Trabajo estudia un régimen sancionador

El Gobierno reformará la Ley de Cooperativas para evitar los ‘falsos autónomos’

El Ejecutivo quiere acabar con el uso fraudulento del falso autónomo, especialmente en las cooperativas de trabajo asociado. Para ello se está elaborando una reforma de la Ley de Cooperativas. Entre tanto, se llevarán a cabo actuaciones que impidan el uso de la figura del trabajador por cuenta propia como herramienta para reducir los costes laborales. Además, se reforzará la Inspección de Trabajo tanto en la planificación de las intervenciones como en número de visitas.

cooperativa de trabajo
El Gobierno reformará la Ley de Cooperativas para evitar los ‘falsos autónomos’

“Hay que acabar con las malas hierbas que crecen bajo el paraguas de los autónomos”. Con esta dureza se referían los asesores de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, al fraude de algunas cooperativas de trabajo asociado que emplean la figura del autónomo para reducir sus costes laborales. Desde el equipo asesor socialista comentan que “la idea es desarrollar una norma a nivel estatal y con rango de Ley que garantice que la figura de la cooperativa, especialmente la de trabajo asociado, se emplea de forma reglamentaria. Hay que evitar tanto su uso fraudulento como posibles abusos que puedan producirse”. 

Según la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) en los dos últimos años, se han creado más de 3.000 nuevas cooperativas que han generado más de 22.000 empleos directos. Más de 80% de estos puestos de trabajo corresponden a trabajo asociado.  

Entre las medidas que se barajan den esta reforma de la ley están la de exigir que la cooperativa demuestre que cuenta con patrimonio propio así como el desarrollo de un régimen sancionador con penalizaciones tanto para quiénes empleen de forma fraudulenta dicha figura, como para las empresas que contratan con este tipo de cooperativas.

Asimismo, Trabajo tomará como referencia la regulación existente en algunas comunidades autónomas como Cataluña que, desde julio de 2015, cuenta con una Ley de cooperativas. En sus artículos 150, y 153 la norma catalana determina las infracciones y causas de descalificación de estos modelos, entre ellas la de no inscribir en el Registro de Cooperativas los actos que desarrolle la cooperativa, abonar a los socios retornos según su aportación al capital y no en proporción a las operaciones, servicios o actividades cooperativizadas que hayan llevado a cabo, superar los límites para la contratación de terceras personas por cuenta ajena o incumplir las normas legales y estatutarias relativas al objeto, la clase, la naturaleza y la finalidad de la cooperativa. Además, establece multas de entre 150 y 60.000 euros en función del tipo de quebrantamiento.

Multas y consulta al sector

Para la redacción de la Ley, Trabajo ha consultado ya a agentes sociales y representantes del sector. En el documento de 13 páginas que CEPES (Confederación Española de Empresas de la Economía Social) ha remitido a Trabajo y al que ha tenido acceso Autónomos y Emprendedor, se recogen cuatro medidas prioritarias que contribuirían a frenar el uso fraudulento de la figura de la cooperativa de trabajo asociado. Estas son:

  • Reforzar las competencias de los Registros de Cooperativas de las diferentes comunidades autónomas, en las funciones de calificación, inscripción, supervisión y control de las sociedades cooperativas. 
  • Hacer obligatorio el Reglamento de régimen interior de las cooperativas, debiendo registrarse en el correspondiente Registro de Cooperativas con los requisitos que marque la legislación cooperativa regional para la inscripción de los Estatutos Sociales. Como ejemplo, el citado Reglamento deberá contener o desarrollar todos aquellos aspectos organizacionales, de gestión y socio laborales no recogidos de manera expresa en los estatutos Sociales de la Cooperativa.
  •  Respecto al registro de socios, se detallarán aspectos tales como la selección de ingreso de los socios, el período de prueba, las formalidades para la admisión, el contrato de sociedad, y la formación cooperativa.
  • En cuanto a los órganos sociales, se desarrollarán cuestiones propias de los órganos sociales de la Cooperativa, tales como: forma de resolución de los asuntos tratados en la Asamblea General, ejecutoriedad de los acuerdos adoptados por la misma, votaciones y reuniones del consejo rector, condiciones laborales relativas al tiempo de trabajo, clasificación profesional, promoción, anticipo de salarios, …
  • Además, se insta a reforzar la actuación inspectora desde la coordinación entre Seguridad Social y Agencia Tributara para evitar la generación de nuevas “falsas cooperativas de trabajo” y por ende “falsos autónomos”.

Tanto CEPES como COCETA piden que “se termine con la inseguridad jurídica y con la competencia desleal que generan estas falsas cooperativas de trabajo, en las que las personas cooperativistas ni siquiera tienen claro lo que significa serlo. Esta fórmula nace para generar empleo de calidad, indefinido y estable a las personas que la forman”. Y aclaran que ninguna de las cooperativas fraudulentas se encuentra asociada a las organizaciones confederadas”.

Es muy probable que el uso fraudulento de esta figura que practican algunas de estas cooperativas salga a relucir durante la reunión que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio mantendrá el próximo lunes con Lorenzo Amor, presidente de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) y su homólogo de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), Eduardo Abad.

En el Plan director contra la explotación laboral -pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros- ya se menciona la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de erradicar las malas prácticas de algunas cooperativas de trabajo asociado en el uso de la figura del autónomo. Así, casos como el de Factoo, las cooperativas de la industria cárnica o las propias del sector del transporte, tienen los días contados.