La ministra de Trabajo coloca a los autónomos en el eje de sus políticas

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha colocado a los autónomos en el centro de su agenda. Con un claro y contundente mensaje, Díaz se ha comprometido a avanzar en medidas que favorezcan el emprendimiento y el autoempleo. Así, uno de los ejes prioritarios para el nuevo equipo será el “apoyo a los autónomos para el desarrollo de proyectos que nuestro país tanto necesita”, afirmó.

Ejercer como autónoma -abogada laboralista por cuenta propia- ha permitido a la nueva titular de trabajo conocer muchos de los problemas a los que se enfrenta el colectivo de 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia. Tal y como afirmó en su discurso, Díaz pretende dar continuidad a muchas de las actuaciones que, durante la pasada legislatura, puso en marcha su predecesora Magdalena Valerio de la que ha afirmado haber “aprendido mucho” y con la que “seguiré contando con ella”.

Entre los retos que le ha dejado la anterior ministra se encuentra la lucha contra los falsos autónomos que, tras la puesta en marca del Plan Director por un Trabajo Digno, ya ha dado como resultado la regularización de más de 32.000 puestos de trabajo que debían ser asalariados, recuperándose 217 millones de euros en cuotas no satisfechas.

En la agenda de la anterior ministra estaban otros temas como la de crear el Consejo del Trabajo Autónomo o la de poner en marcha un plan nacional de impulso del trabajo por cuenta propia que se llamaría "Autonom@s 20-30" con la intención de que el colectivo se sume a los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Unión Europea. Este plan podría abarcar también aspectos sobre la fiscalidad de los autónomos, la prestación por cese de actividad, la formación o la digitalización de los negocios. Es probable que la actual ministra retome muchos de estos temas.

Díaz seguramente también será la encargada de negociar la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) que se encuentra en el acuerdo entre el Psoe y Unidas Podemos. Algo que, según el compromiso adquirido por el propio Ejecutivo, deberá contar con el visto bueno de los agentes sociales de tal manera que no afecte a la creación y la sostenibilidad del empleo. De confirmarse el anuncio de elevar este año el SMI hasta los 14.000 euros anuales o 1.000 euros mensuales, los autónomos con empleados a cargo se verían obligados a pagar  en torno a 2.170 euros más al año en costes laborales, según las organizaciones más representativas del colectivo.

En términos más amplios, Díaz insistió en que “combatir la precariedad es el principal reto, el desafío”. Para ello, confirmó su intención de “derogar la reforma laboral (de 2012) para recuperar los derechos laborales de los trabajadores”, no sólo los aspectos “más lesivos” de la misma como matizaba el anterior equipo de Trabajo. Revocación que vendrá acompañada, a su vez,  por el desarrollo de lo que la ministra denominó "el Estatuto de Trabajo del Siglo XXI" que ser redactará “para mirar al futuro pero sin olvidar las garantías de los trabajadores”, destacó, porque “detrás de las cifras están las personas”.

No obstante, la ministra insistió mucho en que todas las iniciativas de su departamento se desarrollarán a partir del diálogo con sindicatos y patronal y con asociaciones que representan a colectivos como el de los autónomos y los trabajadores de la economía social. “Tendremos el diálogo social como base de acción”, aseguró la ministra.

Revalorizar las pensiones con el IPC

En un acto sin precedentes, el edificio situado en el Paseo de la Castellana, 69 albergó la entrega de dos carteras ministeriales. Magadalena Valerio, transfería las competencias de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones a José Luis Escriva, ex – presidente de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). Un experto en Economía que tendrá como principal reto garantizar la protección social del colectivo de autónomos y el resto de trabajadores.

Con ciertos nervios por la ocasión, Escrivá, aludió hasta en tres ocasiones al “consenso” para poder llevar adelante una “agenda desafiante, imprescindible y apasionante” con la que desarrollar políticas “con base en análisis técnicos y evidencias”.

Así, y entre las tres prioridades mencionadas por el nuevo ministro, está la de reformar las pensiones. “Buscaremos soluciones justas y equitativas en base al consenso para acometer una reforma del sistema de  pensiones equilibrada, creíble y sostenible”. Para ello Escrivá ha puesto el foco en dotar de “solvencia y certidumbre a corto, medio y largo plazo”. Es decir, cubrir el déficit de más de 18.000 millones de euros de la Seguridad Social. Eso sí, garantizando la revalorización de la nómina de los pensionistas en función del IPC (Índice de Precios al Consumo).

El nuevo ministro deberá igualmente hacer frente al reto de la desigualdad con  políticas de inclusión que favorezcan entre otras cuestiones la incorporación al mercado laboral de las personas en riesgo de exclusión social. A este respecto comprometió a implantar el Ingreso Mínimo Vital que sería compatible con el trabajo autónomo.  “Necesitamos un crecimiento inclusivo que debe acompañarse de métricas tangibles”, insistió.

Un tercer eje será el relativo a la política de migraciones “a largo plazo”. “Las consecuencias de las revolución demográfica por las migraciones son imprevisibles y hay que adelantarse con políticas migratorias a largo plazo, no guiadas por el ciclo económico”, afirmó.

Coordinación interministerial

Pocos minutos antes de las 13:00, la ministra saliente, Magdalena Valerio, y los dos ministros entrantes, Yolanda Díaz y José Luis Escriva, aparecían en el salón azul de actos de la tercera planta del Ministerio. Lo hacían flanqueados por la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la ministra de Educación, Isabel Celaá.

Cohorte que resulta significativa y aporta pistas sobre la transversalidad de las políticas de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Hay que recordar que tanto el comercio, como el turismo y la industria son los motores de la generación de empleo -gran parte autónomo- y el emprendimiento en España. Por otra parte, adecuar el sistema educativo a las necesidades del mercado laboral del futuro es otro de los argumentos que vienen siendo defendidos tanto por los agentes sociales como por el propio Gobierno socialista. Todo bajo el paraguas de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria acordados con Bruselas.