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El Gobierno ha emitido más de 3.300 páginas de legislación sobre el COVID desde el 14 de mazo

Ivana Haro | 06 de junio de 2020

Desde el pasado 14 de marzo, día en que entró en vigor el Estado de Alarma, y hasta el 4 de junio, el Gobierno ha publicado nada menos que 16 reales decretos y cientos de órdenes. Esto se traduce en más de 3.300 paginas de legislación desde que empezó la pandemia. Imposible se digerir para los gestores y asesores.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en menos de tres meses más de 3.300 páginas de legislación sobre el COVID-19. La recopilación oficial que ha hecho el BOE, a través de códigos electrónicos, sobre la normativa generada durante el Estado de Alarma por el COVID-19, muestra la enorme cantidad de material legislativo a la que los profesionales, bien sean gestores, abogados, asesores o técnicos, han tenido que hacer frente.

La alerta sanitaria ha provocado que el Gobierno haya publicado una media de dos reales decretos por semana y un sin fin de órdenes o disposiciones  que, junto con la actividad legislativa autonómica, suponen una “cantidad ingente de normas”, explican los juristas. Todas ellas han sido recopiladas en estos códigos electrónicos del BOE, de tal forma que la actividad jurídica de los últimos meses queda agrupada en los siguientes diez bloques:

  1. COVID-19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico (1.411 páginas)
  2. COVID-19: Arrendamiento de vivienda y locales comerciales (276 páginas)
  3. COVID-19: Colectivos Vulnerables (536 páginas)
  4. COVID-19: Trabajadores Autónomos (207 páginas)
  5. COVID-19: Medidas Tributarias (207 páginas)
  6. COVID-19: Colectivos Vulnerables (258 páginas)
  7. COVID-19: Movilidad de las Personas (128 páginas)
  8. Desescalada COVID-19: Fase 0 (110 páginas)
  9. Desescalada COVID-19: Fase 1 (123 páginas)
  10. Desescalada COVID-19: Fase 2 (68 páginas)

En total, y hasta el pasado 4 de junio, el COVID-19 generó en España 3.324 páginas de legislación. Para el abogado laboralista, Alberto Ara, la cantidad de normativa aprobada y puesta en marcha es “ingente”. Tal volumen de material legislativo resulta fácil de entender, pues "se ha regulado a cerca de todo. Es decir, durante el Estado de Alarma se ha modificado la normativa hipotecaria, el funcionamiento sanitario, se han cambiado los plazos fiscales, se han adoptado nuevas medidas en material laboral, entre otros cambios. Además, se han regulado otros aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, en cada una de las fases de desescalada, se establece una hora para los paseos en función de la edad, también las horas para hacer deporte o se estipula el tipo de negocios que pueden abrir".

La inseguridad jurídica afecta a los negocios

Se trata de una producción de legislación que no ha sido sencilla de entender por parte de los expertos juristas - que se han visto desbordados por las llamadas y preguntas – y menos aún de transmitir a la población. Ara cree que esto va a provocar una avalancha de demandas contra el Estado en los meses siguientes. “Hay aspectos en la actuación del Estado que no están claros” dijo.

A pesar de que Ara considera que la situación sufrida “ha desbordado cualquier previsión que tuviera el Estado”, lo cierto es que la producción normativa ha generado un estado de inseguridad jurídica. “Se han publicado tantas leyes -que, a su vez, también han sido modificadas-, que no ha habido nada de seguridad jurídica. Un elemento que es fundamental para que la gente vuelva a abrir sus negocios, para que se vuelva a invertir y para que se vuelva a emprender”.

Esta inseguridad también la comparte el socio del área de Derecho Laboral del bufete AGM Abogados, Luis San José: "La inseguridad jurídica no ha sido sólo para los ciudadanos, si no también para los propios abogados”. Según contó, los profesionales jurídicos se han enfrentado, desde el inicio de la pandemia, a unos textos jurídicos que no son nada claros.

“Al menos, así ha ocurrido en el ámbito laboral. Los reales decretos no dejaban claro nada y teníamos que esperar a que la Dirección de Trabajo emitiese un criterio interpretativo”. También a los Boletines de Seguridad Social, en los que los técnicos de la tesorería aclaraban y resolvían las dudas de los abogados y gestores. Este experto aseguró que la mayoría de los abogados, para entender las normas publicadas en el ámbito laboral, han tenido que recurrir al envío de consultas, a los criterios interpretativos de la Dirección de Trabajo y a la opinión de catedráticos.

San José asoció la complejidad de las normas a la velocidad a la hora de legislar. “Se están haciende leyes muy rápido y constantemente” manifestó. Lo que obliga a estos profesionales a realizar un estudio continuo de las normas, incluso, durante el fin de semana. Todo para conseguir estar al día de las novedades jurídicas y poder dar un servicio, “porque nosotros somos los que informamos al cliente, al autónomo o negocio, de los cambios que ha hecho el Gobierno”.

Una labor que les hace conocer de primera mano la inseguridad jurídica, “porque informamos a nuestros clientes, y luego cambia la norma, por lo que tenemos que volver a comunicarles los cambios”.

Los abogados y gestores son "el primer filtro"

Aparte de las más de 3.324 página de legislación que se han publicado a cerca del COVID-19, estos profesionales han tenido que seguir haciendo frente al resto de procedimientos, que en algunos casos han seguido su curso. Una situación que conoce muy bien Joan Torres, presidente de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf), que califica la situación vivida de "locura". 

Los asesores fiscales, al igual que el resto de profesionales, han sido un colectivo fundamental para muchos autónomos y pequeños negocios. Según explicó Torres, han tenido que leer, interpretar y comunicar toda la normativa a sus clientes en un tiempo récord. “Hemos sido el primer filtro de mucha gente muy angustiada, que no ha podido desplazarse hasta el SEPE, ni a cualquier oficina y que ha acudido a nosotros”. De hecho, contó que había llegado a recibir llamadas de madrugada, de clientes preguntándole e informándose sobre la norma que se había publicado en el BOE a las 00.00 horas.

Esta presión que sufrieron por parte de los clientes fue la razón por la que desde Fettaf pidieron al Ministerio de Hacienda, en reiteradas ocasiones, que ampliase los plazos fiscales, que tuviesen más margen. Sin embargo, denunció Torres, el Fisco ha atendido muy poco a sus demandas y, cuando lo habían hecho, era siempre en el último momento: “pedimos desde el principio el aplazamiento de las declaraciones de impuestos. Y lo hicieron, pero un día antes de que acabase el plazo final” se lamentó.

Esperan que se aplace la declaración de la RENTA

Torres espera y confía en que el Ministerio recapacite y atrase hasta el 30 de septiembre la presentación de la campaña de la RENTA y del impuesto de sociedades. “Las oficinas de la Agencia Tributaria están empezando a abrir ahora con la desescalada y la Agencia Tributaria va a ver que todavía hay mucha gente que no ha presentado la declaración, pues el 60% de la población las presenta en las oficinas. Además, a la gente le gusta acudir a expertos y asesorarse antes de presentar la declaración” detalló el presidente de Fetaff.

Desde esta organización han reclamado al Ministerio de Hacienda, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Defensor del Pueblo que aplacen la presentación de la RENTA y el impuesto de sociedades hasta el 30 de septiembre. “No entendemos la negativa. No estamos pidiendo que no se realice o que se suavicen las condiciones, estamos pidiendo que se atrase dos meses para poder hacer frente a toda la demanda y en condiciones”.

La recopilación de documentos durante el COVID-19

Por otro lado, la atención fiscal a los autónomos durante el COVID-19 ha sido, cuanto menos, particular. “Aunque se hable mucho de digitalización, lo cierto es que hay autónomos que todavía no utilizan esas herramientas y siguen presentándote una bolsa de tiques y facturas. Durante el COVID-19 hemos tenido que utilizar mascarillas, guantes y desinfectar todos los que nos traía el autónomo, o que nos hacían llegar” relató Torres.

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