El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2019, presentado ayer en el Congreso y cuya primera votación está prevista para el próximo 13 de febrero, calculan que la extensión de la cotización a todos los autónomos para que estén cubiertos por una situación de cese de actividad reportará a las arcas de la Seguridad Social 322 millones de euros, una cantidad que el mismo texto de los presupuestos reconoce ser sensiblemente superior a la de años anteriores. De ellos, 105 (el 32%) se destinarán a abonar prestaciones de los que tengan que cerrar su negocio, a las enfermedades profesionales y también a la bonificación de las cuotas de aquellos que se encuentren en situación de incapacidad temporal más de 61 días.

Así se detalla en la página 293 del tradicional libro amarillo. Ahora bien, lo que no aclara ni el citado libro ni tampoco el departamento que dirige la ministra de Hacienda María Jesús Montero es la cantidad que se va a destinar a cubrir cada una de las contingencias. “Es complejo saberlo ya que no hay un referente previo”, ha afirmado María José Gualda, secretaria de Estado de Presupuestos, en respuesta a una pregunta formulada por Autónomos y Emprendedores durante la rueda de prensa de presentación del proyecto de PGE. Es decir, desde el Gobierno no disponen de estimaciones acerca autónomos se verán abocados a cerrar su negocio de forma involuntaria, ni de los que permanecerán más de 60 días en situación de baja por enfermedad y a los que se les bonificará su cuota.

Lo que sí detallan las cuentas es la cantidad que se destinará dentro del programa de cese de actividad a impulsar medidas de formación, orientación y promoción de la actividad emprendedora. Llama la atención que la partida cae un 10,8%, desde los 15 millones de euros que se recogían en las cuentas del pasado ejercicio hasta los 14 millones previstos para éste.

La prestación más rentable

Desde que se estableció, en 2008, el cese de actividad o paro de los autónomos ha sido quizá la prestación más rentable para el sistema de Seguridad Social. De hecho apenas se destina un 11% de lo recaudado a abonar prestaciones por esta causa. Algo que se justifica en gran medida por los excesivos requisitos de acceso a la misma. Los últimos datos aportados por Seguridad Social hacen referencia a que casi seis de cada diez solicitudes que se presentan en las Mutuas colaboradoras (entidades gestoras de ocho de cada diez prestaciones) son denegadas. A este respecto, las cuentas elaboradas por el Ejecutivo socialista no detallan si se procederá a flexibilizar las condiciones tal y como ya avanzó la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio el mes de septiembre del pasado año durante un desayuno informativo.

Según las previsiones del Gobierno, la cantidad que se prevé ingresar en concepto de cotización por cese de actividad de los autónomos es un 141,7% superior a la del pasado ejercicio, cuando las estimaciones de su antecesor, Cristóbal Montoro, fijaban en 133 millones de euros lo recaudado por las aportaciones -entonces voluntarias- del colectivo para cubrir esta contingencia. En cuanto al importe que se destinará a pagar el paro de los autónomos se incrementa un 402,6%, algo lógico si tenemos en cuenta que todos los autónomos están cubiertos a partir de ahora por esta contingencia.

En cuanto a la incapacidad temporal, cabe destacar que tal y como extrae un estudio de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos), sólo un minúsculo porcentaje de autónomos se dan de baja por enfermedad cada mes (0,96%). Sin embargo, cuando los autónomos piden una baja suele ser por una enfermedad grave y su duración mayor que la de los asalariados. De ahí que las organizaciones de autónomos solicitarán la bonificación de la cuota a la Seguridad Social que debe pagar el autónomo cuando la baja excede de los 61 días.

Incremento de la recaudación

El pasado 28 de diciembre se daba luz verde al Real Decreto en el que se aprobaba la subida del 1,25% de las base mínimas de cotización de los autónomos así como el incremento del tipo al 30% para todos los trabajadores por cuenta propia. Con ello, el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) ingresará un 0,59% más que en el 2018. Las cifras previstas por el Ejecutivo socialista apuntan que las cotizaciones del colectivo de trabajadores por cuenta propia ascenderán a 11.508 millones de euros durante el ejercicio de 2019, 67 millones de euros más que el que le precede (11.441 millones de euros).  

Los presupuestos aumentan a su vez levemente la partida correspondiente al complemento a mínimos, cuantía que aporta el Estado a los pensionistas cuya nómina no alcanza la prestación más baja establecida por ley-. El incremento será de un 0,1%, situándose lo presupuestado en 7.337 millones de euros (ocho más que el pasado año).

Diésel bonificado para todo el transporte

La subida del 3,8 céntimos por litro de diésel que se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado no afectará al sector del transporte. María Jesús Montero, titular de Hacienda, fue tajante durante la rueda de prensa en la que se presentaron las cuentas para este año "no se aplicará los transportistas para que no se encarezca su volumen de negocio". E insistió, el gasóleo profesional bonificado se aplicará a "todo" el transporte. Esto da lugar a pensar que la actuales limitaciones por tonelaje de vehículo podrían desaparecer en un corto espacio de tiempo. 

Lo que queda en el aire y largo se fía es la extensión de las bonificaciones del diésel profesional para aquellos autónomos que necesitan su vehículo para desarrollar su actividad como agentes comerciales, visitadores médicos... En palabras de Montero "se ha puesto en marcha una línea de trabajo para ver si es posible y cómo discriminar a este tipo de profesionales". No obstante, ha reconocido que "es algo difícil de controlar".

De los 13.580 millones de euros que el Gobierno pretende recaudar por los impuestos que gravan los hidrocarburos (21,3% más que lo proyectado para 2018), 670 procederán de la subida del gasoil. En cuanto al destino de estos ingresos, según ha detallado la ministra se destinará a actuaciones que fomenten la movilidad sostenible así como a ayudas tanto para el sector de la automoción como para los conductores que adquieran vehículos eléctricos.