El Gobierno promete ayudar a los pequeños negocios afectados por la guerra arancelaria
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones anunció ayer que, de fracasar las negociaciones entre EEUU y UE, “se analizarían medidas” para compensar las pérdidas de los pequeños agricultores, productores y artesanos afectados por la subida de los aranceles al 25%. Sólo en exportaciones. España podría perder hasta 1.000 millones de euros.
“En las grandes macrocifras se ocultan situaciones particulares -pequeños negocios- que merecen el mismo respeto que las grandes empresas”. Con esta declaración, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, quiso transmitir ayer a los pequeños negocios agroalimentarios el apoyo del Gobierno ante la posible imposición de aranceles del 25% a más de 1.500 productos europeos -entre los que se encuentran el aceite de oliva, el vino, los quesos y lácteos o los derivados del cerdo, como el jamón serrano-. De darse esta situación, España podría perder hasta 1.000 millones de euros sólo en exportaciones.
Además, en declaraciones a Autónomos y Emprendedores, Planas afirmó que “se analizarán medidas complementarias” tanto por parte del Estado como en coordinación con las comunidades autónomas para paliar las posibles pérdidas económicas que sufrieran los agricultores y los productores artesanales más pequeños. Muchos de los cuales exportan la mayor parte de su producción al mercado estadounidense. Tanto es así que el ministro hizo referencia expresa a casos reales como el de un “pequeño artesano de quesos que exporta a Estados Unidos más del 80% de lo que produce”.
Aunque aún es pronto para entrar en detalles sobre estas posibles medidas, tomando como referencia las actuaciones de otros Ministerios en circunstancias sobrevenidas, como la reciente crisis de Thomas Cook, las ayudas podrían girar en torno a líneas de crédito para financiar inversiones o liquidez, moratorias en los pagos de las cuotas a la Seguridad Social o aplazamientos en el pago de determinados impuestos.
Sólo si fracasaran las negociaciones
Durante la rueda de prensa, Luis Planas insistió en que antes de aprobar las medidas complementarias se intentarán agotar todas las vías posibles para llegar a una solución que no impacte en el desarrollo de un sector -el agroalimentario- que supone más del 9% del PIB nacional y sostiene unos 2,5 millones de empleos en el país.
La medida primordial -y de mayor urgencia- pasara por la “negociación firme” por parte de España y de la Unión Europea en la reunión que se mantendrá el próximo día 14 en Washington. En caso de que no se resuelva, se dará inicio a la 'fase dos', en la que nuestro país realizará tres peticiones al comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Paul Hogan. La primera, es que “se desencadene el almacenaje privado del aceite de oliva”. Esto implicaría que la Unión Europea financiase los costes de almacenamiento del stock que pudiera acumularse por la caída de las exportaciones a Estados Unidos.
En segundo lugar -tal y como ocurrió en 2014 a raíz del veto de Rusia a la fruta española-, se requerirá a Bruselas la aprobación de “compensaciones por perturbaciones graves en los mercados agrarios”.
Por último, con los apoyos tanto de los fondos y actuaciones procedentes de la Unión Europea como de organismos como el ICEX, España Exportación e Inversiones, se llevarán adelante medidas de promoción de los productos españoles en terceros mercados, como China, Canadá o Latinoamérica. Regiones, -estas dos últimas- con las que existen acuerdos comerciales (CETA y Mercosur respectivamente) y que han supuesto una reducción de aranceles en productos como el vino y lácteos (-27% y -28% en los países que forman parte de Mercosur) y, por tanto, un ahorro importante de costes para los exportadores (500 millones de euros cada año en el caso de Canadá).
Por otra parte, Planas recordó que, si todo fallase y finalmente la administración Trump hiciera efectiva la imposición arancelaria, Europa podría poner en marcha, como contrapartida, la resolución arbitral de 2004 otorgada por la OMC (Organización Mundial del Comercio) por la que se impondrían aranceles por valor de 4.000 millones de euros a los productos originarios de Estados Unidos. "No es nuestro deseo, pero es una posibilidad que existe, aunque no haya sido utilizada" recalcó.
Unidad ante lo “inaceptable y gravoso”
Respecto a la posición de las comunidades autónomas, “todas” habrían mostrado su apoyo unánime al plan de actuación diseñado por Agricultura, Pesca y Alimentación. “Estamos unidos en la firmeza con la que se ha de afrontar la negociación para que el sector agroalimentario quede fuera o los aranceles sean reducidos de forma sustantiva”señaló Planas.
El ministro volvió a calificar de “inaceptable” la decisión de Trump, ya que el sector agroalimentario “no debe ser víctima” de una disputa de la que no es objeto y que tiene su raíz en las ayudas que algunos gobiernos europeos (entre ellos España) otorgaron a Airbus.
En cuanto al impacto económico, el titular de Agricultura concretó que, aunque desde un principio se manejó la cifra de 1.000 millones, tomando como referencia los datos de exportaciones en 2018 de los productos que quedarían gravados a partir del próximo 18 de octubre si Washington no da marcha atrás, la suma podría rebajarse a los 764,7 millones de euros. A ello, hay que sumar el impacto que tendrá esta decisión en los consumidores - que aún no se ha concretado-. No obstante y, sean cuales sean las cifras, la decisión adoptada por Trump, “es inútil y gravosa para el sector agroalimentario y los consumidores” concluyó.
