El Gobierno dirigirá las ayudas de la PAC a los agricultores que más lo necesiten
El Gobierno ya tiene la hoja de ruta para abordar los problemas que sufre el sector primario. Por un lado, destinará las ayudas de que vienen de Bruselas a los agricultores con menos ingresos. Por otro, regulará otras cuestiones vitales que llevan años reclamando las organizaciones del sector: los precios y la competencia desleal.
Las movilizaciones del campo ocuparon gran parte del Consejo de Ministros celebrado este martes. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tuvo que comparecer para abordar la difícil situación en la que se encuentra el sector primario y, por ende, los miles de autónomos de la agricultura y la ganadería. Planas presentó en el Consejo un informe que será la hoja de ruta del actual Gobierno de Coalición, para abordar los principales problemas del campo. Un objetivo que, como expresó en varias ocasiones, no será “sencillo”, ni se realizará de “la noche a la mañana”.
Así, uno de los puntos en los que está trabajando el Ejecutivo es en la reforma de la PAC (Política Agraria Común), desde el punto de vista regulatorio y presupuestario. Según explicó el ministro Planas, se está articulando un Plan Estratégico Nacional, con las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales de agricultores, para que las ayudas de la PAC se destinen “por comunidades, por sectores, y, por primera vez en 40 años, por márgenes productivos”.
Esto quiere decir que la PAC se centrará “a los agricultores y ganaderos que la necesiten, con unos rendimientos a niveles límite o por debajo de la rentabilidad. Y no para aquellos que estén obteniendo rendimientos de mercado” afirmó Planas.
En cuanto, a la reforma presupuestaria de la PAC, el ministro aclaró que su dotación era un punto innegociable en Europa: “el próximo 20 de febrero el Consejo Europeo se reunirá, y el presidente del Gobierno -Pedro Sánchez- ha dicho en varias ocasiones que para España la dotación de la PAC es una línea roja dentro de la discusión del presupuesto comunitario”.
Otra de las intenciones del Gobierno es frenar la competencia desleal que están viviendo los agricultores en el mercado, ya que sus productos tienen que cumplir con una serie de obligaciones que encarecen el precio final, frente a los que se importan de otros países y que no cumplen las mismas exigencias. “Los estándares europeos son los más altos del mundo desde el punto de vista de seguridad alimentaria, de utilización de productos fitosanitarios y de respeto al medio ambiente” explicó Planas.
Razón por la que, desde el Gobierno, van a exigir a la Comisión Europea, dónde se está negociando actualmente el Gran Pacto Verde y que recoge también el uso de productos fitosanitarios o cuidado del medio ambiente, que se modifique la norma comunitaria “para que lo mismo que nos aplicamos a nosotros mismos, se aplique a quienes exportan a la Unión Europea. Y que no exista una competencia desleal”.
Conseguir unos precios justos para los agricultores
Aparte de estas medidas, el ministro de Agricultura, que se reunió este lunes de urgencia con las principales organizaciones de agricultores y ganaderos -que son las que están organizando las movilizaciones-, anunció otras iniciativas dirigidas al sector agrario. Éstas van dirigidas, principalmente, a conseguir unos precios justos en el mercado.
Según Planas, la "volatilidad de los precios" se debe a dos motivos. El primero es la climatología. Según denunció la Unión de Pequeños Agricultores en su balance del 2019, el año pasado el tiempo no dio tregua al campo con sequías y lluvias muy intensas. Este año, el clima ha vuelto a ponérselo difícil a los agricultores, con la Borrasca Gloria que ha causado estragos en el campo y pérdidas que todavía están por determinar.
Para contrarrestar esta situación, el Ejecutivo propone incrementar la dotación de los seguros agrarios en los próximos Presupuestos Generales del Estado. “Es la única forma de hacer frente a la climatología” sostuvo Planas.
El segundo factor que hace inestables los precios es el propio funcionamiento del mercado. En este apartado el Gobierno no puede fijar los precios de compra. Lo que sí puede hacer y propone es modificar la actual Ley de Cadena Alimentaria de 2013, en cuatro puntos, para conseguir unos precios más justos:
- Que se definan y establezcan con más precisión las prácticas comerciales prohibidas.
- La regulación de la destrucción del valor de los productos agrarios a lo largo de la cada. Es decir, las ventas a pérdidas.
- Que sea obligatorio incluir el coste de producción como factor de referencia para establecer el precio de los contratos agrarios.
- Publicitar las sanciones impuestas a las empresas que hayan incumplido los acuerdos con los agricultores.
Se reunirá con las grandes distribuidoras
El ministro de Agricultura incidió en que los problemas del campo dependen de todas las partes involucradas. Es decir, pasan por los productores, la industria, las cadenas de distribución y ciudadanos. “Hemos iniciado un diálogo con las grandes empresas de la distribución en España. Éstas tienen que contribuir a que se valore en todos los sentidos al campo” aseguró Planas. Y eso pasa por acabar con la venta a pérdidas.
También se ha convocado una reunión con el Observatorio de la Cadena Alimentaria para estudiar el mercado del aceite de oliva y de las hortalizas que son, desde su punto de vista, “los dos sectores más sensibles”.
Por último, el ministro de agricultura hizo hincapié en que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aprobado este mismo martes, al contrario de lo que se ha dicho, “no ha sido un elemento determinante de las movilizaciones”.
