón de autónomos societarios- dejará de aportar a las arcas de Hacienda 260 millones de euros.

Esta cantidad podría compensarse vía recaudación por cotizaciones sociales. La razón, según la tesis de los economistas, es el impacto que tendrá la medida en los salarios. “Un 40% de la carga del Impuesto de Sociedades se desplaza los salarios”, explicó ayer Jorge Onrubia, investigador asociado en Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) durante la presentación del estudio Declaración de Sociedades 2018, elaborado por el  Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) integrado en el Consejo General de Economistas de España (CGE).  Onrubia concretó que “si bien en España no hay estudios al detalle”, se puede tomar como ejemplo el caso de Alemania, donde “en el caso de las pymes una parte muy importante, casi el 100% de Impuesto se traslada a una menor retribución”. En definitiva, a mayor rebaja del Impuesto de Sociedades más posibilidades tendrían los autónomos y las pequeñas empresas de subir los salarios a sus empleados.

A este respecto, el estudio apunta a que en España todavía hay margen de reducir el tipo del citado gravamen con el que han de contribuir todas las empresas que obtienen beneficios. De hecho, en la comparativa de ingresos por Impuesto de Sociedades sobre PIB (Producto Interior Bruto) con los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) relativa al año 2016 (últimos datos disponibles), España está por encima de varios de sus competidores, entre ellos Alemania, Estados Unidos y Francia. Igual situación se produce si se tiene en cuenta el porcentaje de ingresos del citado impuesto respecto al total de ingresos impositivos. En el caso español es del 6,77%, más de dos puntos por encima del francés (4,48%) y 1,5 del alemán (5,24%). Datos que, en palabras de Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, “vienen a desmitificar la leyenda urbana de que en España se recauda poco por Impuesto de Sociedades”.

Sólo una de cada tres empresas tiene beneficios

La recaudación del Impuesto de Sociedades “ha aumentado a buen ritmo en el último año”, ha explicado Luis del Amo, secretario general del REAF. Así entre 2017 y 2018 los ingresos se incrementaron un 7,32%, hasta los 24.838 millones de euros, la mayor cifra desde que se inició la recuperación. Esto sería un buen síntoma sobre la salud de las empresas españolas que, al generar mayores beneficios y salir de la situación de bases imponibles negativas, tienen la obligación de tributar por la tasa. Pese a ello, los economistas recordaron que sólo una de cada tres empresas declaran beneficios.

Asimismo, Del Amo recalcó que los niveles actuales de recaudación “están en valores normales” y son “coherentes” con la situación de las empresas que todavía “están absorbiendo la resaca de la crisis”. A este respecto descartó que se recuperen las cifras alcanzadas en los años de mayor bonanza económica. Por ejemplo, en 2007 se ingresaron 44.823 millones de euros, casi el doble que el pasado ejercicio.

Cabe destacar también que, si se corrige el efecto del SII (Suministro Inmediato de Información del IVA) los ingresos por sociedades crecerían a un ritmo tres puntos por encima de los procedentes del IVA. “Aunque la variación fue del 10,26% una vez corregido el incremento es de menos del 4%”, puntualizó el secretario general de los Asesores Fiscales.

La “modernidad” de las cartas de Hacienda a los autónomos

Durante la presentación de estudio, también salieron a colación las cartas que, por tercer año consecutivo, la Agencia Tributaria ha enviado a empresas y pequeños negocios con el objetivo de informarles acerca de posibles facturaciones irregulares. Es decir, por debajo de la media de su sector de actividad.

Los economistas coincidieron con la versión de Hacienda que considera na estas cartas como meros hechos de comunicación. En este punto, el presidente del Consejo General de Economistas, incluso conideró consideró que las cartas de Hacienda a los autónomos suponen “un acto de modernidad en el que hay que seguir avanzando”. Tras explicar que “sólo se han dirigido a sociedades” y no a autónomos personas físicas, Pich consideró que tendrán “poco impacto” a nivel recaudatorio. Y enfatizó, “no entendemos ciertos aspavientos”.

Hay que recordar que desde el colectivo de autónomos, el presidente de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos), se mostró a favor de las misivas porque “informan a los autónomos acerca de la situación de su sector de actividad”. Ahora bien, Amor criticó que las formas no eran las adecuadas porque “parece que se está coaccionando a los afectados y puede llevar a pensar que todos son unos defraudadores”.

En otro orden de cosas y en el apartado de novedades de cara a la presentación del impuesto, la que quizá más impacta en el colectivo de los autónomos societarios empleadores es la supresión de las deducciones por las contrataciones indefinidas bajo el marco del contrato de apoyo a emprendedores. Esta modalidad fue suprimida por el Real Decreto Ley 28/2018 aprobado por los socialistas en diciembre y en el que se incluye la subida del Salario Mínimo Interprofesional. En 2016, las empresas que no son grupos consolidados, o lo que es lo mismo, autónomos societarios y pymes, se dedujeron del Impuesto de Sociedades 193 millones de euros por contratación de desempleados con prestación de desempleo y 69 millones de euros por contratar a jóvenes menores de 30 años.