La CNMC carga contra Fomento por impedir la transmisión de las licencias VTC
El impedimento de transmisión de licencias VTC para operar en el sector del transporte terrestre de viajeros durante dos años, proyectado por el Ministerio de Fomento, “supone una importante restricción a la capacidad de comerciar con las licencias, resultando en un incremento de los costes de salida del mercado para los nuevos entrantes, erigiéndose de facto en una barrera de acceso al mercado”, señala el organismo regulador.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho público un informe sobre el proyecto de Real Decreto de Fomento en el que se establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor. El organismo es duro a la hora de valorar dicho proyecto.
Incluso, el texto comienza explicando que emiten dicho informe por su cuenta “dada la trascendencia que se observa en el proyecto normativo”, pues Fomento no les ha solicitado nada.
Ventaja competitiva
La norma, incluida en el proyecto de Fomento de impedir la transmisión de licencias, recibe varias críticas en el informe. Para la CNMC, además de suponer “una importante restricción” y “una barrera de acceso al mercado”, es discriminatoria porque “únicamente se aplica a los nuevos entrantes, por lo que se les discrimina respecto a los incumbentes en este mercado, otorgándoles una clara ventaja competitiva”.
Por otra parte, el organismo de Competencia considera que la norma "no justifica de forma suficiente su fundamento”. Cree que no se aportan datos que sostengan argumentos como que se observa “un fuerte movimiento especulativo en el que tales autorizaciones se convierten en objeto de comercio tan pronto son expedidas por la Administración” o que se busca evitar que las licencias “sean solicitadas con el único y exclusivo objeto de comerciar con ellas y no de explotarlas, atendiendo a una demanda de transporte”. Y añade que, aunque fueran ciertas estas apreciaciones, “tampoco queda claro por qué habrían de justificar la imposición de una restricción al comercio”.
Destaca que “tampoco se explica en la norma el posible perjuicio para el interés público de la existencia de transacciones de licencias en un mercado secundario”. “Cabe a este respecto recordar que los movimientos especulativos son rasgos intrínsecos a los mercados y perfectamente lícitos en una economía de mercado”, por lo que el informe concluye que “esta Comisión considera necesario replantear dicha medida”.
Comunicación a las CCAA
La otra norma incluida en el proyecto de Fomento, la obligación de comunicación a las comunidades autónomas de cualquier servicio de forma previa al inicio del mismo, representa “una fuerte carga administrativa para los operadores, al exigirles comunicar cada uno de los servicios que presten. Por ello, comporta el riesgo de suponer una barrera a la competencia y a la movilidad geográfica de los operadores”.
Para la CNMC, la medida no parece justificada sobre los principios de necesidad y proporcionalidad. No ve los supuestos beneficios de la medida y cree que supondrá costes muy elevados para los prestadores de servicios.
