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El Gobierno quiere subir en 2020 las sanciones administrativas a los negocios

Ivana Haro | 17 de septiembre de 2020

El Ministerio de Trabajo ha publicado los nuevos planes normativos que pretende poner en marcha antes de final de año. Entre ellos, está aumentar el importe de las sanciones administrativas a los negocios, asociándolos al IPC

De aquí a final de año, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por Yolanda Díaz, quiere poner en marcha siete leyes y 13 reales decretos, que constituyen sus planes normativos en materia laboral para 2021. Muchos de estos cambios van a afectar directamente a los trabajadores por cuenta propia. El Gobierno pretende, entre otras cosas, subir el importe de las multas por infracciones administrativas a los negocios, asociándolos al IPC (Indice de Precios de Consumo) y aclarar si los riders son asalariados o autónomos

Así lo recoge el Plan Anual Normativo 2020, que ya está disponible a través del portal de transparencia del Gobierno y en el que se detallan todas las futuras normas que podrán en marcha los diferentes departamentos. Entre ellos, destaca especialmente, por su extensión y relevancia para el colectivo, el Plan del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En total serán 20 las nuevas incorporaciones, modificaciones o correcciones que Díaz quiere hacer en la normativa laboral antes de que acabe el año.

Aunque la aparición de estos cambios en el Plan “no obliga al Ministerio a su puesta en marcha, pero sí que representan el compromiso político y la voluntad de implementarlos a lo largo de todo el año”, explicó Carlos Piñero, abogado laboralista y director jurídico de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Es, como dijo Piñero, la “hoja de ruta” del Ministerio y en ella se encuentran los trabajadores autónomos. De hecho, cuando Díaz tomó posesión de la cartera de Trabajo, situó a los trabajadores por cuenta propia como uno de sus ejes prioritarios.

Los planes pendientes de Trabajo para final de año

Entre las siete leyes y 13 reales decretos que quedan pendientes de implementar, destacan por su especial afectación a los trabajadores autónomos las siguientes:

  • Ley para la protección laboral de las personas trabajadoras que llevan a cabo actividades de distribución a terceras personas haciendo uso de medios tecnológicos.

Se trata, según recoge el Plan Normativo Anual 2020, de una norma que pretende esclarecer la situación laboral de los llamados ‘riders’ (repartidores de plataformas de comida), ya que unos juzgados dicen que son asalariados, mientras que otros consideran que son ‘falsos autónomos’.

“La norma persigue proporcionar una regulación suficiente que dé respuestas adecuadas al fenómeno descrito, aclarando las notas de laboralidad y distinguiendo lo accesorio o instrumental- el uso de los medios tecnológicos- de lo esencial -la existencia de auténticas relaciones subordinadas y dependientes prestadas dentro del círculo rector y organizativo de la empresa-”, señala el texto.

La lucha contra el uso de la figura del falso autónomo es uno de los objetivos principales de la titular de Trabajo. En varias ocasiones, Díaz ha expresado la voluntad del Ministerio que dirige de implementar medidas que eviten este fraude a la Seguridad Social, a través del cuál se le obliga a un asalariado a trabajar como autónomo. En su primera comparecencia en la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el pasado mes de febrero, la ministra señaló que “la siguiente iniciativa de este Ministerio será abordar también el fraude de los falsos autónomos”. A su modo de ver “un joven en bicicleta con un móvil que trabaja para una plataforma digital no es un autónomo. Ahí no hay autonomía ninguna”.

  • Real Decreto por el que se actualizan las cuantías de las sanciones establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto 

Otro de los aspectos que planea el Ministerio de Trabajo y Economía Social es aumentar el importe de las multas que impone a, entre otros, los autónomos y empresarios. El objetivo que persiguen es que la cuantía de las sanciones se incremente todos los años en función “de la variación de los índices de precios al consumo (IPC)”.  En estos momentos, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social divide las infracciones entre leves, graves y muy graves, y las multas  van desde los 60 euros hasta los 187.515 euros, en función del daño que se esté causando. 

  • Ley por la que se regula el trabajo a distancia.

Otro de los objetivos fundamentales es la puesta en marcha de un norma que regule el teletrabajo. La creación de esta ley se ha visto fuertemente acelerada por la alerta sanitaria, que ha provocado que, en pocos meses, España haya pasado de una tasa del 5% del empleados teletrabajando al 35%. El Gobierno está, en estos momentos, ultimando la aprobación de esta norma. En ella, se regulan aspectos como los horarios, los tiempos de descanso y la compensación de los gastos que asuma el empleado al trabajar desde casa.

  • Real Decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021.

Entre los planes del ministerio también está cumplir con lo previsto en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, que establece una subida de la cuantía fija del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual en función de:

  1. El índice de precios de consumo.
  2. La productividad media nacional alcanzada.
  3. El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.
  4. La coyuntura económica general.

Transposiciones europeas

Aunque no afectan directamente a los trabajadores autónomos, el Ministerio de Trabajo y Economía social recoge entre sus planes la puesta en marcha de diferentes directivas comunitarias. Éstas, a diferencia del resto, sí que se implementarán tarde o temprano en la normativa española, pues “la legislación estatal se tiene que adaptar a la directiva europea. Razón por la que siempre que se acuerda algo a nivel europeo se da un plazo a los Estados miembro para que puedan adaptarlo a su legislación”, dijo Piñero. Es lo que se denomina como transposición europea. Las normas pendientes son las siguientes:

  • Ley por la que se transpone la Directiva comunitaria sobre conciliación de la vida familiar y laboral de progenitores y cuidadores “con el objetivo garantizar el ejercicio efectivo del derecho de conciliación y reducir, así, la brecha profesional entre mujeres y hombres”.
  • Real Decreto por el que se transpone la Directiva comunitaria sobre condiciones laborales transparentes y previsibles y ampliación de los derechos de información relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, con el objetivo de aumentar las obligaciones de información del empresario al trabajador y evitar situaciones precarias con mayor transparencia y previsibilidad.
  • Ley por la que se transpone la Directiva comunitaria por la que se aplica el Acuerdo relativo a la aplicación del Convenio de pesca.
  • Ley por la que se transpone la Directiva comunitaria sobre desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios con el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores desplazados.
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