El plazo medio de pago que sufren los autónomos sólo ha mejorado un día
El plazo medio de pago a los autónomos solo ha mejorado en un día, pues de los 71 días registrados a 31 de mayo de 2017 se ha pasado a 70 días un año después. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha hecho público este miércoles un nuevo informe sobre la morosidad pública y privada y el resultado es demoledor: las administraciones locales y las grandes empresas continúan incumpliendo los plazos legales de pago a sus proveedores hasta el punto de que su presidente, Lorenzo Amor, ha declarado que “esto no puede seguir así, España es el paraíso de los morosos”.
Administraciones públicas y empresas privadas siguen incumpliendo la Ley de Morosidad, que fija un plazo máximo de 60 días para abonar facturas por entrega de mercancías o prestación de servicios, ya que el plazo medio a 31 de mayo de 2018 se sitúa en 70 días, un día menos que hace exactamente un año cuando era de 71 días.
A esta media contribuyen sobre todo las administraciones locales, por parte pública, y las grandes empresas de más de 1.000 trabajadores, por parte privada, según el informe de ATA. Los entes locales (ayuntamientos, diputaciones y cabildos), precisamente el tipo de administración con el que más trabajan los autónomos, pagan de media sus facturas en 95 días, con lo que han subido respecto a 2017 cuando tardaban 88 días. El más moroso es el Ayuntamiento de Jaén, que tarda 589 días, seguido del gran canario de Telde, con 457 días; el madrileño de Parla, con 360; y el gaditano de Jerez de la Frontera, con 322. El mejor pagador es el Ayuntamiento de Vigo, que sólo emplea 14 días en pagar, seguido de los de Cáceres (22), Badajoz (23), Alicante (26) y Avilés (27). En cuanto a las diputaciones más morosas, destacan Cádiz, con 114 días de tardanza, y Huesca, con 98.
El informe de ATA resalta que, a pesar de la media, las administraciones autonómicas y Central han mejorado en este año transcurrido y sus plazos de pago se sitúan en 45 y 55 días, respectivamente. Las excepciones son comunidades autónomas como Cantabria, Murcia y la Comunidad Valenciana que están por encima del límite legal de 60 días. La autonomía cántabra tarda, por ejemplo, 73 días. Lorenzo Amor ha señalado que, como se puede observar, los incumplimientos no entienden de colores políticos sino “de malos o buenos gestores”.
La morosidad privada
En el ámbito privado, el informe arroja el mismo resultado que hace un año: son las empresas grandes, las que superan los 1.000 trabajadores, las más morosas con sus proveedores autónomos ya que les pagan al cabo de 115 días, un día más que en el mismo periodo de 2017. Amor ha comentado que se constata una vez más “que las grandes empresas se financian con el impago a sus proveedores”. Lo sorprendente es que, a medida que decrece el tamaño de las empresas, los plazos mejoran considerablemente. Son 109 días para las de 250 a 1.000 trabajadores; 63 para las que tienen entre 50 y 250; 52 días para las que cuentan con una plantilla de entre 9 y 50 trabajadores; 47 para las microempresas que no superan los 9 empleados y 38 días entre autónomos. En ATA explican que, en parte, esta situación se debe a que cuanto más pequeña es la empresa o entre los propios autónomos, se tiene más temor al retraso de los pagos. “Cuando un autónomo no paga, ha de afrontar intereses de demora y embargos sin ninguna duda, mientras que a los grandes y a las administraciones locales no les pasa nada”, ha declarado Amor.
Régimen sancionador
El presidente de ATA ha reclamado que se tomen medidas de inmediato para hacer cumplir la ley y ha celebrado que este jueves 28 de junio se constituya en el Congreso de los Diputados la ponencia para estudiar la norma que ha de completar la Ley de Morosidad con un régimen sancionador. “Este tema lleva más de un año distraído en el Congreso. Espero que la ponencia termine sus trabajos en el mes de septiembre y que en enero del año que viene exista un régimen sancionador para los morosos”, ha señalado. Asimismo, ha pedido que se incluya la existencia de un buzón anónimo de denuncias de morosidad porque “nos consta que Administraciones y grandes empresas están utilizando trucos para enmascarar sus plazos de pago y hay que poder denunciar estas malas praxis para que actúe la Inspección de Hacienda”.
