Lo que los taxistas necesitan del nuevo alcalde de Madrid

Se abre un nuevo periodo en el Ayuntamiento de Madrid. Dada la evolución del conflicto entre VTC (vehículos de arrendamiento con conductor) y taxis y la actitud pasiva del anterior consistorio, al actual equipo municipal le va a tocar arremangarse y emplearse a fondo para conseguir poner en marcha la mejor regulación, eficiente y armónica, de ambos segmentos de transporte, intentado no recaer en las “políticas del parche” habidas hasta la fecha y, conseguir así, que Madrid recupere el papel de liderazgo en las políticas de movilidad, para ser referente de otras ciudades españolas y europeas.

Desde la óptica del sector del taxi consideramos que las soluciones que se apliquen precisan de una coordinación real y efectiva entre los gobiernos autonómico y  municipal. Ello debe implicar, en primer lugar, llevar a cabo la digitalización del control y sanción de las empresas de arrendamiento con conductor (VTC) que operen en nuestra Comunidad, a fin de que los incumplimientos sistemáticos de la reserva de mercado del taxi (recogida de pasajeros en circulación y en paradas) dejen de resultar rentables a sus infractores y conlleven sanciones muy graves y la pérdida drástica de las autorizaciones de transporte, una vez el Gobierno estatal tramite la reforma del régimen sancionador prevista en el Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre (popularmente conocido como Decreto Ábalos).

Al actual equipo municipal le va a tocar arremangarse y emplearse a fondo para conseguir poner en marcha la mejor regulación eficiente y armónica, de ambos segmentos de transporte, intentado no recaer en las “políticas del parche”.

Que cada servicio se ajuste a su mercado, sin invasión desleal de segmentos. Y en el caso de los servicios precontratados -único mercado de concurrencia entre taxis y VTC -deben desarrollarse municipalmente las condiciones de competencia más favorables para el usuario y compatibles con el carácter de servicio de interés general que tiene el taxi.

En este aspecto, de modo inaplazable, ha de desarrollarse por Ordenanza Municipal el Decreto 35/2019, de 9 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid. El objetivo es ampliar los supuestos de tarifas fijas -como en su día se hizo con las del aeropuerto- a los trayectos con inicio y/o destino en otras zonas, especialmente las de cero emisiones, así como poner en marcha efectiva la prestación de servicios de taxi compartido (carpooling) y los precios cerrados bajo la modalidad de tarifas máximas (artículo  38.3  del Decreto 35/2019, de 9 de abril) en los servicios precontratados. De este modo se garantizan los derechos de los usuarios y permitiendo que el precio final sea conocido de antemano por éstos, favoreciendo también la flexibilidad horaria en el servicio y ciertas reducciones tarifarias en los periodos y fechas en los que el taxi pueda ser de mayor utilidad al sistema público de transportes, tales como picos de contaminación o eventos locales.

Por otro lado, debe reconocerse por todos que ha existido una liberalización (2009) y subsiguiente regulación de las VTC (2015), y que por ello se hace imprescindible, tras una penosa década sufrida por los taxistas, promover ante el Gobierno de España un sistema de compensaciones al taxi y la reordenación eficaz de la oferta de movilidad en vehículos de hasta nueve plazas.

Madrid ha sido el epicentro de los efectos indeseados de aquellas medidas, con más de 8.000 VTC circulando por sus calles y debe ser la propia Madrid quien marque la ruta para dicha reordenación. La movilidad como negocio prevé crecimientos de hasta un 300% en los próximos años, en consecuencia, ahora es el mejor momento para afrontar las medidas que atiendan al interés general ofreciendo certidumbre y seguridad al sector del taxi, persiguiendo a la par el equilibrio y armonía entre la oferta de taxis y VTC y demás operadores de movilidad. 

Otras eficiencias relativas a vehículos y tecnología, que corresponden a la Comunidad y ayuntamientos, son también urgentes y necesarias para dar respuesta a la competitividad del sector, como el máximo apoyo financiero a la renovación de la flota de taxi en favor de la sostenibilidad medioambiental del servicio y el proyecto de taxímetro digital, que debieran ser liderados por Madrid.

Madrid ha sido el epicentro de los efectos indeseados de aquellas medidas, con más de 8.000 VTC circulando por sus calles y debe ser la propia Madrid quien marque la ruta para la reordenación eficaz de la oferta de movilidad.

También desde el ámbito municipal se deben arbitrar medidas que potencien las fórmulas para la libre elección de vehículo y favorecer la contratación pública sostenible y responsable con el sector del taxi, junto con apoyos para el enfoque del servicio al turismo como sector estratégico e integrar al taxi en las encuestas de coyuntura turística y similares. 

Por último, habrá de afrontarse con base en la libertad de elección, pero sin miedos o complejos, la regulación y control municipal de la operativa de plataformas digitales como Uber y Cabify tanto en materias ligadas a su carácter de intermediarios de movilidad, como en los aspectos sociales, tributarios y relativos a los derechos a los consumidores. En virtud de las competencias propias de los municipios en materia de transportes urbanos, medioambiente y circulación, y, en su caso, por habilitación de la  Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid debería regular pronto por Ordenanza, al menos, determinada ordenación y restricciones al servicio de arrendamiento de vehículos con conductor en el municipio, con el debido respeto a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, tales como modular el uso intensivo de VTC con origen y destino en el centro histórico o zonas con restricciones a la circulación, aeropuertos, estaciones de tren y autobuses, y acometer la  prohibición de estacionamiento en la vía pública a este tipo de vehículos (total o sujeta a límite temporal según la zona de la ciudad), así como circular, esperar o recoger pasajeros, por los carriles reservados inicialmente a autobuses y taxis.