Madrid y Cataluña han impuesto más de 1.300 sanciones a las plataformas de VTC
En el 2017 las administraciones autonómicas impusieron 1.326 sanciones sólo en Madrid y Cataluña a las plataformas de VTC. En Madrid 27 fueron muy graves, 854 graves -que se incrementaron un 193%- y 24 leves, así hasta sumar un total de 905 multas. Los motivos pasan por no disponer de título habilitante, cederlo a terceros o recoger pasajeros que no habían contratado el servicio con carácter previo. Cataluña, no se queda atrás y el pasado año abrió 421 expedientes sancionadores, que afecta al 53% de la flota de estos vehículos con conductor.
A pocos días de que finalice la tregua que el sector del taxi otorgó el pasado mes de julio al Gobierno han comenzado a aflorar datos que pueden encender aún más la mecha de la bomba de relojería que pende sobre la cabeza de taxistas y plataformas de VTC’s.
Según un informe de la Subdirección General de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, entre enero y el 16 de octubre de 2017 se impusieron en la región 905 sanciones a las plataformas de arrendamiento de vehículos con conductor, un 43% más que en 2016 cuando el total fue de 389 multas. De ellas, 27 se calificaron como muy graves, 854 graves y 24 leves. Hace saltar todas las alarmas los incrementos del 193,47% (de 291 a 854) que se ha producido en el caso de las sanciones graves y del 200% en las leves (de 8 a 24). Cifras que no compensan el descenso del 70% en el caso de las leves (de 90 a 27).
Cataluña no se queda atrás. Según los datos de la dirección general de Transportes de la Generalitat, recogidos por el diario digital Crónica Global, en 2017 se incoaron 421 expedientes sancionadores, lo que supone un 53% del total de vehículos de VTC’s que circulan por la comunidad autonómica. Asimismo, y aunque lejos de los desorbitados porcentajes de Madrid, el número de multas también aumento un 7,95% en 2017.
Así, entre las dos autonomías que suman el mayor número de autorizaciones de VTC (15.523 Madrid y 12.330 Cataluña), el total de sanciones asciende a 1.326. Sin embargo no son las únicas que han reforzado la vigilancia sobre este tipo de vehículos y las empresas titulares de los mismos. El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López García, durante una comparecencia en el Parlamento andaluz, explicaba que en la comunidad que preside Susana Díaz se realizan en torno a dos mil quinientas inspecciones anuales y que entre 2016 y septiembre de 2017 se abrieron 171 expedientes sancionadores a este tipo de vehículos.
Este férreo control también ha trascendido del ámbito autonómico al estatal. La ejecución del Plan de Inspección del Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento que en su punto número 19 recoge que durante el pasado año se realizaron un total de 2.841 inspecciones a las empresas de vehículos de alquiler con conductor.
¿Por qué les sancionan?
En el caso de la comunidad de Madrid, conducir sin título habilitante es, entre las sanciones calificadas de muy graves, la que más se repite. Concretamente hay 19 expedientes abiertos.
Entre las graves, las que se repiten con mayor frecuencia son carecer de hoja de ruta (462) -es decir no llevar registrado el recorrido realizado por el vehículo- y recoger a pasajeros a pie de calle que no hayan contratado el servicio con carácter previo (357). A este respecto los taxistas lleva exigiendo a los distintos gobiernos autonómicos que se pongan en marcha una serie de mejoras en la regulación del sector para aportar seguridad y transparencia. Entre las demandas, piden que se delimite la diferencia entre contratación previa e inmediata mediante criterios de distancia o intervalos de tiempo. Asimismo, solicitan que se incorpore al régimen económico de sanciones -que establece multas de hasta 1.000 euros-, la revocación de las autorizaciones por reiteración de infracciones.
Por otra parte, piden que se mejore la coordinación interministerial en las actuaciones inspectoras y que se refuerce la propia del Ministerio de Trabajo. A este respecto desde Fedetaxi denuncian la situación de precariedad laboral de los conductores de plataformas como Uber y Cabify. Un “uberprecariado” tras el que se ocultan “miles de falsos autónomos”.
Fin de la tregua
El conflicto que se originó por el sobredimensionamiento de la oferta a raíz de la liberalización aprobada en 2009 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, alcanzó su punto álgido el pasado mes de julio. Durante los casi seis años de vigor de la conocida como Ley Ómnibus, la ratio un vehículo de arrendamiento con conductor por cada 30 taxis quedó sin efecto lo que quebrantó el equilibrio entre taxis y VTC poniendo en riesgo un sector que sostiene 110.000 puestos de trabajo, 70.000 de ellos de autónomos.
Durante cinco días y bajo unas únicas siglas, los taxistas colapsaron las arterias principales de Madrid, Barcelona y otras grandes capitales que se sumaron de forma espontánea a la movilización. Finalmente con el inicio del mes de agosto Fomento consideró “viables” las demandas del sector del taxi y, tras un principio de acuerdo con las comunidades autónomas, se comprometieron a trasladar a lo largo de este mes de septiembre una batería de medidas que permitieran recuperar la normalidad. Entre ellas devolver ciertas capacidades legislativas a las comunidades autónomas siendo éstas las que decidan, a partir del mínimo de 1/30, cuál será la proporcionalidad entre ambos tipos de vehículos.
Pendientes de que se les comunique la fecha definitiva del encuentro, los taxistas manifestaron que la respuesta del Gobierno era “insuficiente” y que no consentirían que hubiese “tantas soluciones como comunidades autónomas. Es un error. Nos dividirá como sector y nos obligará a librar 17 batallas”. Asimismo, solicitaron “medidas de fondo” con las que se restablezca la ratio 1/30 que según los últimos datos publicados por el departamento que dirige José Luis Ábalos por ejemplo, en Barcelona se establece en 1/5 (10.793 taxis por 1.926 VTC) y en Madrid, es inferior a 1/3 (15.523 taxis por 5.277 VTC).
De hecho, según los datos de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, hasta el 30 de junio se concedieron en la región un total de 4.297 nuevas autorizaciones de vehículos de arrendamiento con conductor, cifra casí un 40% superior a las concedidas en todo 2017 (2.632). Algo que, tal y como han explican fuentes de Fedetaxi “se debe a las sentencias que el Tribunal Supremo viene dictando desde finales de 2017 y que se corresponden con autorizaciones solicitadas antes de noviembre de 2015”. Desde la asociación que preside Miguel Ángel Leal estiman que en los próximos meses sólo en Madrid podrían otorgarse entre 9.000 y 10.000 nuevas licencias, cifra que se duplicaría si se tiene en cuenta todo el territorio nacional.
