Diésel, cotizaciones e IVA entre otras

¿Qué partidas de los presupuestos afectan a los autónomos?

La subida del gasóleo, la revisión de las bases de cotización, la rebaja del IVA de los veterinarios o el aumento de la partida destinada a comercio, turismo y pymes se encuentran entre las medidas que más impactarán al bolsillo de los autónomos. 

PGE_Pastor
¿Qué partidas de los presupuestos afectan a los autónomos?

“Dan respuesta a grandes retos y solucionan la gran mayoría de los problemas del día a día de los ciudadanos”. Así presentaba el lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Unas cuentas que afectan a todos los españoles. Y este año, especialmente al colectivo de autónomos.

Con la vista puesta en las elecciones, el Gobierno ha planteado medidas que deberían revertir en una mejora de la protección social del colectivo, después de las negociaciones con las organizaciones de autónomos. “Las clases medias, los autónomos y las pymes quedan blindados y protegidos con este presupuesto”, aseveraba la titular de Hacienda.

En términos generales el Ejecutivo se muestra optimista. Las previsiones determinan que la economía española siga creciendo aunque de modo más lento, a un compás del 2,2%. La recaudación total alcanzará los 253.101 millones de euros con un aumento de los ingresos tributarios del 9,5%. En el caso particular de la Seguridad Social las cotizaciones aportarán 123.584 millones de euros al sistema, que provendrán tanto de las subidas de las bases máximas y del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) como de la creación de empleo, que marcará un ritmo de crecimiento “cercano al 2%” - algo más de un punto menos de lo que lo venía haciendo con el Gobierno del Partido Popular-. De hecho, pese a que Montero afirmó que serán 400.000 los nuevos puestos de trabajo que se generen este año, hay voces que -tomando como base el cierre de 2018- lo cuestionan y rebajan la cifra a entre 230.000 y  350.000. En el apartado de gasto la mayor parte de los 209.510 millones de euros (+57,3%) se destinarán al pago de las pensiones.  

Todas estas grandes cifras que dan forma al último escalón de la pirámide económica vienen sostenidas, entre otras, por medidas que desde la base tocarán al bolsillo de los autónomos, los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son?

IVA

Las cuentas prevén que la recaudación por IVA alcance los 73.712 millones de euros, esto es un 5,1% más que en 2018. Todo ello sin el efecto SII (Suministro Inmediato de Información) que desplaza un mes de recaudación al ejercicio siguiente y en un escenario en de contracción de seis décimas del consumo privado (hasta el 1,7%) en términos de contribución al PIB (Producto Interior Bruto).

Entre las novedades que afectan al colectivo de autónomos se encuentra la rebaja del IVA de los servicios de asistencia veterinaria, que se reduce del 21% al 10%. En términos de recaudación Hacienda dejará de ingresar 35 millones de euros.

El IVA de los libros electrónicos y de los productos de higiene femenina también se revisa, quedando éste en el tipo superreducido (el que se aplica a los productos de primera necesidad) al 4%.

Además, cabe recordar que desde el pasado verano los servicios prestados por actores, productores cinematográficos, intérpretes, técnicos… tributan al 10%.

Fiscalidad verde

Los impuestos procedentes de los hidrocarburos aportarán un montante de 13.580 millones de euros al fisco. Un 21,3% por encima de la recaudación de 2018. En esta partida se encuentran los 670 millones que el Ejecutivo pretende obtener del impuesto al diésel. No obstante, la ministra de Hacienda, insistió en que “España cuenta con la gasolina más barata de Europa” y en que la subida de 3,8 céntimos por litro “no afectará a sectores vulnerables como los transportistas, para evitar que se encarezca su volumen de negocio”. Asimismo destacó que “todo” el sector del transporte podrá acogerse al gasóleo bonificado. Hasta ahora está limitado a vehículos de peso máximo autorizado igual o superior a 7,5 toneladas y destinados al transporte de mercancías por carretera, taxistas con autorización y taxímetro y vehículos de motor destinados al transporte de pasajeros.

En cuanto a qué se hará con el dinero recaudado, la intención del Gobierno es destinarlo a incentivar políticas de movilidad sostenible, ayudar a la transición de las empresas hacia la economía verde e impulsar ayudas para la compra de vehículos eléctricos.

Impuestos especiales

Pese a que en este apartado no se introducen novedades, llama la atención que la recaudación por alcohol y bebidas derivadas así como por la cerveza aumenta un 3,8% (874 millones de euros) y un 6,4% (340 millones de euros). Esto sugiere bien un incremento del consumo o bien un aumento de los precios, circunstancias ambas que afectan directamente al sector de la hostelería.

Los estanqueros, sin embargo, podrían ver reducidas sus ventas de tabaco si se cumplen las previsiones del Gobierno ya que calcula que los ingresos por el impuesto que grava su venta se bajarán un 0,2% (6.594 millones de euros).

Limitación de los pagos en efectivo

Los autónomos, profesionales y empresas no podrán realizar pagos en efectivo por importe superior a 1.000 euros (actualmente el tope está establecido en 2.500 euros). El objetivo de aflorar parte de la economía sumergida reportará al Ejecutivo un montante de 218 millones de euros.

Sociedades

“Los autónomos y pymes pagan más impuestos que las grandes corporaciones, lo que no se puede permitir”, afirmó la titular de Hacienda durante la rueda de prensa de presentación de los PGE.

Los autónomos que desarrollen su actividad bajo una fórmula societaria y que facturan menos de un millón de euros se beneficiarán de una rebaja de dos puntos en el tipo del impuesto de sociedades. Más del 99% de las empresas españolas (la gran mayoría pymes de entre 1 y 10 empleados) tributarán al 23%.

La medida costará al Gobierno 260 millones de euros, lo que se compensará con el aumento de la tributación en el caso de las grandes empresas. Con objeto de aproximar el tipo nominal (por el que se debería tributar) y el efectivo (por el que se tributa después de exenciones fiscales) el Ejecutivo socialista ha decidido aumentar el tipo mínimo al 15%. Las previsiones apuntan a un incremento de 1.776 millones de euros en la columna de ingresos.

Cotizaciones sociales

El Real Decreto que se aprobó el pasado 28 de diciembre avanzó algunas de las medidas en materia de cotizaciones que recogen oficialmente los PGE y afectan al colectivo de autónomos.  Las bases mínimas se incrementan un 1,25% y el tipo se eleva hasta el 30%. En términos de cuota se traduce en 5,35 euros más al mes que tendrán como contrapartida la mejora de la protección social del colectivo (formación, cese de actividad, incapacidad temporal…).

La Tarifa Plana pasa de 50 a 60 euros durante los 12 primeros meses siguientes al alta en el RETA.

En relación a las bases máximas también se incrementan un 7%, medida que afectará en torno a 60.000 autónomos.

De los casi 123.600 millones de euros que llegarán a las arcas de la Seguridad Social durante este año, 11.508 procederán del Régimen de Autónomos. A ello hay que añadir los 322 que generará la extensión de la cotización por cese de actividad a los 3,2 millones de autónomos.

Pensiones y complemento a mínimos

El déficit de la Seguridad Social se prorroga un año más. El gasto se eleva hasta los 154.645 millones de euros, superando en 31.000 millones al volumen de ingresos. El 87,5% se destina al pago de pensiones, entre ellas las de los autónomos que cobrarán un 1,7% más y un 3% más si perciben la mínima.

En lo que respecta a la partida de complemento a mínimos también aumenta un 0,1%, hasta lo 7.337 millones de euros (ocho más que el pasado ejercicio).

En el caso de las pensiones de viudedad y orfandad se aumenta cuatro puntos el tipo aplicable a la base reguladora para el cálculo de la pensión, hasta el 60%. Cabe recordar que esta medida ya fue aprobada por el Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2017.  

Cese de actividad

Tras el acuerdo alcanzado con las asociaciones de autónomos, encabezadas por ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) y UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), se extiende a todo el colectivo la cotización por cese de actividad -voluntaria hasta el pasado 1 de enero-. Ello permitirá a los autónomos que se vean obligados a cerrar su negocio, solicitar la prestación a partir del segundo mes (sólo se permitía a partir del cuarto) y tendrán derecho a percibirla durante un máximo de 24 meses (12 hasta la aprobación del RD).

Las cuotas percibidas por esta prestación reportarán a las arcas de la Seguridad Social un montante de 322 millones de euros. De los que 105 se destinarán al pago del cese de actividad propiamente dicho, las contingencias profesionales y la cuota a partir del día 61 de los autónomos que estén en situación de incapacidad temporal.

Formación

También relacionado con el cese de actividad destacan los 14 millones de euros que gestionará el SEPE para el programa 224M Prestaciones económicas por cese de actividad. Este tal y como se detalla en la página 257 del proyecto de presupuestos generales para este año “tiene por objeto regular un sistema de protección por cese de actividad para los autónomos así como impulsar medidas de formación, orientación y promoción de la actividad emprendedora”.

Impulso al comercio

Los sectores del comercio, del turismo y de las pymes están de relativa enhorabuena. Pese a que el libro amarillo no entra en detalle se recoge un aumento del 1,3%, desde los 893 millones de euros de 2018 hasta los 908 millones de euros que se recogen en las cuentas de este año. No obstante, el aumento de la dotación está 1,5 puntos porcentuales por debajo del que se aprobó el anterior ejercicio, cuando el incremento fue del 2,8%.

Por otra parte, estos sectores son los que acumulan mayores beneficios fiscales. Concretamente 5.738 millones de euros, el 15,4% del total presupuestado.

Una partida que no se encargará de ejecutar la actual ministra del ramo Reyes Maroto, que ha sido nombrada candidata a la alcaldía de Madrid.

Conciliación

Además de los avances en maternidad que se incorporaron el pasado año con la Ley de Reformas Urgentes para el Trabajo Autónomo, el proyecto de PGE de 2019 incorpora la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas. El objetivo es equipararlo a las 16 semanas en un periodo de tres años. La dotación presupuestaria para este tipo de prestaciones (maternidad, paternidad, lactancia y riesgos durante el embarazo) aumenta un 11,7% hasta los 2.858 millones de euros.