El Congreso da un paso más para sancionar a los morosos
En medio de la ola de calor, el Congreso ha dado un soplo de aire fresco a la economía real. De no ocurrir nada extraño, este miércoles la Cámara Baja dará luz verde a la toma en consideración de la Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad y las operaciones comerciales, que ha sido debatida en el Pleno y apoyada por la totalidad de los grupos parlamentarios. El texto, impulsado por Ciudadanos, tiene como objetivo desarrollar el reglamento sancionador de una Ley de Morosidad que lleva estancada más de un lustro.
“Defendemos la igualdad de oportunidades de todos los agentes del mercado”, ha explicado Toni Roldán, portavoz de economía de Ciudadanos en la Cámara Baja.
La morosidad se ha convertido en casusa mortis para miles de empreas y ha destruído más de medio millón de puestos de trabajo, lo que ha motivado que dicha proposición de ley cuente con el respaldo la mayoría de los grupos. Ahora bien, el trámite hasta que se convierta definitivamente en ley puede ser largo y no estará exento de peros, como por ejemplo el del Partido Popular, cuya portavoz, Susana López Ares, tras elogiar la labor del Gobierno del PP en materia de morosidad con medidas como el Plan de Pago a Proveedores, ha calificade de “absurda” la proposión y ha afirmado que “plantearemos cambios. Casi le diría una enmienda a la totalidad con texto alternativo”. Los populares consideran que “es una vuelta atrás en derechos adquiridos”.
Por parte del PSOE- que también ha apoyado la toma en consideración- Patricia Blanquer ha insistido el “alcance limitado de la proposición” y la existencia de muchas mejoras, al menos “en términos prácticos debiera ser así”. Asimismo, los socialistas se han emplazado al proceso de tramitación para la presentación de sus enmiendas, que tendrán en cuenta las distintas circunstancias en las que se produce la morosidad. También han pedido que se aproveche el Suministro Inmediato de Información de IVA para incorporar los plazo de pago de las facturas de las grandes empresas, convirtiendo a la Agencia Tributaria (AEAT) en el órgano inspector y sancionador. “Estoy segura de que puede ser factible en un futuro”, ha dicho Blanquer.
La portavoz de Podemos, Auxiliadora Honorato, ha felicitado a Ciudadanos: “No tenemos ninún problema en votar si a iniciativas que mejoran la vida de la gente”. No obstante, ha pedido que las sanciones se extiendan a las subcontrataciones y que sean las comunidades autónomas sobre quienes recaiga la responsabilidad sancionadora, sin que esto no signifique que se minimice su efecto.
Otra de las posibles mejoras que se ha escuchado en boca del portavoz de Esquerra Republicana, Andrés Capdevila, ha sido la del pago de oficio de los intereses de demora.
Sanciones ejemplares
La ley diferencia tres tipos de sanciones: leves, graves o muy graves con diferentes cuantías en función de si el grado es considerado mínimo, medio o máximo. Éstas oscilan entre los 60 y los 2.045 euros para las primeras; entre los 2.046 y los 40.985 euros, en el caso de las segundas; y desde los 40.986 hasta los 819.780 euros para las de máximo incumplimiento. Dichas sanciones, que prescribirán en un período de entre uno y cuatro años, podrán ser objeto de reducción por pronto pago o si, a su vez, son acreedoras de deudas por importe igual o superior a la contraída.
A este respecto, la portavoz del Grupo Popular ha sido muy dura: “Incentiva la morosidad, porque hace que salga gratis retrasar el pago de una factura de 80 a 120 días. Es desproporcionado y discriminatorio”. Asimismo, Ares ha criticado que en su elaboración han faltado voces como las de la patronal de los pequeños y medianos empresarios, CEPYME.
Otra de las medidas que se incorpora es la creación del Observatorio Estatal de la Morosidad, que dependerá del Ministerio de Hacienda y Función Pública y que deberá realizar informes sobre la morosidad, así como asesorar, evaluar y diseñar propuestas para luchar contra el incumplimiento de los plazos de pago en España. Éste estará compuesto por representantes del Estado, autonomías y entidades locales, así como organizaciones empresariales, de autónomos, Cámara de España y la PMcM. Estos organismos y entidades también participarán del Sistema Arbitral de Morosidad de carácter voluntario y gratuito que se prevé desarrollar. A este respecto, el portavoz de Esquerra Republicana, Andrés Capdevila, ha mostrado sus dudas y ha pedido que “se garantice la independencia del observatorio”.
El observatorio se acompañará de la puesta en marcha del Buzón de Lucha contra la Morosidad, que será anónimo y cuyos efectos se amplían al ámbito de la contratación pública.
A este respecto, otra de las limitaciones que establece es la relativa a la adjudicación de contratos con la Administración. Las empresas privadas deberán documentar que cumplen con los plazos de pago a proveedores establecidos por ley. En caso de que hayan cometido en reiteradas ocasiones infracciones calificadas como muy graves, no podrán contratar con el sector público.
Por su parte, el sector público también deberá pasar por debajo de la lupa y tanto la Intervención General del Estado como las autonomías y las corporaciones locales deberán informar trimestralmente a Hacienda de cómo y a cuánto tiempo están abonando sus facturas.
Tolerancia cero
El colectivo de autónomos ha aplaudido la esperada medida. Lorenzo Amor, presidente de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) afirmaba que “es el paso definitivo hacia una política de tolerancia cero y el legislador y las Administraciones deben tener esa misma tolerancia cero con la morosidad. Es imprescindible poner en marcha un régimen sancionador”.
Desde UPTA, su secretario general, Eduardo Abad, ha detallado que “ya era hora. Es indispensable para que quienes no cumplen los compromisos con sus proveedores que se establezcan sanciones y evitar que la morosidad se convierta en práctica habitual”. Asimismo, apostillaba que el texto “recoge filosofía de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que es la que se ha encargado de negociar y dar voz a varias organizaciones como UPTA”.
