Rivera llevará adelante “sí o sí” un régimen sancionador que penalice a las empresas morosas

Acabar con una lacra que se ha cobrado la vida de más de medio millón de autónomos y pequeñas y medianas empresas: la morosidad. Este ha sido el tema central de la reunión que han mantenido hoy en el Congreso de los Diputados Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, y Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Un encuentro de más de una hora en el que Rivera se ha comprometido a llevar adelante “sí o sí” un régimen sancionador para las empresas que no cumplan con la Ley de Morosidad. “Si en junio el Gobierno no ha presentado un régimen sancionador, lo haremos nosotros”, ha afirmado en declaraciones posteriores.

De hecho, éste sería uno de los ejes centrales para dar continuidad al pacto de gobernabilidad con el Partido Popular. Ha sido el propio Rivera quien ha insistido en que “si el Gobierno cumple, Ciudadanos cumplirá”. En este sentido y tirando de metáfora expresaba “no tiene sentido limitar la velocidad a 120 kilómetros hora si no hay radares y si cuando se sobrepasa nadie se preocupa de sancionarte”. En cuanto al importe de las sanciones todavía no está determindado, ahora bien "Francia es un buen ejemplo, aunque habrá que adaptarlo a la realidad económica de España".

No será esta la única vía con la que la formación naranja peleará para que se pague en tiempo y forma. “Si no lo conseguimos a través de la Ley de Morosidad lo haremos a través de la Ley de Contratación Pública”, ha afirmado Rivera en declaraciones a AyE.

En este sentido Rivera se ha ratificado en las enmiendas presentadas a la Ley de Contratación Pública un texto que permite de facto volver al pacto entre la partes. Así, limitar la participación en los concursos públicos de las empresas que tarden en abonar sus facturas más de 60 días “será clave”, insistía. Además, tal y como está redactado el texto, se deja a criterio de la Administración pertinente la comprobación o no de si los adjudicatarios cumplen con los plazos máximos de pago de 60 días establecidos en la Ley de Morosidad. Cuestión en la que tampoco se pasará por el aro.

Un suma y sigue al que se añade el impedimento de la acción directa (reclamación de cantidades al cliente principal) a los subcontratistas. Toda una “involución y vuelta atrás” en la que mediarían los intereses de las grandes empresas, que llegan a demorar sus pagos más de 400 días con el objetivo de financiarse a interés cero. En este último punto, Ciudadanos suaviza la petición de supresión de la PMcM y requiere que esta “posiblidad” se permita, si queda recogida en los pliegos de licitación. Otro punto que se se matiza es el plazo máximo para la aprobación de certificaciones, que se establece en 45 días frente a los 30 que exige la Plataforma.

Así las cosas todo apunta a que la formación naranja no votará a favor de la Ley si el texto definitivo que, previsiblemente, verá la luz antes de verano, no incorpora dichas enmiendas.

Hay que tener en cuenta que la contratación pública supone en torno al 18% del PIB de España y que la mayoría de las compañías que optan a este tipo de contratos son precisamente las mismas que incumplen de forma reiterada con los plazos legales de pago.

Por su parte, Antoni Cañete se ha mostrado satisfecho con el compromiso de Ciudadanos que “se produce en un momento crítico”. Asimismo, ha urgido al desarrollo del régimen sancionador para “que no haya más trucos en el ámbito de la morosidad”.

Empresas morosas

En otro orden de cosas Rivera ha puesto el acento en la paradoja de que sean precisamente las pymes y los autónomos los que mejor pagan a sus proveedores. Desde la PMcM denuncian que pese a que los plazos medios de pago entre empresas se redujeron ocho días -hasta los 77-, al 68% de los proveedores se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por Ley. Asimismo se da el caso de que el 96% de quienes cobran fuera de plazo no reclamaron los intereses de demora que les corresponden por Ley.

Por otra parte, y según el último informe de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos), el colectivo paga sus facturas en 43 días de media (17 por debajo de lo que marca la Ley). Sin embargo, cuanto mayor es el tamaño de la empresa más se tarda en cobrar: las de uno a nueve trabajadores pagan en 47 días, las de 10 a 50 tardan una media de 54, las de 51 a 250 a 68 y las de 250 a 1.000, a 114 días.

Una morosidad que según los datos de CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) a cierre del último trimestre del año 2016 costó un total de 869 millones de euros a los autónomos y pequeñas empresas de España.

Datos escalofriantes que seguro se pondrán de manifiesto el próximo día 20 de abril en el Caixa Forum de Madrid durante la IV Cumbre político-empresarial contra la Morosidad, en la se ha comprometido a participar Albert Rivera según han confirmado fuentes de la Plataforma.

Vuelta a las andadas en la Administración

Según los datos relativos al mes de enero de 2017, y continuando con la tendencia a cierre de 2016, tanto la Administración Central como la Seguridad Social volvieron a incrementar sus periodos medios de pago a proveedores (PMP). La primera pagó, de media, a 52,41 días -casi nueve por encima de lo que lo hizo en diciembre (43,52)-; mientras la segunda lo hizo en 36,66 días -cerca de tres más (34,04)-.

Otras que también incrementaron sus PMP un 2% fueron las entidades locales. A finales del pasado ejercicio (último dato publicado por Hacienda) los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, Mancomunidades de municipios, etc… saldaban sus cuentas a 72,55 días, acumulando facturas pendientes de pago por importe de 1.558 millones de euros.

Los datos respaldan la teoría de lo anticíclico del mal de pagador. No obstante, siempre hay una excepción que invita al optimismo. Las Comunidades Autónomas parecen haberse autoenmendado y culminaron el año con un PMP de 59,46 días, lo que significa un 27% menos que un año antes y el mejor dato desde septiembre de 2014. Asímismo, redujeron su deuda comercial en más de 1.200 millones de euros, quedando ésta fijada en los 6.773 millones de euros.

Cabe recordar a este respecto que Bruselas apercibió el pasado 16 de febrero a España por incumplir con la normativa vigente en materia de morosidad. Y es que quien hizo la Ley hizo la trampa y si bien la Administración cumple regularmente con las fechas de presentación de los periodos medios de pago, los días empiezan a contar a partir de la fecha en la que se registra la factura, no de cuando se recepciona. Una ampliación sistemática que tendrá que subsanarse antes de abril si el Gobierno no quiere enfrentarse a una nueva sanción.