Según Cámara de España

La burocracia para contratar, principal traba de los negocios que quieren crecer

El 50% de los negocios de menos de 10 trabajadores tienen problemas para crecer. La burocracia en general, y concretamente a la hora de contratar trabajadores, son el principal obstáculo, según el Observatorio de Competitividad Empresarial de Cámara de España. A ello hay que sumar otros factores como los elevados costes laborales, la coyuntura económica o la falta de financiación.

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La burocracia para contratar, principal traba de los negocios que quieren crecer

Pasar de no tener empleados a contratar a un trabajador supone el “primer umbral relevante” para el crecimiento de los autónomos y los pequeños negocios. Así se destaca en el Observatorio de Competividad Empresarial elaborado por Cámara de España, que atribuye a “factores culturales y personales” el hecho de que en España haya 1,2 millones de empresas más sin trabajadores que las que tienen un trabajador. 

En concreto, y según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) de los 3,2 millones de sociedades el 99,9% son pequeñas y medianas, y de éstas, 1,8 millones no cuentan con empleados a su cargo. Otras 600.000 contarían con uno, cerca de 300.000 con dos y el resto con tres o más.

A lo cultural y personal se suma “la burocracia asociada a la contratación de trabajadores y las obligaciones propias que la normativa laboral vincula al tamaño, como por ejemplo la necesidad de constituir un comité de empresa”.

Por otra parte, se encuentran los elevados costes laborales que han de asumir los autónomos y empresas que deciden ampliar su plantilla. En cómputo total -incluyendo salario, cotizaciones sociales, complementos, etc.- cada trabajador cuesta de media 2.664,55 euros mensuales (datos de la última Encuesta trimestral de Coste Laboral del INE). De estos 618,9 se corresponden con las cotizaciones sociales que los autónomos empleadores y empresarios pagan por sus trabajadores y que se han convertido el lastre de mayor peso. Sorprende que las cotizaciones no sean el principal límite al crecimiento de las empresas. La razón es según opinan los analistas de Cámara que “si un autónomo o una pequeña empresa tiene que contratar para dar respuesta a la demanda lo hace independientemente del coste de las cotizaciones”.

A la lectura de lo anterior no resulta del todo extraño que un 14,3% de las empresas declaren que crecer no es un objetivo estratégico, porcentaje que se eleva hasta el 19,5% si se trata de las más pequeñas (de 1 a 9 empleados).

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Las microempresas las que peor lo tienen

Que el 47,3% de las empresas afirmen encontrar trabas en su proceso de crecimiento es un dato preocupante. Pero lo es más si vemos que el porcentaje aumenta en más de punto y medio (hasta el 48,9%) cuando se trata de los negocios que tienen de 1 a 9 empleados. Por el contrario, los gigantes de 250 empleados o más son las que más sencillo lo tienen, sólo un 34,2% declara haber tenido dificultades para crecer.

Los costes y las dificultades para contratar antes mencionados no son el único motivo que impiden que los autónomos y las microempresas adquieran tamaño. El 80% de las empresas, sea cual sea su dimensión, aseguran que la conyuntura económica es la principal razón para estancarse. En definitiva, factores como la incertidumbre política y económica que se está dando tanto en España como en los mercados internacionales o la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento de las economías que anunciaba la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) marcan las decisiones de inversión del tejido empresarial y, por tanto, su crecimiento.

De lejos, le siguen la burocracia y la falta de financiación (42% y 38% respectivamente). Ambas con carácter más pronunciado en los pequeños negocios que en los grandes. Asimismo, en el listado aparecen trabas que hace unos años apenas eran significativas. Hablamos de la falta de cualificación de los trabajadores o de los requisitos y trámites a los que se tienen que enfrentar quienes quieren contratar con la Adminsitración pública (ambos algo menos del 20%), que ocupan ya el mismo protagonismo que las diferencias regulatorias entre las distintas comunidades autónomas y provincias (cerca del 15%).

La conclusión de todo ello es que se hace necesario progresar en medidas que favorezcan el crecimiento empresarial, el cual pasa para el 55% de los autónomos y empresarios por una simplificación administrativa en todos los niveles y en el conjunto de los territorios. Algo que se debería completar con otras como los incentivos a la innovación o la internacionalización (43%), la mejora del acceso a la financiación (40%) o una verdadera garantía de la unidad de mercado (21%).

“Se hace imprescindible la disposición de un contexto regulatorio favorable, que disponga los incentivos adecuados para que las empresas no vean como una barrera traspasar ciertos umbrales de tamaño. La actual legislación administrativa, fiscal o laboral, pueden estar actuando como freno potencial para el incremento de la facturación o el aumento de plantilla de las empresas”, afirma Isabel Puig, presidenta  de la Comisión de Pymes de la Cámara de España.

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El diagnóstico de trabas de la Junta de Andalucía

El Observatorio de Cámara desmonta el mito de que España es el país con el tejido empresarial más pequeño de Europa. El porcentaje de negocios de entre 0 y 9 trabajadores es del 94,8% mientras que el de Francia e Italia es del 95,5% y 95,0% respectivamente. Siendo, además, la media de la Unión Europea del 93%. Bien es cierto que estamos muy lejos de Alemania donde el porcentaje es del 83,6%.

Puig comenta que “las empresas generan empleo y riqueza y su desarrollo es fundamental para consolidar la economía del bienestar. Y cuanto más grandes sean, mayor capacidad para contribuir al progreso vía productividad”. Es por ello por lo que “se hace indispensable identificar las causas que determinan el menor tamaño relativo de las compañías españolas respecto a las de países como Alemania o Reino Unido, para actuar sobre ellas”, añade.

Algo que ya se está llevando a cabo tanto desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que a principios de septiembre renovó el acuerdo que mantiene desde hace cinco años con ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) para identificar y reducir trabas administrativas, como desde algunos gobiernos regionales como la Junta de Andalucía.

Esta misma semana la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta presentó al Consejo de Gobierno el diagnóstico del análisis elaborado por un grupo de expertos cuyo objetivo es “reducir las trabas y barreras administrativas que entorpecen el crecimiento, la productividad y el empleo de la comunidad andaluza”. Un compromiso que adquirió el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que en varias ocasiones ha calificado de "gymkana administrativa" la maraña de normas y trámites a los que se tienen que enfrentar los autónomos, emprendedores y ciudadanos en España. De hecho, tal y como denunció la pasada semana Autónomos y Emprendedores, la burocracia impuesta por el anterior gobierno andaluz impidió a algunos agriculores y ganaderos cobrar las ayudas para la modernización de sus explotaciones.

Según informan desde la Junta, la auditoría se centró en normas con rango de Ley que introducen requisitos “innecesarios, desproporcionados e ineficaces” para los emprendedores, autónomos y pequeños empresarios andaluces. Las propuestas planteadas por los expertos afectan a sectores que van desde el comercio y el turismo, hasta la atracción de inversiones y el apoyo a la actividad productiva, pasando por industria, servicios, medio ambiente, medio rural, servicios profesionales,...

Este diagnóstico, que será sometido a evaluación por las distintas consejerías implicadas, es el primer paso para la formulación del Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía, con el que se pretende simplificar la burocrática para propiciar el emprendimiento y la atracción de inversiones a la región. Primero a nivel nacional.

El trabajo de los expertos se completará con el de otros dos equipos de trabajo, uno de carácter sectorial, en el que ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) cuenta con representación entre otros, y otro integrado por funcionarios de los diferentes departamentos del Gobierno autonómico.

Desde el Gobierno andaluz insisten en que “la evaluación de procedimientos y normas que se realiza actualmente no significa que se vayan a desregular o eliminar, sin más, el cumplimiento de determinados requisitos que sean necesarios y proporcionados”. Y apostillan que “se garantizarán los principios máximos de interés general definidos e interpretados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.