Madrid lleva concedidas 7.000 licencias a Uber y Cabify
Huelga indefinida de los taxistas en Madrid y en Barcelona sin visos de un fin a corto plazo. Consideran que los respectivos gobiernos autonómicos no luchan por regular a las VTC. En Madrid, Uber y Cabify han conseguido una licencia por cada dos de taxi.
Madrid capital cuenta con poco más de 15.700 licencias de taxi. En enero de 2018, las licencias de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) llegan a 7.000, según la Asociación Gremial del AutoTaxi de Madrid (AGATM), la más representativa del sector. Esto significa que, en la actualidad, existe casi una licencia de VTC, las utilizadas por Uber y Cabify, por cada dos de taxi cuando la ley marca que la proporción o ratio debe ser de una VTC por cada 30 de taxi. Este es el motivo de fondo de una huelga indefinida que mantiene desde este lunes 21 parados a los taxistas de Madrid y, desde el viernes pasado, a los de Barcelona, ciudad en la que también se incumple la proporción legal.
Las reuniones de las asociaciones de taxistas con el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido, así como las promesas de la Generalitat, no han servido para desconvocar una huelga, con amplio seguimiento en el sector, que es la segunda de las mismas características en seis meses. Los taxistas acusan a las autoridades de no querer abordar el problema de fondo, el auge de los vehículos de plataformas como Uber y Cabify sin apenas marco regulatorio para éstas últimas.
Miguel Ángel Leal, presidente de la AGATM y de Fedetaxi, que representa al 60% del sector en toda España, lo ha resumido estos días al afirmar que “en Madrid hay días que circulan más VTC que taxis”. La falta de regulación de las primeras frente a todas las normas que deben cumplir los segundos es lo que provoca, a su juicio, esta situación, porque mientras los profesionales del taxi tienen que cumplir unos horarios de trabajo estrictos y no pueden circular cuando les apetece, Uber y Cabify no tienen restricciones.
Incumplimiento de la ley
Desde el año 2015, está vigente la proporción de una licencia de VTC por cada 30 de taxi establecida en el Reglamento de la Ley de Ordenación del Trasporte Terrestre. También desde entonces no se ha cumplido. La competencia sobre la materia -el taxi es un medio de transporte terrestre- ha sido estatal hasta el pasado mes de julio, aunque las condiciones de la movilidad las han dictado los ayuntamientos desde siempre.
La expansión progresiva de las plataformas digitales ha superado los mandatos legales. Los vehículos con conductor de Cabify y Uber han pasado de ser un servicio que se utilizaba sólo en determinadas zonas de viajeros (hoteles, ferias, aeropuertos, etc) a tener una enorme demanda por parte de los usuarios de las aplicaciones digitales. La situación se ha desbordado en los últimos años y la concesión de licencias VTC ha empezado a proliferar de forma que se ha llegado al ratio de la ciudad de Madrid (casi dos por una). La falta de control en las concesiones, las peleas en los tribunales y la invocación de la libre competencia (hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se ha personado como parte en los litigios por esta cuestión) han ido creando un enfrentamiento que ha desembocado en la situación actual.
Porque no hay que olvidar que, mientras todo lo anterior está ocurriendo y las VTC han crecido como la espuma por todo el país, la proporción 1/30 seguía y sigue vigente.
El paro de julio como origen
Con este panorama, llegó el mes de julio de 2018. Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el que se paralizó cautelarmente una norma del Ayuntamiento de Barcelona que endurecía las condiciones para acceder a una VTC encendió la mecha y en pocas horas se produjeron paros indefinidos de taxistas en toda España.
El Gobierno central accedió, después de vivir varios días bajo una huelga que paralizó la movilidad urbana, a elaborar un Real Decreto-Ley en el que se otorgan todas las competencias sobre la regulación de los vehículos con VTC a los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos. Tras meses de espera, los taxistas creen que ni unos ni otros están cumpliendo, que no hacen nada y que la situación empeora. En Madrid, el Gobierno de Ángel Garrido ha propuesto que la concesión de licencias sea competencia del Ayuntamiento y éste no ha movido ficha. Los taxistas se sienten engañados por las Administraciones y declaran que entre ellas “se están pasando la pelota”. El conflicto no está servido, sino que continúa servido.
