Aprobado el Plan Director por el Trabajo Digno

El Gobierno endurecerá las sanciones a quienes abusen del contrato temporal

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Plan Director por el Trabajo Digno  2018-2020 con el que se pretende  acabar con la precariedad laboral  y evitar el fraude a la Seguridad Social. Uno de los focos se centra en el abuso de las contrataciones por tiempo determinado y por jornadas inferiores a ocho horas. Trabajo reforzará las multas a quienes recurran a estas modalidades de forma “abusiva”. Por otro lado el Plan actuará contra los falsos autónomos que Trabajo cifra en 155.000 aproximadamente.

Consejo Ministros
Imagen del la rueda de prensa tras el Consejo Ministros.
El Gobierno endurecerá las sanciones a quienes abusen del contrato temporal

Trabajos dignos, de calidad y decentes. Este es el objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez toda vez que el crecimiento del 2,82% del empleo (530.800 personas) y los 19.344.100 ocupados que registra la EPA (Encuesta de Población Activa) del segundo trimestre de 2018, constatan la recuperación del mercado laboral.

Conseguirlo pasa por “acabar con el uso abusivo y fraudulento” tanto de la contratación temporal como de la parcial, endureciendo las sanciones a las empresas que abusen de estas figuras. Precisamente estas son dos de las líneas maestras que se recogen en el Plan Director por el Trabajo Digno 2018–2020, al que hoy ha dado luz verde el Ejecutivo de Sánchez y que se pondrá en marcha de forma “inmediata” a través de dos Planes de Choque, sobre todo en el sector servicios, que se desarrollarán entre los meses de agosto y diciembre. Ambas se someterán a evaluaciones cada seis meses a partir de enero. Así lo ha explicado la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “No vale con cualquier empleo”, ha insistido.

Pese a que según la EPA el número de contratos temporales e indefinidos se van equiparando (233.700  y 231.400 respectivamente), la temporalidad continúa siendo un mal endémico en España. Los datos de Paro y afiliación del mes de junio así lo demuestran. Aunque en comparación con el año pasado se percibe una leve mejora del 3,13%, en los seis primeros meses del año se han firmado 9.406.769 contratos temporales frente al 1.123.409 de indefinidos.  Esto es el 89% del total (10.530.178).

Preocupa también que más del 68% sean por periodos inferiores a un mes y que, de estas, cerca del 26% se formalicen por una semana o menos. De hecho, la duración media se fija en apenas 52 días.

En el tiempo parcial, también ha se ha producido una leve contracción y un aunque estamos por debajo de la media europea, lo cierto es que esta modalidad la tasa esta en torno al 54%.

“Tolerancia cero”

A partir de la próxima semana la Inspección de Trabajo “practicará tolerancia cero ante las situaciones de abuso y fraude legal en la contratación temporal”. Para ello se emplearán las sanciones y medidas coercitivas que recoge la Ley y se forzará a la conversión de contratos temporales en indefinidos en los casos que sea procedente. Además, Trabajo procederá a la revisión del régimen sancionador. “Es necesario reforzar las sanciones asociadas a la contratación temporal abusiva, no tanto con un carácter punitivo, sino con la finalidad de garantizar su carácter coercitivo y disuasorio", asevera el preámbulo del plan aprobado.

Estas inspecciones, que se desarrollarán con mayor intensidad en las grandes empresas del sector servicios, se completarán con otras actuaciones como mejorar el control de los contratos para la formación y aprendizaje y los contratos en prácticas, llevar a cabo una actuación específica para erradicar la fraudulenta contratación temporal de profesores en ciclos coincidentes con el curso escolar  y asistir técnicamente a las empresas y trabajadores durante las actuaciones inspectoras.

En relación al tiempo parcial, la ministra ha destacado la necesidad de erradicar el fraude que se está produciendo por parte de algunos empresarios, especialmente en sectores como comercio, hostelería, telemarketing, empresas de seguridad, sanitario y de servicios sociales, transporte y distribución de paquetería, donde “se contrata por menos horas de las que realmente se están realizando”.  A este respecto el plan director detalla que se crearán campañas específicas que incentiven al “cumplimiento voluntario”. En estas se advertirá de la imposición de “medidas sancionadoras  de todo tipo” en caso de continuar con este tipo de comportamientos así como de sus implicaciones en la seguridad de los trabajadores.

Falsos autónomos y cooperativas

Además de las anteriores, entre las 75 medidas del Plan que tiene como objetivo “recuperar los derechos laborales perdidos durante la crisis”, Valerio ha puesto el acento en las relativas a la lucha contra el uso fraudulento tanto de la figura del autónomo como de las falsas cooperativas. “No tengo nada en contra de los falsos autónomos, pero  sí contra las empresas que los utilizan para ahorrarse costes laborales”, ha dicho.

Según los datos que se aportan en el Plan Director, de los 3.042.200 de trabajadores por cuenta propia un 5,5%“no puede influir ni en el contenido ni en el orden de las tareas”. En el caso de los 2.011.600 trabajadores independientes o miembros de cooperativas, el 1,6% comenzaron su actividad “porque su anterior empleador le pidió que trabajara por cuenta propia” y el 9,2% no había tenido “ningún cliente o a lo sumo uno en los últimos 12 meses”.  Circunstancias que se dan con más intensidad en los negocios creados al amparo de la economía digital.

Falsos becarios, favorecer la igualdad y evitar la discriminación laboral por razón de género o sexo, reforzar la figura de los sindicatos o mejorar las herramientas de gestión de la Inspección  y la colaboración institucional inclusive con organismos internacionales, son otras de las medidas que se encuentran dentro de la estrategia del Gobierno.

Llevar a cabo el Plan requiere de un aumento del número de inspectores. Según ha detallado la ministra de Trabajo a los 1.876 efectivos actuales se sumarán otros 833 en cinco años. De ellos 367 ya están en procesos selectivos. En cuanto a la dotación del Plan ésta ascenderá a 30 millones de euros que retornarán en forma de una “acción social positiva que es rentable económicamente”. Así, según las  cifras aportadas por Valerio del millón de actuaciones inspectoras que se llevaron a cabo en 2017 con las que se consiguió aflorar dos millones de empleos irregulares, la Seguridad Social ingresó 1.215 millones de euros.