Sólo un 12% de autónomos y pymes exigen recargos a sus clientes morosos
Seis de cada diez empresas en Europa incumplen por sistema los periodos legales de pago. Mala costumbre que se practica principalmente entre multinacionales y grandes compañías, el 68% piden a sus clientes que les alarguen el plazo acordado. Pero muy pocos autónomos y pymes se atreven a exigir el 8% de intereses por demora en el pago de sus facturas. Más de la mitad reciben propuestas para alargar los plazos de pago y hasta un 60% aceptan esta irregularidad.
España no se baja del podium de la morosidad europea. Algo que casi con toda probabilidad tiene que ver con que, como viene insistiendo Lorenzo Amor, presidente de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos) “ser moroso en España sale gratis”.
Pese a que más de la mitad de los autónomos, pymes y empresas españolas reconocen conocer el contenido de la Directiva Europea contra la Morosidad, que establece la posibilidad de aplicar tipos de interés de demora del 8% mínimo además del derecho a cobrar un recargo a partir de 40 euros en pagos atrasados, sólo el 12% lo hace (3% siempre, y 9% en ocasiones). Porcentaje que está, nada más y nada menos, 17 puntos por debajo de la media de Europa (29%), según se detalla en los resultados del Informe Europeo de Pagos elaborado por la consultora Intrum Justitia.
La renuncia al cobro de intereses y recargos no es lo único alarmante del informe. Los clientes tardan una media de 46 días en pagar si son particulares y 51 si se trata de empresas o de la propia Administración Pública. En estos dos últimos, los datos son inferiores a los proporcionados tanto por ATA como por Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) que fijan en 71 y 65 días respectivamente los periodos medios de pago entre el sector empresarial y en 70 y 73 días los de instituciones, organismos y empresas públicas.
A la vista de los datos parece que la entrada en vigor de dicha directiva no ha surtido efectos. Seis de cada diez empresas en Europa reconocen pagar tarde por sistema. Asimismo, a nivel nacional ocho de cada diez empresas afirman no haber percibido cambios en los comportamientos de sus clientes a la hora de pagar sus facturas.
A este respecto el informe de Intrum apunta a la posición de poder de las multinacionales y grandes compañías, que emplean la morosidad, como herramienta de financiación a coste cero. Más de la mitad de las empresas españolas (51%) “reciben peticiones para aceptar plazos de pago más largos”. Lo grave es que el 42% de ellas da un sí por respuesta. Ambos porcentajes se elevan al 68% y 64% respectivamente si quien formula la solicitud es una multinacional.
Los datos de ATA demuestran a su vez que la morosidad es directamente proporcional al tamaño de la empresa. Aunque es cierto que se ha producido una mejora en los periodos medios de pago (PMP), las grandes compañías con más de 250 trabajadores abonan sus facturas en 110 días, y las medianas (de 50 a 250 empleados) en 66. En ambos casos incumplen con la legislación europea.
Pérdidas y “morrosos”
La falta de liquidez es la primera consecuencia de la morosidad en las empresas. A partir de ahí se produce un efecto en cadena que limita las inversiones, la creación de empleo, la competitividad y el crecimiento de los autónomos y pequeñas empresas. Incluso, muchos se ven obligados a cerrar -500.000 durante la crisis-. Los datos de la consultora resaltan que quienes sufrieron impagos perdieron un 0,7% respecto a su facturación, cifra que mejora en 1,3 puntos respecto a 2017 (2,0%). Asimismo, el 16% afirma que si le pagasen a tiempo podría ampliar su plantilla.
En relación a los motivos que justifican -o al menos así se pretende- la morosidad, las dificultades financieras prevalece en un tercio de los casos. No obstante, y he aquí la guinda del pastel, todavía un 21% entra dentro del conjunto de “morrosos” (lo hacen intencionadamente), tal y como califica Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) a quienes abusan de estas prácticas.
Alejandro Zurbano, director general de Intrum España, explica mediante comunicado que “el incumplimiento de los plazos de pago provoca inseguridad en el tejido empresarial, por lo que es necesario que todas las cuestiones relacionadas con unas condiciones de pago razonables. Tengan más peso en la gestión empresarial y pasen a ser una parte importante de la responsabilidad de las empresas”.
Pese a todo lo anterior el 56% de los autónomos y pymes españolas reconocen no contar con ningún tipo de seguro de crédito o garantía que le cubra ante el riesgo de impago.
Régimen Sancionador
Cuatro de cada diez autónomos y empresas son partidarios de que se incorporen novedades legislativas que penalicen a las empresas que incumplan con los plazos de pago. A este respecto, España podría tener un Régimen Sancionador con multas de hasta 819.780 euros antes de final de año, siempre y cuando se desbloquee el debate de la proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad y las operaciones comerciales, impulsada por Ciudadanos en junio del pasado año y que fue respaldada por todos los grupos parlamentarios.
