Tras la sentencia del Tribunal Supremo

Ciudadanos insta al Gobierno a introducir las ‘quitas’ en la Ley de Segunda Oportunidad

El partido que lidera Albert Rivera, Ciudadanos, ha presentado esta mañana en el Congreso de los Diputados una pregunta sobre si trasladará a Ley la exoneración parcial de las deudas de los autónomos con Hacienda y Seguridad Social.

albert rivera
Ciudadanos insta al Gobierno a introducir las ‘quitas’ en la Ley de Segunda Oportunidad

Ciudadanos insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que se pronuncie abiertamente sobre si tiene previsto reformar la Ley de Segunda Oportunidad en caso de que logre formar Gobierno la próxima semana.

Tras el fallo emitido por el Tribunal Supremo, el Grupo Parlamentario que lidera Albert Rivera ha registrado esta mañana una consulta en el Congreso de los Diputados acerca de si el Gobierno prevé “llevar a cabo algún tipo de medida legislativa para trasladar la jurisprudencia del Supremo a norma con rango de Ley”. La pregunta -para la que se solicita respuesta por escrito- viene a reclamar que, como mínimo, se incorporen a la norma aprobada en 2015 las quitas de hasta el 70% de las deudas que los autónomos en situación de insolvencia hayan contraído con Hacienda  y Seguridad Social y se permita pagar de forma fraccionada en un plazo de hasta cinco años, la cantidad que no se exonere de modo que se tenga en cuenta la capacidad económica real del autónomo.

“España necesita un verdadero mecanismo de segunda oportunidad para que nuestros emprendedores puedan volver a levantarse después de un revés empresarial”, ha afirmado Sergio del Campo, diputado de la formación naranja en el Congreso, en declaraciones a Autónomos y Emprendedores.  

Ineficiencia que viene denunciando, de siempre, el partido de Albert Rivera. En enero de 2018, Ciudadanos presentó una proposición de Ley de Segunda Oportunidad que recoge la modificación de algunos de los artículos con el objetivo de superar las “limitaciones” de la actual regulación. “Siempre hemos defendido que se deben de flexibilizar los requisitos para acceder al perdón judicial de las deudas a todos los deudores de buena fe y permitir que este perdón se extienda a las que se hayan contraído con Hacienda y la Seguridad Social”, ha asegurado Del Campo. Para el diputado, la sentencia  “pone en relieve algunas de las deficiencias de la Ley, sobre todo con los autónomos persona física, y da algunas pistas sobre por donde deben de ir las reformas legales en el futuro”.

Esta última afirmación viene a respaldar la denuncia que ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos) viene planteando a los distintos Gobiernos desde hace cuatro años. O lo que es lo mismo, desde que se puso en marcha la Ley, la Federación que preside Lorenzo Amor ha pedido que se revise y se modifique el texto normativo. A este respecto, Amor, ha afirmado en múltiples ocasiones que “no ha servido para nada. Ya que son las deudas con Hacienda y Seguridad Social las que verdaderamente ahogan a los autónomos y les impiden reemprender y tener una verdadera Segunda Oportunidad”.  

Inembargabilidad de los bienes de los autónomos

Además, de incorporar en los acuerdos las deudas con Hacienda y Seguridad Social -que toman como referencia la propuesta presentada por ATA en noviembre de 2017 ante la Subcomisión para la reforma del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos)-, los tres títulos de la propuesta de Ciudadanos recogen medidas que faciliten la reestruccturación y la condonación de las mismas, así como otras orientadas a simplificar la dación en pago y el alquiler social.

De forma más concreta, se impiden las ejecuciones -judiciales o extrajudiciales- y los embargos tanto de la vivienda como de los bienes o derechos que necesite el autónomo para ejercer su actividad hasta que se adopte un acuerdo extrajudicial de pagos o tenga lugar la declaración de concurso.

Los profesionales también podrán continuar trabajando, aunque deberán abstenerse de realizar cualquier acto de administración y disposición más allá de los ordinarios u propios de la actividad.

Por otra parte, el texto que aún espera ser debatido en el Congreso, determina reducir el porcentaje de acreedores que deberán apoyar el acuerdo para que se considere aprobado, equiparándolo al exigido para el convenio de acreedores.