Sostenibilidad y cálculo de la pensión en Europa

El futuro de las pensiones públicas es una preocupación en todos los estados de bienestar de la Unión Europea. Hay un hecho innegable que afecta a todos: el envejecimiento de la población europea. Eurostat maneja el dato que lo demuestra y es que la llamada tasa de dependencia -la de las personas de mayor edad con respecto a las personas en edad de trabajar- ha subido hasta llegar casi al 30% en diciembre de 2016 en la Europa de los 28. 

De ahí, que la mayoría de los países europeos hayan acometido reformas de sus sistemas públicos de pensiones, la mayoría de ellos en los primeros años de la década, en plena crisis económica. Así ocurrió en Francia, Italia, Grecia, Portugal y Suecia (aquí unos años antes). En todos los países citados, se decidió ampliar el periodo para calcular la pensión de jubilación. En Italia, Grecia, Suecia y Portugal se ha alargado a toda la vida laboral del trabajador, si bien en el país vecino se establecen 40 años, lo que viene a ser lo mismo. En Francia, se deja elegir al pensionista los mejores 25 años de su vida laboral. En las dos reformas que llevó a cabo España, en 2011 y 2013, también se amplió el periodo, desde los últimos 15 años de vida laboral a los 25 años en una progresión que terminará en el 2022. Y ahora, la extensión a toda la vida laboral, también se esta planteando.

Ya son 21 los países de la UE que han adoptado esa medida. El Banco de España llegó a explicar en uno de sus estudios, al analizar las reformas del sistema de pensiones de nuestro entorno en los años de la crisis, que ampliar el periodo de cálculo beneficia a más trabajadores, pues la referencia de los últimos años sólo es positiva para los que cobran salarios más altos.

El caso alemán

Uno de los países europeos pioneros en reformar su sistema de pensiones públicas fue Alemania. A raíz de la unificación del Este y el Oeste en 1990, el país se enfrentó a una sacudida de su estado de bienestar por la absorción en el mismo de millones de personas con un nivel de vida mucho más bajo. La reforma más reciente de las pensiones la llevó a cabo en 2007 la canciller Angela Merkel recién llegada al Gobierno. Entonces se tomaron dos medidas estrella: ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años y fijar porcentajes reductores de la prestación si la jubilación se produce antes aunque se cuente con los años de cotización requeridos (35 años antes de cumplir los 67). Estas dos medidas fueron y siguen siendo muy contestadas por parte de la sociedad alemana, al considerarlas un recorte de su estado de bienestar. El periodo de cálculo no se tocó y, hasta hora, nadie lo ha solicitado aunque las pensiones públicas siguen siendo uno de los problemas económicos de los gobiernos de Merkel.

Una de las medidas que más se pone en cuestión en Alemania, y en muchos otros países, es la de intentar salvar la sostenibilidad del sistema por la vía de aumentar las cotizaciones sociales. El propio Banco de España en su análisis recoge estudios que “revelan los efectos adversos” de esas subidas para los propios trabajadores, las empresas y la marcha de la demanda en general.

Grecia, Suecia, Italia...

En Grecia, cuando comenzaron los graves problemas económicos y financieros a comienzos de esta década, se reformó igualmente el sistema público de pensiones. Éste se caracterizaba por tener la tasa de sustitución -lo que supone la cuantía de la pensión media frente al salario medio- más alta de la eurozona. El país heleno tenía los pensionistas mejor sostenidos de Europa. Aún así, la reforma incluyó, entre otras muchas medidas, la ampliación del periodo de cálculo a toda la vida laboral. Se consideró que era un sistema más justo que tener una tasa de sustitución tan elevada. 

En Suecia se han tomado diversas medidas para garantizar pensiones públicas a sus jubilados desde finales de los años 90. El actual sistema, fruto de la reforma realizada en los primeros años del siglo XXI, se basa en que la pensión se calcula con las contribuciones realizadas por el trabajador desde los 16 años y durante toda su vida laboral.

En Italia, la gran reforma de hace diez años intentó adecuar un sistema público muy complejo y hasta criticado por Bruselas en algunas cuestiones, como el hecho de que la edad legal de jubilación para la mujer fuera a los 60 años mientras que para el hombre, los 65. Estos cambios trajeron, por ejemplo, no sólo la ampliación a toda la vida laboral sino también la posibilidad de "rescatar" los años de estudio como periodos cotizados.

Francia también ha visto la necesidad de asegurar sus sistema de pensiones públicas a la vista, no sólo de la crisis, sino de su enorme coste, provocado sobre todo por la edad tan temprana de jubilación que tenían en los 17 regímenes de que consta su Seguridad Social. Durante la presidencia de Nicolás Sarkozy, se llevó a cabo una reforma, también muy polémica y contestada, en la que se incluyó el cálculo de la pensión basado en los mejores 25 años de la vida laboral. Al igual que en otros países, esta medida no sólo no levantó ampollas, sino que fue de las pocas de la reforma de Sarkozy que fue bienvenida.

Futuro en España

En España, el Gobierno ha anunciado su intención de proponer en el seno del Pacto de Toledo la ampliación a toda la vida laboral del periodo de cálculo, con posibilidad de escoger los mejores años. En esto no hará más que seguir la tendencia europea y la de los países de la OCDE, en la que la mayoría se están inclinando por la ampliación.

De hecho, en la recomendación número 11 del Pacto de Toledo, titulada “Contributividad”, se propone “avanzar en una mayor adecuación de la pensión y el esfuerzo realizado por cada trabajador”.