De enero a noviembre se firmaron casi 275.000

Gobierno y sindicatos acuerdan enterrar el contrato de apoyo a emprendedores

El contrato de apoyo a emprendedores, creado en 2012, tiene los días contados. El Gobierno y los sindicatos han acordado su desaparición de cara a la modificación de la reforma laboral del anterior Ejecutivo. Lo curioso es que su adiós va a llegar en el momento en que estaba despegando ya que, hasta noviembre, se firmaron un 11,3% más que en todo 2017, casi 275.000.

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Gobierno y sindicatos acuerdan enterrar el contrato de apoyo a emprendedores

El Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO han llegado a un preacuerdo para modificar la Ley de Medidas Urgentes del Mercado del Trabajo de 2012, más conocida como la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, y entre los puntos aprobados se encuentra la desaparición del contrato de apoyo a emprendedores. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, explicó esta misma semana el motivo de esta derogación: en la citada ley se especifica que su utilización es válida hasta que la tasa de desempleo se mantenga por encima del 15%. En octubre, la tasa de paro se situó en el 14,8%.

El contrato de apoyo a los emprendedores, creado para “facilitar el empleo estable a la vez que se potencia la iniciativa empresarial”, está dirigido a empresas con menos de 50 trabajadores, es de carácter indefinido, puede ser tanto a tiempo completo como a tiempo parcial y contempla una serie de bonificaciones e incentivos fiscales cuando los contratados son menores de 30 años y mayores de 45 a los empleadores. Una de sus características es que incluye un periodo de prueba de un año, que si no se supera da lugar al despido del contratado sin indemnización. Y aquí radica el rechazo hacia esta modalidad contractual de los sindicatos y del propio Gobierno que cree, en palabras de la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, que “no ha dado los frutos deseados” e “introduce precariedad”. Otra de sus peculiaridades es que premia fiscalmente a quien contrata a parados que estén cobrando la prestación por desempleo. Esto, a juicio de expertos laborales y de los sindicatos, es otro de sus “males” pues abre la puerta a que se aproveche el periodo de prueba de un año para despedir al empleado sin coste y contratar a otro parado perceptor del desempleo para beneficiarse así del incentivo fiscal.

Implantación

El primer año completo del funcionamiento del contrato de emprendedores fue 2013 y en ese ejercicio, todavía en plena crisis económica, apenas se firmaron 75.000, con una media de unos 6.000 al mes. Cinco años después, en 2018, y con datos sólo hasta el mes de noviembre, se han suscrito 274.864, un 11,3% más que los firmados durante todo el año pasado cuando sumaron 246.827. La utilización de este tipo de contrato empezó a despegar a partir de 2016, ejercicio en que la media mensual de contratos se disparó en más de 7.000. El contrato de apoyo a emprendedores representó en 2017 el 20% de los contratos indefinidos suscritos en España.

Su implantación es mayoritaria en la franja de edad de 25 a 29 años -el pasado noviembre representaron el 17,8% del total-, seguida de la de 20 a 24 años, lo cual no es de extrañar puesto que las bonificaciones e incentivos fiscales se conceden cuando el contratado tiene menos de 30 años y también cuanto tiene más de 45 años. Sin embargo, las franjas de edad a partir de los 45 años no son las más contratadas en los últimos años, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Por sectores, destaca la hostelería como el que más utiliza este tipo de contrato seguido del comercio, tanto mayorista como minorista. A bastante distancia, el tercer sector de actividad que más recurre a esta modalidad de contrato es el de transporte y almacenamiento y con variaciones según los meses, la industria manufacturera y la construcción. Una curiosidad es que la Administración Pública y la Defensa echan mano del contrato de apoyo a emprendedores de vez en cuando, pues en las estadísticas del SEPE aparecen todos los meses de uno a tres firmados por el sector público.

Al ser la hostelería el sector que más contratos de este tipo suscribe, una de las comunidades autónomas con más número de ellos es Canarias, aunque la Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana encabezan el ránking al ser las más pobladas.