Díaz advierte que el fraude con los ERTE podría tener "consecuencias penales"

Los negocios que hagan un uso fraudulento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) podrían enfrentarse a consecuencias más allá del plano administrativo. Estas prácticas, como recuperar a un trabajador sin comunicarlo al SEPE para seguir beneficiándose de las exoneraciones, "no sólo constituyen una sanción administrativa grave, sino que pueden tener responsabilidades penales", advirtió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista a La Voz de Galicia. 

Tras la prolongación de esta medida hasta septiembre -si bien podría volverse a alargar hasta final de año para algunas actividades especialmente afectadas-, todavía quedan más de 1,5 millones de empleados bajo el paraguas de los ERTE y cientos de miles de empresas que siguen exentas de pagar parte de las nóminas y cotizaciones sociales de sus trabajadores gracias a esta medida.

Según la ministra, la  "gran mayoría" de estos negocios "son honestos y hacen un uso adecuado de los bienes públicos". Sin embargo, Díaz reconoció que los inspectores también se han encontrado con "pequeños negocios que están trabajando ya, deciden mantener en el ERTE a sus empleados y los mandan a trabajar sin cumplir las obligaciones de darlos de alta y pagar cotizaciones y salarios". 

Esto, recordó la ministra, no sólo es una infracción grave que implica sanciones económicas, sino que también podría conllevar "responsabilidades penales" porque, cuando un empleador lleva a cabo este tipo de prácticas fraudulentas con los ERTEs, lo que está haciendo es "un mal uso de los recursos públicos. Se los quita a otra empresa y a trabajadores que sí los necesitan", añadió Díaz.

Penas de prisión de hasta seis años 

Efectivamente, tal y como apuntó la ministra, el fraude en la tramitación de un ERTE puede no quedarse sólo en una infracción laboral y pasar, incluso, al ámbito penal, conllevando penas de hasta seis años de cárcel.

El artículo 307 del Código Penal (CP) castiga a quien, por acción u omisión, "defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de esta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida".

Según recoge esta norma, cuando la cuantía que se ha defraudado supere los 50.000 euros, esta conducta podría ser castigada con una pena de prisión de entre uno y cinco años, y una multa equivalente a seis veces el dinero impagado o recibido indebidamente. 

En el caso de que la cantidad llegara a sobrepasar los 120.000 euros, la condena ya podría ser de los dos a los seis años de cárcel y la multa se elevaría al doble de la anterior. Es decir, podría ascender a una cantidad equivalente a 12 veces el dinero defraudado.

Además, en cualquiera de los dos casos, el empleador dejará de tener derecho a cualquier tipo de subvención pública, bonificación o incentivo, tanto fiscal como de la Seguridad Social.  

De los negocios inspeccionados, un 8% fueron sancionados

Tal y como adelantó este diario, la Inspección de Trabajo intensificó la detección de fraude en ERTEs con una campaña inspectora que incide en la protección y uso responsable de los recursos públicos.

La campaña, ya activada, además de actuaciones informativas con el envío a las empresas de comunicaciones relativas a las obligaciones vinculadas a los ERTE, contempla la intensificación de visitas de Inspección con el fin de detectar incumplimientos o prácticas irregulares, como el reinicio de la actividad sin comunicación previa al SEPE, que implica la reanudación del trabajo con personas trabajadoras cobrando la prestación por desempleo.

Según la última encuesta realizada por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, el 11% de las empresas que han presentado un ERTE han sido ya inspeccionadas o han recibido el aviso de una próxima visita. De todos estos negocios investigados, ya se instruyó expediente sancionador al 8%.

Precisamente, el motivo más común por el que se impuso sanción a los negocios inspeccionados con trabajadores en ERTE fue el mismo que apuntó la ministra Yolanda Díaz: haber recuperado a un trabajador sin comunicárselo al SEPE y, por tanto, continuar beneficiándose de unos beneficios que ya no le correspondían, ni al empleador ni al empleado.