El Gobierno quiere resolver la situación antes de junio

Los gestores dicen que aún hay 900.000 trabajadores que no han cobrado el ERTE

Los gestores administrativos aseguran en un informe que todavía hay 900.000 trabajadores que no han cobrado el ERTE. El Gobierno dijo que eran 300.000 y se comprometió a resolver la situación antes de junio. 

erte-negocio-autonomos
Los gestores dicen que aún hay 900.000 trabajadores que no han cobrado el ERTE

Cerca de un millón de personas estaría pendiente aún de cobrar el ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo). Ésta es la principal conclusión de un informe elaborado por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos. Aseguran que 900.000 los trabajadores afectados por uno de estos Expedientes que a 14 de mayo aún no han cobrado su derecho a paro.

Se trata de una situación de impago de la prestación que pone en un gran aprieto económico a cientos de familias que depende de ella para subsistir. En este sentido el presidente del Consejo General, Fernando Santiago, apuntó que “hay muchox que llevan desde el mes de marzo sin ingresas ni un sólo euro”.

La cifra, como dice Santiago “demoledora”, de los 900.000 trabajadores pendientes de cobrar un ERTE, no es el único dato que destaca de la encuesta realizada por el Consejo. Así pues, los Gestores Administrativos prevé que “en los próximos meses se verán en el paro más de 1.500.000 de trabajadores por el cierre de más de 240.000 pymes a consecuencia de la crisis del coronavirus” detalló su presidente.

Se trata de unas cifras que coinciden con las aportadas por el nuevo Barómetro de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) este jueves y que expone, por un lado, que más del 70% de los trabajadores autónomos que hicieron ERTE no saben si podrán mantener el empleo durante los seis meses obligatorios; y, por otro, que en torno a 300.000 autónomo prevén terminar con su actividad antes de que acabe el año.

12.000 negocios no han podido acceder al ERTE

La solicitud de un ERTE es una medida que podía solicitar tanto un trabajador autónomo con dos personas a su cargo, como una gran compañía de cientos de empleados. Una ayuda del Estado por la crisis del COVID-19 a la que se han acogido 135.000 empresas, según reflejan datos del informe de Gestores.

En el estudio del Consejo también se detalla que el 67% de los ERTEs presentados por un gestor administrativo (muchos de ellos son trabajadores por cuenta propia) han sido contestados y que sólo un 2% ha sido denegado. Un porcentaje que si bien puede parecer bajo, engloba a unos 12.000 negocios y a 86.000 empleados que se han quedado fuera de la prestación.

Asimismo, el estudio refleja que la media de trabajadores incluidos en los ERTE tramitados por los gestores administrativos es de 5,4 empleados por Expediente, frente al 6,4 de media obtenida de la totalidad de los ERTE presentados en toda España. El presidente del Consejo explicó que la diferencia es menor en su estudio “porque nuestros clientes son pyme y en los datos globales se incluyen grandes empresas, lo que distorsiona la comparación”.

Fernando Santiago también denunció “la falta de claridad en cuanto a los datos oficiales reales de ERTE presentados, trabajadores afectados, denegaciones, pago de subsidios y demás; y esta opacidad afecta por igual a casi todas las administraciones”.

El Gobierno se compromete a pagar en el mes de mayo

La resolución pronta de los pagos de los ERTEs fue el compromiso que adquirió la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante su intervención telemática el pasado viernes 15 de mayo, en el Foro de Nueva Economía, junto con el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder. Díaz quiso poner fin a los rumores sobre que el cobro de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) podría alargarse hasta finales de junio. 

Según explicó cuando se simplificó la tramitación de los ERTEs, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) habría reconocido y pagado en 33 días a 3,3 millones de personas, que estarían cobrando ya la prestación por desempleo. A ellas, se les uniría las 2,1 millones que cobran el paro sin estar incluídas en ningún expediente. En total, el SEPE habría pagado el paro a 5,1 millones de personas.

La titular de Trabajo dijo que "gracias al acuerdo" con las entidades financieras les "constaba que ya se estaba pagando diariamente -la prestación-. Por tanto, en estos días este tema estará resuelto". Asimismo, aseguró que de los 300.000 expedientes que quedaban por resolver a final de abril, a 15 de mayo, sólo quedarían 46.000. 

Un factor más de inestabilidad: la promesa de reforma laboral

En este contexto de incertidumbre, dónde cientos de miles de trabajadores están a la espera de cobrar la prestación por ERTEs y dónde miles de autónomos no saben si van a poder continuar con su actividad (según el barómetro de ATA, el 40,5% de los profesionales por cuenta propia duda si podrá seguir abierto una vez que finalice la alerta sanitaria) se une un factor más de inestabilidad: el anuncio que hizo este jueves el Gobierno de derogar la reforma laboral que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Así, lo cree el presidente de la Federación ATA, Lorenzo Amor, que, en la rueda de prensa posterior a la presentación del Barómetro, expresó su descontento con el acuerdo al que llegó ayer el Gobierno con Bildu en el marco de la votación para prorrogar el Estado de Alarma para derogar la reforma laboral. Según Amor se está generando un estado de “incertidumbre y desconcierto en el tejido empresarial que alarma a los inversores, empresarios y trabajadores”.  Aseguró que "estamos alarmados dentro del Estado de Alarma".

Además criticó que de llevarse a cabo finalmente la promesa de derogación, se estaría yendo en contra de “las recomendaciones de la Comisión Europea, que dice que en estos momentos lo fundamental es generar estabilidad, certidumbre y facilitar la flexibilidad en el marco laboral, para poder mantener empleo y empresa”. Por último, Amor aseguró que es “una irresponsabilidad absoluta hacer esto sin contar con el diálogo social, es decir sin empresarios, ni sindicatos”.