Trabajo facilitará que los autónomos accedan al ‘paro’
El Gobierno se ha comprometido a dar una vuelta de tuerca a la prestación por cese de actividad, conocido como "el paro de los autónomos”, para que un mayor número de profesionales puedan acceder a ella en caso de que se vean obligados a cerrar su negocio. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, lo ha anunciado esta mañana durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum. Además, ha insistido en la necesidad de que los afiliados al RETA han de cotizar en función de ingresos reales.
Mejorar el acceso al cese de actividad o ‘el paro’ de los autónomos es una de las prioridades de la hoja de ruta del Gobierno. “Tenemos que hacer algo con la prestación por cese de actividad. No puede ser que se recauden 130 millones de euros y sólo se destinen 15 a pagar las prestaciones”, ha afirmado esta mañana Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Valerio, que ha participado en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, ha apuntado que se está trabajando en flexibilizar “los excesivos requisitos” de acceso a dicha ayuda. Lo cierto es que la tesis de que el cese de actividad de los autónomos sea quizá la prestación más rentable para la Seguridad Social cobra fuerza a la vista de los datos de Ejecución presupuestaria. En 2017 se recaudaron 126 millones de euros y apenas se destinaron 12 a abonar la prestación. Además, en lo que llevamos de año se han denegado el 56% de las 1906 solicitudes que se presentaron ante las Mutuas (entidades gestoras de la prestación), en su mayoría por la rigidez en las condiciones de acceso a la prestación.
A este respecto, el único detalle que ha señalado Valerio es que se ha de trabajar en “flexibilizar los excesivos requisitos”. No obstante, fuentes próximas a la Subcomisión para la Reforma del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) -que celebró ayer su última reunión previa a la publicación del documento de recomendaciones y en la que participó el secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granados-, han explicado a Autónomos y Emprendedores que entre las opciones “factibles” está que “la prestación sea obligatoria en determinados supuestos”.
Lorenzo Amor, presidente de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos), en declaraciones posteriores al desayuno ha afirmado que “celebra” que el Gobierno se haya comprometido a mejorar la prestación por cese de actividad.
La ministra de Trabajo se ha referido también a la propuesta realizada por ATA y UPTA para mejorar el modelo de cotizaciones al RETA. “Los autónomos deben cotizar por sus ingresos reales” y solucionar la sobrecotización de aquellos cuyos ingresos son inferiores al SMI. De hecho esta será una de las claves que permitirán mejorar las prestaciones de los trabajadores por cuenta propia, “son vasos comunicantes”, ha afirmado.
Asimismo, ha explicado que su departamento está trabajando en la creación del Consejo del Trabajo Autónomo aludiendo a la necesidad de que los autónomos cuenten con “mayor representación” en el diálogo social.
Pensiones, impuestos y subcontratación
Las pensiones han ocupado gran parte del discurso de Valerio que ha reiterado hasta en tres ocasiones que “se debe mantener el poder adquisitivo de los pensionistas”. No obstante, haciendo referencia a una de las recomendaciones que ya se plantearon en 2011 bajo el marco del Pacto de Toledo, ha aseverado que, en materia de revalorización de pensiones, “la subida del IPC ha de ser troncal” pero que, siempre “bajo el diálogo y el consenso” es importante incorporar otros criterios como el crecimiento de la economía y la evolución de los salarios que permitan que “se pueda excepcionar”. “Hay que transigir y ceder un poquito”.
En materia de impuestos, la titular de Trabajo ha defendido cambios en la fiscalidad actual, “es necesaria una Reforma Fiscal”. De forma concreta ha mencionado la polémica subida del diésel que de la que se ha mostrado partidaria “siempre y cuando no afecte ni a los autónomos ni a los transportistas”.
No han faltado referencias al Plan director por un trabajo digno y a los dos planes de choque que se pusieron en marcha el pasado mes de agosto. Según los datos aportados por Valerio, las 80.529 cartas que se remitieron a las empresas por posible fraude en la contratación temporal se habrían resuelto con la conversión del 57,8% de los contratos en indefinidos.
