Nuevo Reglamento del Taxi de Madrid: El taxi toma posiciones ante las nuevas formas de movilidad

Los últimos años han sido frenéticos en la movilidad madrileña. En España, Madrid está siendo un lugar dinámico por excelencia en el que, por un lado, se han incorporado muchos nuevos actores al mercado (motos y coches, VTC, mini-buses, patinetes, limusinas, vehículos turísticos, monociclos, bicicletas, tuk-tuk, triciclos, segways, ... casi todos compartidos en distintas modalidades); y, por otro, se están aplicando políticas de calidad de aire y restricciones al uso del vehículo privado más en línea con otras capitales europeas. Los valores y costumbres de los usuarios también se encuentran en plena transformación.

Mientras, se percibe un futuro cargado de novedades, entre las que destacan la conectividad, el coche autónomo y las infraestructuras inteligentes. El presente es intenso y la política de movilidad en el corto y medio plazo es uno de los temas estrella de políticos e inversores. Conceptos como movilidad como servicio (MaaS) o smart cities se han incorporado al vocabulario cotidiano, sin que apenas nos diéramos cuenta. El servicio público o de interés general del taxi, junto con las otras modalidades más tradicionales (cercanías, metro y autobús), requería de una urgente revisión de sus propias normas para poder adaptarse mejor al nuevo escenario. Y todo ello, con independencia de sus legítimas reivindicaciones respecto a la competencia desleal y entrada desordenada de vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) –que aún están por sustanciar y resolver-, y de la disrupción de las plataformas digitales de transporte en el segmento de los servicios precontratados, con sus nuevas prestaciones de mejora de la denominada “experiencia de usuario”, que también precisan una regulación adecuada y adaptada.

El transporte a demanda y los servicios ofrecidos desde smartphones han incrementado la demanda de taxis por esta vía en casi un 18%, mientras que en los servicios de contratación directa en calle y parada se percibe desde hace años un retroceso que sugiere la necesidad de ajustar determinadas reglas para que el servicio de taxi, por las virtudes públicas y universales que entraña, se potencie y no pierda el tren de los cambios en las preferencias de los usuarios y las necesidades del municipio y su área de prestación conjunta (APC). El reciente Decreto 35/2019, de 9 de abril (BOCM del 11 de abril), persiguiendo básicamente aquella finalidad, ha venido a modificar Reglamento de 28 de julio de 2005 de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo (que así se llama el Reglamento del Taxi) de Madrid.

Aunque esta reforma ha sido tímida y, como todas las precedentes, discutida por no pocos y alabada por otros muchos, no ha venido acompañada de cambios mayores en la Ley 20/1998, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid -ni en otras leyes de carácter transversal favorecedoras de la actualización y mayor profesionalización de los taxistas-, las modificaciones que incorpora son bastante importantes. Entre ellas considero destacar, por su aporte a nuevos usos y mejora de la sostenibilidad y lucha contra la congestión, el taxi compartido o carpooling, de carácter siempre voluntario, consistente en pagar solo por plaza y recorrido, compartiendo parte del trayecto con otros usuarios, cuando lo autorice la Ordenanza municipal correspondiente y en servicios previamente contratados, preferentemente por medios telemáticos. Además de la ampliación de supuestos en los que los ayuntamientos puedan autorizar tarifas fijas como la que actualmente está vigente para traslados entre el interior de la ciudad y el aeropuerto.

También es muy interesante para usuarios y taxistas, la implantación de los servicios contratados previamente con tarifas máximas, que posibilitarán ofrecer lo que un 71% de los usuarios más demandan al servicio de taxi, y que consiste en que emisoras, aplicaciones o taxistas, si así lo desean, puedan cerrar de antemano un precio por trayecto de inferior o igual importe al que reflejen las tarifas aprobadas por los municipios para este tipo de servicios concertados. Otras novedades, como la libre elección de vehículos por los taxistas, de hasta nueve plazas, y la flexibilidad de los servicios interurbanos, permitiendo la recogida de viajeros fuera del municipio del domicilio de la autorización cuando el destino sea éste, inciden en la necesaria adaptación del servicio de taxi a las preferencias de sus usuarios.

Por último, determinados asuntos como permitir a los municipios establecer planes de amortización de las licencias de taxi; la añadidura como motivo de revocación de la licencia el arriendo, traspaso o cesión de la explotación de la licencia o del vehículo reconocido en ella; la supresión de trabas burocráticas para el mantenimiento del permiso (cartilla) de conductor de taxis, y la limitación a las personas jurídicas de que sean titulares de un máximo de tres licencias, en obligatoria aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tratado de la Unión Europea, sin perjuicio de que una persona física pueda acumular un mayor número de licencias en caso de muerte, jubilación o incapacidad de su titular, componen un cuadro que favorece la mayor eficiencia y racionalidad del servicio de taxi madrileño.

El éxito que tengan las disposiciones contenidas en este Reglamento, está en manos de taxistas y usuarios. Acercar el servicio de taxi a quienes se han alejado del mismo, es parte de su objetivo. No obstante, su implantación no solventa de por sí el principal conflicto que tienen los taxistas, que no es otro que la regulación de los servicios de VTC y su armonización con los de taxi. Pero mejora sustancialmente la posición de estos profesionales respecto al futuro cambiante y apasionante que espera a la movilidad en la capital de España.