El Banco de España propone impulsar la Ley Segunda Oportunidad para ayudar a los negocios viables
El Banco de España propone una reforma de la Ley Concursal para garantizar una fehaciente segunda oportunidad a los autónomos endeudados. Así lo expresó el gobernador de la entidad, Pablo Hernández de Cos, el pasado martes durante una sesión del Círculo de Economía, “para mejorar la productividad de la economía española urgen cambios en la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de una cuestión básica para asegurar el futuro de las empresas que son viables, aunque estén endeudadas”.
En esta misma línea, desde la banca española abogan por agilizar también la liquidación de aquellos negocios que, a pesar de condonar sus deudas mediante este sistema, no pueden seguir desarrollando su actividad. “Es importante liquidar de forma eficaz los negocios que ven frustrada su viabilidad económica aun habiendo eliminado sus cuentas pendientes”, señaló el gobernador.
Según explicó, las posibilidades de inviabilidad de una empresa tras el concurso de acreedores “son muy altas”. Algo que dificulta el fin último de la propia Ley Concursal: dar una segunda oportunidad de emprendimiento o continuación de la actividad a aquellos que, debido a las deudas, han visto fracasar sus negocios. “Tenemos que facilitar una reestructuración de la deuda de manera eficiente”, apuntó Hernández de Cos.
Además, esta reforma tendría un valor añadido dado el contexto actual de la crisis del Covid-19. No es la primera vez que el Banco de España alerta al Gobierno de que se prevé un aumento de los procesos de insolvencia de personas físicas y empresas tras devastadoras consecuencias de la pandemia en nuestra economía, especialmente por deudas con la Administración. “La deuda pública de este año será muy superior a la de períodos anteriores de crisis".
Asegurar la continuidad de los negocios
La Ley de Segunda Oportunidad supone un aliciente para aquellos autónomos que han visto fracasar sus negocios a causa de las deudas y quieren, o bien volver a emprender o bien continuar con la misma actividad, pero sin lastres económicos. Sin embargo, no siempre acaba ofreciendo esa posibilidad a los trabajadores por cuenta propia.
Según Hernández de Cos, aun cuando una empresa presenta un concurso de acreedores y consigue librarse de sus deudas, sus probabilidades de viabilidad en el mercado laboral son demasiado escasas. Es por ello que el gobernador de la entidad propone modificar la Ley Concursal y establecer “procedimientos administrativos ágiles y simplificados, que mejoren la eficiencia de los procesos de reestructuración, insolvencia y alivio de la carga financiera”. El problema, en palabras del supervisor, es que los concursos de acreedores en España se utilizan poco por las empresas en general, y todavía menos por los autónomos y pequeños negocios -que son la mayoría-, ya que "suelen ser procedimientos largos, costosos y que casi siempre terminan en la liquidación de las empresas".
Algo que va en línea con la nueva Directiva Europea 2019/1023 sobre la Insolvencia, publicada el pasado junio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde Europa abogan por facilitar la remodelación de empresas con dificultades financieras, y evitar la insolvencia de empresas con atisbos de viabilidad. Ya que, tal y como alertó la UE, “el 90% de los concursos de acreedores acaba en liquidación”. Por otra parte, la rapidez en la resolución de estas situaciones resulta también esencial para minimizar la destrucción de tejido productivo.
¿Cuáles son los objetivos de la Directiva Europea?
- Establecer herramientas preventivas que alerten de la situación del deudor:
- Alertas sobre determinados impagos.
- Prestación de asesoramiento por organismos públicos y/o privados.
- Concesión de incentivos a terceros para que adviertan sobre cualquier evolución negativa del deudor.
- Establecer los marcos de reestructuración preventiva para deudores con dificultades cuando la insolvencia sea inminente. De esta forma, se garantiza la viabilidad del deudor.
- Establecer el nombramiento de administradores concursales en las reestructuraciones.
- Establecer la suspensión de ejecuciones singulares durante la negociación. La duración máxima no deberá superar los 4 meses.
- Establecer que la suspensión abarque toda clase de créditos y de acreedores.
- Velar por garantizar la no suspensión de contratos vigentes con el deudor.
- Garantizar los derechos individuales de los trabajadores. No pudiendo verse dichos derechos mermados por la reestructuración.
¿Qué debe contener el plan de reestructuración conforme a la nueva directiva?
- Identidad del deudor.
- Activos y pasivos del deudor, incluida una valoración de los mismos.
- Situación económica tanto del deudor como de los trabajadores.
- Partes afectadas por el plan de reestructuración.
- Condiciones del plan.
- Exposición de motivos de porque el plan de reestructuración ofrece una perspectiva razonable para evitar la insolvencia.
Cada vez hay más sentencias de condonación de deuda pública
Cada vez son más los autónomos insolventes o en situación de quiebra que, acudiendo a juicio, están consiguiendo exonerarse de sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Los jueces de lo Mercantil consideran que las deudas fiscales o en materia de cotizaciones no deben tener un privilegio especial en los procedimientos concursales de la Ley de Segunda Oportunidad, y sus deudas también deben quedar exentas para el trabajador por cuenta propia.
Recientemente se han conocido dos sentencias en el País Vasco, concretamente en los juzgados de Guipúzcoa y Álava, en las que la justicia se ha posicionado del lado de los trabajadores por cuenta propia y les ha exonerado de sus deudas públicas en el proceso concursal. El aumento de estas sentencias de condonación de deudas con la Administración, supone un atisbo de esperanza para todos aquellos autónomos que veían frustrados sus intentos de emprender una nuevo negocio o continuar con su actividad, debido a las deudas acarreadas con los organismos públicos.
Ya en noviembre, el Banco de España lanzó un mensaje a la Administración, recomendando permitir que algunos autónomos puedan librarse de las deudas con Hacienda y Seguridad Social, para facilitar su recuperación. Para tratar de hacer frente a la difícil situación económica de los negocios tras la pandemia, el organismo recomendó al Gobierno una serie de mejoras en la Ley Concursal, que calificó ya entonces de "poco eficiente" a la hora de liberar a los negocios de sus deudas o poner punto y final a la actividad.
En este sentido, la banca española señaló que el hecho de que sea tan complicado librarse de las deudas públicas "hace que el plan de pagos que sigue a la liquidación sea bastante exigente para el empresario". Por ello, según Hernández de Cos, sería recomendable poner en marcha un mecanismo con el que los acreedores públicos, especialmente Hacienda y la Seguridad Social, se involucren e incentiven las reestructuraciones de deuda, aceptando quitas incluso mayores que los acreedores privados en determinadas circunstancias.
Requisitos para la Ley de Segunda Oportunidad
Existen una serie de requisitos a tener en cuenta a la hora de saber si una persona puede o no, acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Éstos son:
- El interesado no puede tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, ni contra la salud pública.
- En caso de haber cobrado el paro en los últimos 4 años, el interesado no puede haber renunciado a ningún puesto de trabajo que le haya ofrecido el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).
- Tiene que contar con un mínimo de dos acreedores.
- Sus deudas no pueden exceder de los 5 millones.
- Que no haya entrado en esta Ley en los últimos 10 años. En Europa únicamente puedes acogerte a esta Ley cada 10 años.
