La morosidad asfixia a los autónomos del transporte
Los transportistas tardaban el año pasado una media de 80 días en cobrar sus servicios. Fomento se ha comprometido con el sector a promover la desaparición del “pacto en contrario” de la Ley de Contrato de Transporte.
El sector del transporte terrestre se asfixia. A los retos a los que se ha de enfrentar, entre ellos la subida del precio de los carburantes, se suma el incumplimiento de los plazos máximos de pago establecidos en la Ley de Morosidad (60 días).
Los transportistas tardaban en el 2018 una media de 80 días en cobrar sus facturas, según recoge el Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera elaborado por Fenadismer en colaboración con la Fundación Quijote. Plazos abusivos que “están llevando al sector en general a una situación grave y principalmente a los autónomos”, critica Víctor González, presidente de Fetransa (Federación Española de Transportistas Autónomos y Pymes).
González puntualiza que lo más habitual es que los clientes abonen los servicios a 90 días aunque en algunos casos se alcanzan los 120. Situación que deriva en un incremento de los costes financieros que oscilan entre el 2% y el 10% según la fórmula de pago empleada por el cliente u operador logístico. Por ejemplo, un servicio de 10.000 euros que se va a cobrar en 120 días de plazo, el transportista teien unos costes financieros de 80 euros mensuales si el abono se hace vía pagaré y de 57 euros si se hace mediante confirming. Precisamente este último es el método que eligió el 48% de los contratistas el pasado ejercicio, seguido de la transferencia (27%), el pagaré (23%) y, por último el cheque (2%). “Nos están imponiendo fórmulas y plazos de pago con los que se financian, principalmente los operadores logísticos”, demanda Juanjo Arnedo, vocal de ATFRIE (Asociación Española de Empresarios de Transporte de Baja Temperatura) y prosigue afirmando que “no se puede pretender que todo el mundo se financie a costa de los transportistas. No somos un banco y esto se tiene que acabar”.
En este sentido el sector del transporte terrestre lleva reuniéndose con el Ministerio de Fomento desde el pasado mes de diciembre en pro de desarrollar una serie de medidas “imprescindibles” para el normal funcionamiento de un sector que representa el 2,9% del PIB (Producto Interior Bruto). Entre éstas se encuentra la derogación del “pacto entre las partes”que permite la Ley de Contrato de Transporte. El llamado pacto entre las partes es una fórmula por la que el que contrata el servicio puede pactar plazos de pago más largos que los que establece la Ley de Morosidad si el transportista lo acepta. Normalmente los autónomos siempre los aceptan por no perder un cliente. En este punto, desde el departamento que dirige José Luis Ábalos se ha establecido el compromiso de mediar con el Ministerio de Justicia para llevar la orden a efecto.
“No se puede quedar en agua de borrajas”, insiste Arnedo, quien además alude que es necesario desarrollar un régimen sancionador que penalice este tipo de comportamientos que frenan la competitividad del sector y, por tanto, la sostenibilidad de la actividad y la generación de empleo.
A este problema se debe sumar a los costes anuales de un camión (carburante, mantenimiento, ruedas,...) que ascienden a más de 133.000 euros anuales en el caso de los vehículos articulados de carga general, a casi 190.500 euros por año en los de transporte internacional o a los 49.433 en las furgonetas (datos del Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera del Ministerio de Fomento en octubre de 2018).
En riesgo alto de impago
El 71% de las empresas del sector del transporte son microempresas y otro 24% pymes. Son éstas las que padecen con mayor intensidad los efectos de la morosidad.
Un informe elaborado por Iberinform, unidad de negocio de Crédito y Caución que se dedica a realizar análisis para ayudar a las empresas a detectar oportunidades de negocio, resalta que tres de cada diez empresas (31%) del transporte por carretera están elevado riesgo de impago. De éstas el 4% estarían en un nivel máximo. Las cifras no extrañan a Arnedo, que relata que “la situación está llevando a algunos transportistas a dejar los camiones en la puerta de los concesionarios porque no pueden pagarlos”. El presidente de Fetransa añade por su parte que “los impagos están abocando a muchos a dejar su actividad con un agujero importante”.
Evitar conflictos
Pese a que las negociaciones con Fomento progresan, según reconoció anteayer el Comité Nacional de Transporte por Carretera en un comunicado emitido tras la reunión que se mantuvo con la Dirección General de Transporte Terrestre, la paciencia se agota entre los transportistas que exigen “con urgencia avances reales y efectivos” que permitan mantener la línea de diálogo con el Gobierno y evitar conflictos. Fetransa incluso llegó ayer a publicar un tweet en el que “alerta sobre la proximidad de la realidad del taxi al transporte por carretera”.
En la citada reunión se habrían arrancado dos compromisos. El primero relativo a la inclusión en el régimen de gasóleo profesional a “la totalidad del transporte profesional de mercancías sujeto a autorización de transporte; la eliminación del límite de 50.000 litros por vehículos sujetos a devolución y la implementación de un protocolo de devolución mensual (actualmente trimestral)”. Medidas todas éstas a las que tendrá que dar el visto bueno el Ministerio de Hacienda.
El segundo requiere ser tramitado por el Ministerio de Transición Ecológica, que tendrá que decidir si aprueba un paquete de ayudas a las que puedan acogerse los tranportistas que inviertan en vehículos menos contaminantes.
