La automatización de los procesos en la administración

Los inspectores de Trabajo advierten que los autónomos serán los más dañados si se usan robots para sancionar

Desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social advierten que los autónomos se verían especialmente perjudicados de la utilización de robots en la detección de fraudes. 

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Los inspectores de Trabajo advierten que los autónomos serán los más dañados si se usan robots para sancionar

El Gobierno quiere automatizar el proceso sancionador de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Su objetivo es que este sistema llegue a funcionar como un radar de tráfico para que, en el momento en el que los datos del autónomo no concuerden, se inicie automáticamente un proceso sancionador que imponga multas. La robotización de la detección de fraudes en la Tesorería es una meta que no comparte el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SISTS), que advierten que los autónomos pueden verse dañados por la futura implantación de este sistema

“Los pequeños negocios pueden verse perjudicados por la utilización de bots - mecanismos robotizados que se basan en la Inteligencia Artificial- para la detección de fraudes” aseguró Ana Ercoreca, presidenta del Sindicado de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITS). Según explicó, las grandes empresas suelen tener una infraestructura y capacidad económica para hacer frente a sus procedimientos administrativos, mientras que los pequeños negocios no cuentan con esta ventaja. “Asumen muchas veces sus obligaciones de manera personal, lo que implica que cometan fallos. Estamos hablando, por ejemplo, de autónomos que tienen un empleado y cuya relación con la Tesorería, no se puede comparar al control que hace una gran empresa” apuntó Ercoreca.

Precisamente es esa falta de control y gestión que tienen muchos pequeños negocios la razón por la que la robotización podría llegar a perjudicarles. “Son más dados a cometer fallos o pasarse en el plazo, aspectos que serían fácilmente detectados por el bot y que se sancionarían directamente” dijo la presidenta del Sindicato. Si bien, reconoció que hay muchos negocios que precisamente por tener muy pocos empleados cumplen “rigurosamente” con sus obligaciones en material laboral.

Asimismo, ejemplificó que los robots de la Inspección tampoco serían capaces de distinguir situaciones circunstanciales como, por ejemplo, “que una empresa esté en situación concursal. Éstas están exoneradas de cotización, pero la máquina no sabe que han entrado en una situación concursal y abriría directamente el acta de liquidación de cuotas. Causando un perjuicio a la empresa”. En sentido, también advirtió que la automatización de la detección de fraudes también podría afectar a los empleados: “imagina una mujer que esté en paro y esté embarazada. Ésta recibe una oferta para trabajar durante tres meses y se extingue su contrato. La máquina podría llegar a sancionarla porque ha entendido que se trata de un contrato fraudulento, y que la persona tuvo como intención recibir una prestación por desempleo cuando de verdad no es así. Ambas son materias que comprueba el inspector antes de imponer una sanción” señaló Ercoreca.

El Gobierno abrió la puerta a los robots, pero falta la norma

Hace unas semanas el Gobierno abrió la puerta a esta robotización en el ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la aprobación Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, en la que introduce una modificación del artículo 53.1 del Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

A través de este decreto se permite, según establece la norma, que las “actas extendidas en el marco de actuaciones administrativas automatizadas, los hechos constitutivos de la infracción cometidas”. Es decir, se reconoce la capacidad infractora de los mecanismos digitales implementados, a través del uso de bots e Inteligencia Artificial, para detectar fraudes. Para la inspectora Trabajo y presidenta de Sindicato, Ana Ercoreca, el Gobierno introdujo “una modificación, pero es necesario un desarrollo reglamentario. Un cambio así requiere una reformulación de nuestro Real Decreto-ley".

En este sentido, hay que destacar que el Ministerio de Trabajo y Economía Social trabaja una modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Según pudo saber este diario digital, quieren aplicar el uso de nuevas tecnologías en el ámbito de actuación de la Administración para, por un lado, permitir el análisis masivo de datos para "la detección del incumplimiento" y, por otro, para que pueda "iniciarse el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción automatizadas, es decir, sin la intervención directa de un funcionario".

En otras palabras, y aunque suene descabellado, podría acabar dándose la circunstancia de que sea un robot y no un inspector el que imponga una determinada sanción a un autónomo por saltarse la Ley. “Estamos muy preocupados con el tema de la utilización de bots, porque creemos que es un proyecto que, en un principio, vulnera la legislación actual” admitió Ercoreca. Que denunció que en estos momento “la imposición de infracciones en materia laboral y de seguridad social es una competencia que tenemos los inspectores y subinspectores”.

Del envío de cartas, al envío de actas de infracción

Desde el SITS no están en contra de la “modernización, ni de la automatización”, de hecho creen que el uso de Inteligencia Artificial y de Big Data “nos proporciona mucha información para poder realizar nuestro trabajo. Pero las decisiones que se tomen con respecto a esos datos debe estar siempre supervisada por un experto que garantice el cumplimiento del procedimiento administrativo sancionador” afirmó Ercoreca.

Que puso de ejemplo del buen funcionamiento de combinar tecnología con el cuerpo de Trabajo, los resultados de los Planes de Choque contra la temporalidad y parcialidad que lanzó el anterior Gobierno de Pedro Sánchez, con Magdalena Valerio al frente del Ministerio de Empleo, bajo el Marco de Plan Director Por un Trabajo Digno. “Se utilizaron los datos para enviar cartas informativas a las empresas y advertirles sobre el mal uso de los contratos temporales. Hubo una muy buena respuesta por parte de las empresas, que regularizaron esos puestos de trabajo. Y luego se procedió a una revisión por parte de la Inspección en aquellos casos en los que no se habían convertido” explicó.

Sin embargo, el nuevo procedimiento no supondría el envío de una carta, sino la apertura de un “proyecto sancionador. Se haría un cribado entre, por ejemplo, aquellas actividades que han presentado un alta fuera de plazo y se les enviaría el acta de infracción y firmado con un sello de la Inspección. Nosotros creemos que éstas debería ser firmadas por un sello de un inspector o subinspector”.

Debe contar con la opinión de un inspector

Según denunció Ercoreca el cuerpo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social necesita más medios e inversión para cumplir con el procedimiento administrativo sancionador, “pero la cuestión no está en quitarle los frenos al coche, sino en darle más medios al inspector”. Y comparó lo que se está llevando a cabo en materia de inspección en la Agencia Tributaria: “se utiliza la tecnología para hacer un cruce de datos entre lo que se ha informado a través de las declaraciones de RENTA, IVA, sociedades, etc. En base a esos datos, actúa la inspección, que lo que hace es realizar una paralela para verificar la información. Pero en ningún momento te obligan a pagar directamente".

A su juicio, "el último eslabón de esa cadena de sancionadora debería ser un inspector. Si esto fuera así no veríamos mal el uso de robots”.

La inspección de la Agencia Tributaria está mejor equipada que la de Trabajo

En este sentido, denunció que el cuerpo de inspectores de la Agencia Tributaria está mejor equipado que los de Trabajo y Seguridad Social. “A ellos les cambian los ordenadores cada año, a nosotros nos lo han cambiado ahora después de diez años. Para mejorar la Inspección no hace falta robotizar el sistema de detección de fraudes, hay otros aspectos que se pueden mejorar como la automatización del sistema administrativo, que nos obliga a introducir los datos del denunciante, cuando la denuncia y sus datos ya consta en el sistema. Podemos perder más de 30 minutos con este trámite” dijo la presidenta del Sindicato.

No se saben las infracciones que se pueden cometer

Otro de los aspectos que “preocupan” a los inspectores y que están generando inseguridad -tanto entre los propios miembros del cuerpo, como entre los negocios- es que “aún no se ha especificado con claridad qué supuestos de infracción serían detectados y cometidos por estos robots. Se debería concretar a qué tipo de infracciones estarían dirigidos” señaló Ercoreca.

Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social aclararon a este medio digital hace unas semanas que “serían en situaciones muy peregrinas, infracciones muy puntuales y completamente objetivas en las que no quepa lugar a interpretación. Como, por ejemplo, no tener activo el registro de jornada. Por lo general, las tecnologías sirven para apoyar al inspector, pero será el funcionario el que decida si cabe sanción", explicaron desde el Ministerio de Trabajo.

La Covid-19 muy presente en las últimas actuaciones de la Inspección

Según explicó Ercoreca es la Dirección General de la Inspección de Trabajo quien fija las líneas de actuación de de los casi 2.000 miembros que tiene el cuerpo. En este sentido, reconoció que aunque no podía dar datos concretos, la emergencia sanitaria había estado muy marcada en las actuaciones inspectoras.

Hemos hecho mucho control a los negocios con ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Tanto en la fase previa cuando se nos piden informes, como en la posterior, para comprobar que no es fraudulento y se cumple con la norma. Se han hecho muchas actuaciones en este ámbito. Más de 33.000, de las cuales han resultado en fraude un 15%” relató la presidenta de SITSS. También sobre los falsos autónomos: "llevamos años regularizando la situación de estos profesionales".

Por último, contó que en el 2020 el buzón de denuncias anónimas estuvo muy presente el tema de la Covid-19. “El buzón de denuncias lleva funcionando desde el año 2013 y es la manera que tienen los ciudadanos de ponerse en contacto los ciudadanos para denunciar unos hechos en materia laboral de manera anónima. Y la emergencia sanitaria ha estado muy presenta, pero no sabría decirte si era más denuncias por ERTE, por falta de adaptación a las restricciones sanitarias en el negocio o por teletrabajo”.