Trabajo pretende crear decenas de comisiones para resolver las denegaciones del cese de actividad
Las dos asociaciones con mayor representación de autónomos hacen pública su disconformidad ante la resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad Social que determina crear comisiones en cada provincia para resolver las reclamaciones de los trabajadores a los que se les haya denegado la prestación por cese de actividad, conocido como 'paro de los autónomos'.
Una comisión por provincia. Este es el nuevo punto de fricción entre los autónomos y la Secretaría de Estado de Seguridad Social, y que se ha suscitado al conocer las reglas de la comisión paritaria que se encargará de resolver los conflictos que se deriven de la denegación de solicitudes por cese de actividad, es decir, el paro de los autónomos.
El BOE publicaba ayer la resolución del departamento que dirige Octavio Granado y que, en su apartado segundo, determina que “el ámbito de la comisión paritaria será el provincial, de modo que se constituirá una comisión paritaria en cada provincia”. Punto que no ha gustado a las dos organizaciones con mayor representación de autónomos, ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) y UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos). Ambas piden que “se constituya una comisión única a nivel nacional o como mucho autonómica”. Para ambas organizaciones crear tantas comisiones "no es operativo" y se estarían planteando no participar en ellas aunque está decisión aún no está tomada.
Así las cosas parece complicado que se complete la composición de la comisión, que tal y como dicta la resolución estará integrada en cada provincia, además de por el citado representante de las asociaciones de autónomos, por un funcionario del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), un representante de AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo), una persona designada también por la Asociación de Mutuas que actuará en calidad de secretario y, si así se decide, un letrado de la Administración de la Seguridad Social "con voz pero sin voto".
Tras la aprobación del Real Decreto Ley de 28 de diciembre, que extiende la protección por cese de actividad a los 3,2 millones de autónomos -desde el 1 de enero de 2019 todos cotizan un 0,70% por esta contingencia que se incluye en la cuota mensual de 283,35 euros-, se acordó modificar el artículo 350 de la Ley General de Seguridad Social. Este decreto determinaba que eran las Mutuas las que resolvían el resultado de las solicitudes, aunque aplicaban la norma con total rigurosidad que en una gran mayoría de casos se denegaban porque muchos autónomos, pese a haber cotizado no podían cumplir los requisitos que se exigían. De hecho, según los datos de Seguridad Social, a cierre del año 2018, se presentaron un total de 3.647 solicitudes de las que sólo se reconocieron 1.857. Poco más del 50%.
Comisión asesora nacional
Pese a que desde ayer los agentes integrantes tendrán un plazo de 10 días para designar representante, desde el colectivo de autónomos esperan que Seguridad Social rectifique. De hecho, el apartado octavo de la resolución hace referencia a la constitución de una comisión asesora a nivel nacional presidida por la Directora del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social -o por la persona en quien delegue- en la que actuaran como vocales representantes de AMAT, de las asociaciones de autónomos, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, del INSS y del Instituto Social de la Marina. Uno por cada una de ellas. Así como un letrado de la Administración de la Seguridad Social que actuará como secretario, también sin voz ni voto.
Si finalmente Octavio Granado y su equipo se hacen eco de la petición de los autónomos y optasen por ampliar las funciones de esta comisión nacional más allá del propio asesoramiento y la orientación, el primero de los efectos sería la eliminación de duplicidades. Además, se dotaría de seguridad jurídica a los autónomos que tengan que recurrir a cobrar esta prestación ya que los criterios de valoración serían los mismos para todo el territorio nacional.
En caída desde junio de 2012
Con 1.073 perceptores a finales de diciembre, el cese de actividad resulta ser la prestación más rentable para el sistema. La duración media de quienes cobran el conocido como paro de los autónomos esta es de 9,8 meses siendo el importe medio de 774,39 euros al mes. Asimismo, del importe total recaudado sólo se destina en torno a un 11% a abonarlas. Las previsiones de ingresos por este concepto el pasado ejercicio se fijaban en 133,25 millones de euros, frente a ello la cantidad destinada a pagar el cese de actividad apenas han rozado los 10,5 millones de euros, según los datos recogidos en el Informe de Ejecución Presupuestaria de la Seguridad Social. Esto significa un 4,67% menos que en 2017. Escaso éxito que se refleja en la caída del número de autónomos que cotizaban por la citada contingencia. Desde que se alcanzase su pico más alto en junio de 2012 con 665.036 cotizantes hasta diciembre de 2018 (fecha de la extensión a todo el coelctivo), el número se ha reducido un 32% (hasta los 449.189).
Con la modificación que introdujo el Real Decreto Ley de 28 de diciembre se espera cierta mejoría en los datos. Las previsiones que maneja el Ejecutivo apuntan a una recaudación de 322 millones de euros, de los que se destinarán 105 para abonar la prestación -con el resto se asumirán las cuotas de quienes se encuentren en situación de incapacidad temporal-. Además el periodo mínimo de disfrute de la prestación se amplia de dos a cuatro meses.
Sin embargo no será suficiente. Desde las asociaciones de autónomos vienen reclamando a los sucesivos Gobiernos que se revisen con carácter de urgencia las condiciones para acceder a la prestación, algo a lo que la actual ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, se comprometió el pasado mes de septiembre durante un desayuno informativo. Por el momento las organizaciones que representan a los autónomos no han recibido noticia alguna.
Y es que el calvario al que se enfrentan quienes solicitan el cese de actividad se suma a la fatalidad que ya de por sí supone tener que cerrar un negocio. Además de estar cotizando por esta contingencia de forma continuada durante los 12 meses previos al cierre del negocio han de justificar que existen causas para ello. Entre estas, deben demostrar que se han producido pérdidas económicas por importe superior al 10% de su facturación. Muchos autónomos se encuentran que no puden justificar estas pérdidas porque la ley no les exige llevar contabilidad, como es el caso de aquellos que se encuentran en el sistema de cotización por módulos.
