Escrivá promete que el Cese de Actividad no acabará en junio de "forma abrupta"

La prestación por cese de actividad extraordinario no terminará de "forma abrupta" el próximo 30 de junio. Al menos no para aquellos autónomos que sigan experimentando "fuertes caídas en sus ingresos". Es lo que aseguró el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en su última comparecencia ante la Comisión de Trabajo del Senado. 

Poco a poco, parece que el Gobierno va tomando nota del clamor de los autónomos, como taxistas, agentes comerciales, comerciantes u hosteleros, que solicitan que la prestación dure más allá del 30 de junio porque, para entonces, todavía habrá trabajadores por cuenta propia de sectores especialmente afectados por la crisis que no se habrán recuperado.

Como ya adelantó el propio ministro en anteriores comparecencias, el Gobierno está trabajando en un esquema para prolongar la prestación por cese de actividad extraordinario más allá de junio para aquellos autónomos de sectores muy perjudicados por la crisis y para los que se prevé una lenta recuperación.

Esta vez, el ministro aseguró además que este modelo que está negociando el Ejecutivo con los agentes sociales estará dotado, "a partir de julio, con un mecanismo similar al de los ERTEs, para 'fasear' la convergencia en una situación de normalidad, pero que no sea en ningún caso abrupta".

De las palabras del ministro se desprende que, por un lado, habrá prestación más allá de junio y que ésta se irá modulando por fases, conforme la actividad de los autónomos más afectados vaya volviendo a su normal funcionamiento.

Lo que todavía no se sabe es si, como se está negociando con los ERTEs, la prestación extraordinaria se alargará automáticamente para aquellos autónomos que ya estaban acogidos a ella o si, por el contrario, se volverá a hacer una nueva revisión de los casos para ver a qué trabajadores por cuenta propia les correspondería continuar acogidos a la prestación. 

También queda aún por ver si esta prórroga contará con las mismas exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social que había hasta ahora; si se eliminará esta exención; o si -como cada vez parece más probable- se alcanzará un acuerdo para que sea la Tesorería la que se encargue de pagar la mitad de la cuota del autónomo y la otra mitad la pague el propio trabajador por cuenta propia.

Precisamente esta cuestión es la que más tensiones está generando en la negociación que se está llevando a cabo con los ERTEs por causa de fuerza mayor. Las organizaciones empresariales piden que estos expedientes sigan contando con las exoneraciones en las cotizaciones sociales que son, prácticamente, la única ventaja que los diferencia de los ERTEs por causas organizativas, técnicas, económicas o de producción. Sin embargo, de momento, el Ministerio de Trabajo no ha asegurado que este incentivo vaya a poder continuar tal y como estaba hasta ahora. 

Prórroga para autónomos con "fuertes caídas de ingresos"

Lo que sí es seguro, según se puede deducir de las palabras del ministro, es que el nuevo diseño de la prestación extraordinaria que se pondrá en marcha desde el mes de julio irá especialmente dirigido a aquellos autónomos que sigan soportando grandes descensos en su facturación.

Según Escrivá, se está trabajando en un modelo de prolongación por fases  "y que continúe protegiendo a aquellos autónomos que sigan teniendo una caída muy fuerte de sus ingresos". Cosa que, para el ministro, "va a seguir ocurriendo. Afortunadamente ya hay muchos menos autónomos en esta situación -con grandes caídas de ingresos- pero, en algunos sectores, va a seguir siendo así durante los próximos meses". 

Con estas palabras, Escrivá dejó entrever de algún modo que el Gobierno ha tenido también en cuenta y está trabajando en una de las peticiones más importantes que le trasladaron las organizaciones de autónomos. Éstas instaron al Ejecutivo a plantearse la prórroga de forma diferente: teniendo en cuenta la caída de ingresos de cada actividad y no tanto los sectores en sí, para que no se caiga en los errores que se produjeron con los CNAES elegidos para establecer cuáles eran o no las actividades esenciales en el Estado de Alarma. 

Precisamente, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, en el plan que trasladó al Parlamento durante su comparecencia en la comisión de Reconstrucción incidió mucho sobre esta cuestión y puso algunos ejemplos sobre la complejidad de establecer la prestación por sectores y no por caída de ingresos. 

Así, citó el caso de muchas lavanderías que, según su CNAE, eran actividades esenciales pero se vieron obligadas a parar su actividad porque sus clientes eran hoteles (que estaban cerrados) y tampoco pudieron acceder a la prestación por cese de actividad. O las floristerías que están en el mismo CNAE que las tiendas de alimentación para mascotas. No accedieron tampoco a la prestación porque "eran esenciales" aunque se vieran obligadas a cerrar porque no vendían comida para animales sino sólo flores. 

Esquema de ATA para la prolongación 

La Federación lleva semanas solicitando al Ejecutivo que se alargue la prestación más allá del 30 de junio para todos aquellos autónomos que, por su sector, la zona en la que desarrollan su actividad, o sus circunstancias particulares, todavía tardarán en recuperarse de la crisis. En el esquema de ATA se contemplan las diferentes etapas que, a su parecer, deberían establecerse para la nueva prórroga.

Más allá de junio, la federación propone una primera ampliación hasta el 30 de septiembre que podría solicitarse desde el 1 de junio. Se acogerían todos aquellos autónomos cuya actividad estuviera afectada por cualquier tipo de restricción sanitaria, o que haya puesto en marcha cualquier administración. O bien para todos aquellos autónomos beneficiarios de la prestación cuya actividad pierda importantes ingresos en el tercer y cuarto trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior.

 También habría un segundo grupo de beneficiarios que podrían solicitar la prestación. Son todos aquellos autónomos que no se han acogido previamente a la prestación extraordinaria. A éstos se les exigirá haber estado dados de alta antes de 1 de julio o acreditar haber cotizado al menos durante 90 días entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2019. Además, deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos:

• Que su actividad esté afectada por las restricciones sanitarias.
• Que sus ingresos se hayan visto reducidos en, al menos, un 75% en el segundo trimestre con respecto mismo periodo de 2019.
• Que se mantengan dados de alta en el RETA durante el cobro de la nueva prestación.

Habría un segundo periodo, que ATA propone que sea hasta el próximo 31 de diciembre, en el que se prolongaría automáticamente la prestación extraordinaria a todos los autónomos que ya fueran beneficiarios de la anterior etapa, siempre y cuando persistiera el hecho que motivó su concesión.

El 45% de los autónomos cobran la prestación 

En la comparecencia ante la Comisión de Trabajo en el Senado, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones valoró como positivo el alcance que se ha logrado con la prestación por Cese de Actividad extraordinario. "Hemos protegido las rentas y hemos exonerado las cotizaciones a la seguridad social con una prestación novedosa, que ha llegado al 45% de todos los autónomos en España", dijo Escrivá. 

Además recordó que, de "todas las solicitudes de prestación que hemos recibido, se han concedido el 95%". A esta prestación pudieron acceder los autónomos que se vieron obligados a cerrar su negocio por el decreto de Estado de Alarma o aquellos " que hubieran visto caer sus ingresos en, al menos, un 75% respecto a una referencia temporal que hemos flexibilizado para tener en cuenta también a los que tienen unos ingresos particularmente irregulares o estacionales", añadió el ministro.

En cuanto a los ERTEs, Escrivá quiso también poner en valor los incentivos positivos que se han puesto en marcha para los empresarios que reincorporen a la actividad a los empleados que tienen acogidos a estos expedientes. De los alrededor de "3,38 millones de trabajadores protegidos por ERTE, ya se han reincorporado a su empleo 1,2 millones", aseguró el ministro. Por lo que "que quedan prácticamente 2.2 millones con su empleo suspendido. Este modelo es un mecanismo en el que tenemos que perseverar", añadió.