Las novedades y los temas que aún quedan pendientes en el Real Decreto sobre cotizaciones

El acuerdo logrado el pasado 22 de noviembre entre el Ministerio de Trabajo y las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos (ATA, UPTA, CEAT y UATAE) para mejorar la protección social de los autónomos y fijar la subida de las bases mínimas de cotización quedó fue rubricado de manera oficial por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguiridad Social, Magdalena Valerio, y los líderes de las organizaciones representativas de autónomos. El texto que se ha formalizado se convertirá en Real Decreto-Ley el próximo viernes 28 cuando lo apruebe el Consejo de Ministros, de forma que las medidas que contiene entrarán en vigor el 1 de enero de 2019.

El proyecto de RD-Ley da forma a lo pactado el pasado 22 de noviembre y recoge una subida de la base mínima de los afiliados al RETA del 1,25% (5,3 euros en la cuota mínima mensual), en línea con los incrementos pactados en los últimos 15 años. Junto a ello, el tipo por el que se calcula la cuota queda en el 30% (dos décimas más). A cambio, todos los autónomos disfrutarán, además de la jubilación o las contingencias comunes, de la cobertura por contingencias profesionales (accidente laboral y enfermedades profesionales), cese de actividad y derecho a la formación. También hay otras novedades como la bonificación de la cuota del autónomo a partir del segundo mes de baja.

Las medidas han sido del agrado de las partes. La ministra Valerio afirmó al término de la reunión que con este acuerdo “España se incorpora al grupo de países europeos que mayor cobertura tienen para los autónomos junto a Luxemburgo”. Además, la titular de Trabajo destacó que el acuerdo sirve para que las bases mínimas de cotización de los autónomos no se vean afectadas por el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y suban un 22,3% a partir de enero. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, también se mostró satisfecho porque, “tras muchas negociaciones, lo hemos conseguido”. Mientras que el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, resaltó que “el acuerdo equipara a los autónomos del RETA con los afiliados al Régimen General”.

El texto, según recalcó Magdalena Valerio, es “provisional” puesto que la intención del Gobierno es cambiar el sistema de cotización actual de los autónomos de forma que sus bases y cuotas se adecúen a sus ingresos reales. Valerio avanzó que el nuevo sistema “aún no tiene fecha” pero se comprometió a que el 31 de enero tendrá ya una propuesta para empezar a concretar. Las asociaciones han reclamado en repetidas ocasiones al Gobierno que todo lo relacionado con el nuevo sistema de cotización pase por un acuerdo. Lorenzo Amor puso énfasis en que su deseo es que se logre ese acuerdo pero advirtió que esta reforma no va a ser fácil porque el colectivo es muy heterogéneo y la adecuación de las bases a los ingresos reales será muy compleja. En su opinión no va a ser un cambio sencillo.

Novedades del proyecto

A falta de su aprobación en el último Consejo de Ministros del año que se celebrará el viernes próximo, el proyecto contiene novedades reseñables como, por ejemplo, la modificación del artículo 22 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social para que el hecho de que, realizando la misma actividad, un trabajador pase de cotizar en el Régimen General a hacerlo en el RETA como autónomo sea considerado una falta grave. Así, crear falsos autónomos puede ser sancionado hasta con 10.000 euros por trabajador. Trabajo quiere seguir la línea ya iniciada el pasado verano con el Plan Director del Trabajo Digno para evitar que algunos empresarios intenten ahorrar costes de cotizaciones convirtiendo asalariados en falsos autónomos.

De importancia es también la subida de la cotización para los contratos temporales de menos de cinco días de duración, que cotizarán un 40% más que el resto de contratos. Hasta la fecha, éstos cotizan un 36% más. Se calculará 1,4 días de alta en la Seguridad Social por cada día cotizado. La ministra de Trabajo señaló que “hay que desincentivar estos contratos de menos de cinco días para que no se contrate de lunes a viernes”. Sin embargo la casuística es muy variada y muchos de esos contratos a veces pueden ser necesarios. De hecho, son muy utilizados, por necesidades del negocio, en sectores donde abundan los autónomos como la hostelería (bares y restaurantes) para cubrir los llamados picos de actividad como pueden ser los fines de semana o periodos vacacionales y también en el comercio minorista en periodos de rebajas, fiestas de Navidad o temporadas de descuentos especiales.  

Asimismo, el Gobierno va a establecer que el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social en el caso de prácticas y programas formativos no remunerados, corresponderá “a la empresa, institución o entidad en la que se desarrollen aquéllos” salvo convenio en contrario. Es decir, que las prácticas laborales de un estudiante contarán con su correspondiente cuota a la Seguridad Social a cargo de quien las facilita y las reglas de cotización serán las mismas de los contratos para la formación y el aprendizaje.

Otra novedad, circunscrita en este caso a los trabajadores por cuenta propia agrarios, es que éstos podrán beneficiarse de la tarifa plana de 50 euros, correspondiente a contingencias comunes, de la misma manera que los afiliados el RETA aunque la de éstos sube a 60 euros. Los trabajadores agrarios no cotizarán no cotizarán por cese de actividad ni por formación. La protección social de los afiliados al Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA) "se fijará por acuerdo en el primer trimestre de 2019", según la ministra Valerio.

El proyecto menciona, por otra parte, la intención de acometer una nueva regulación para los trabajadores autónomos a tiempo parcial.

Lo que se ha echa en falta

A pesar de que hay el RD-Ley recoge las bases del acuerdo alcanzado con las organizaciones de autónomos, no es menos cierto que se echan en falta cuestiones que se pusieron encima de la mesa de negociación:

• Cese de actividad. El acuerdo contempla una mejora en esta cobertura, de manera que por los mismos meses cotizados se cobrará el doble de prestación. Es decir, de un mínimo dos meses se pasa a cuatro y del máximo de 12 meses de prestación ahora serán 24. Igualmente, se creará una Comisión a que los autónomos podrán recurrir si están disconformes con la negación del derecho a cobrar la prestación. Pero, por el momento, el Gobierno no ha dicho cómo va resolver el verdadero problema de la prestación por cese de actividad que es la denegación a más de la mitad de los autónomos (55%) que solicitan esta prestación -pese a haber cotizado por ella- porque los requisitos que marca la ley para su cobro son imposibles de cumplir. El propio secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, reconoció en las Jornadas organizadas por Autónomos y Emprendedores y Cámara de España que el cese de actividad era "un fraude" para muchos autónomos que cotizan por esta prestación y luego se la deniega debido a los requisitos tan duros que impone la norma para su disfrute. El cese de actividad o paro de los autónomos se creó como prestación, con su correspondiente cotización, en el año 2010. Desde entonces, debido a estos requisitos tan duros, de los 130 millones que se recaudan al año por esta cotización sólo 17 millones se destinan al pago de la prestación. Por el momento, Trabajo no ha dicho si se van a modificar los requisitos para el cobro del cese de actividad.
• Formación. El texto que va a ir al Consejo de Ministros recoge que, a partir del año que viene, todos los autónomos cotizarán un tipo del 0,8% por cese de actividad “destinándose el 12,5% de los ingresos que se recauden a las medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad”. Pese a que en la mesa de negociación se habló de que todos los autónomos disfrutarían de formación, ahora parece que sólo la recibirán aquellos que se encuentren en situación de cese de actividad, algo que difiere mucho de lo que parecía estar pactado.
• Maternidad. En las mesas de negociación se habló de garantizar a las trabajadoras autónomas que se reincorporan tras una baja maternal puedan disfrutar de la tarifa plana durante 12 meses sin obligarlas, como ahora, a cesar en su actividad.  Esta medida parece que se ha pospuesto para más adelante.
• Autónomos societarios. En las negociaciones previas al acuerdo se discutió la posibilidad de que los autónomos societarios pudieran elegir cotizar bien en el Régimen General o bien en el RETA. En el proyecto de RD-Ley no se menciona en absoluto esta opción, así como tampoco que las empresas puedan pagar las cuotas de sus autónomos societarios y desgravarlas como gasto en el Impuesto de Sociedades.