Ciudadanos suma apoyos para llevar adelante el régimen sancionador contra la morosidad
Todos a una contra la morosidad, pero sin trampas. Esa es la síntesis de lo que ha acontencido esta mañana durante la IV Cumbre Político-Empresarial de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), en la que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha ratificado lo que ya adelantó AyE el pasado mes de marzo: “O a las buenas o a las malas ese código sancionador va a estar en marcha más pronto que tarde”. Y ese pronto será el mes de junio, fecha en la que el Gobierno se comprometió a completar la Ley contra la Morosidad con un vademecum de sanciones ejemplares contra las empresas que paguen por encima del máximo legal de 60 días.
Desde la formación naranja desconfían de que el Ejecutivo cumpla con lo acordado en el punto número 34 del Pacto para la Gobernabilidad. Tanto es así que, según ha asegurado Rivera, Ciudadanos ya tiene listo un borrador con un sistema de sanciones que espera sea respaldado por todos los grupos políticos, inclusive Podemos.
A este respecto, Pablo Iglesias, secretario general de la formación morada, que también ha participado en la Cumbre, ha mostrado su apoyo a la iniciativa: “Es preciso desparasitar esa trama (en refrencia a los lobbys de las grandes empresas) que no hace más que poner trabas a nuestro tejido empresarial”. Para Iglesias, el desarrollo y aplicación de sanciones ejemplares contra las compañías morosas es una “manera de empoderar al empresario real frente a las grandes empresas”.
El líder de Podemos se ha referido a que el Gobierno podría emplear el veto presupuestario como herramienta que impida poner el marcha el régimen sancionador. Algo que para Antoni Cañete, presidente de la Plataforma, “no tendría sentido”, ya que éste se pide para las empresas del ámbito privado y “no existe nada presupuestariamente que impida actuar contra el sector privado. Si lo emplean sería un truco para no querer poner solución al problema”.
Si no pagas, no licitas
La Ley de Contratos del Sector Público -actualmente en periodo de ponencia en el Congreso- ha sido el segundo tema estrella de la jornada. Cañete ha sido contundente: “La Ley no saldrá como se presentó”. Según ha explicado, los distintos grupos parlamentarios han presentado 1.200 enmiendas a la redacción original, la mayor parte de ellas instadas por la PMcM, y respaldadas por todos los grupos. “Me consta que ya hay acuerdos en muchas”, señaló.
A este respecto, se prevé que una de las iniciativas que salga adelante es la de exigir a las empresas que participen en licitaciones públicas “una certificación auditada” que demuestre que pagan en los 60 días de plazo máximo legal. En caso contrario se les impediría contratar con la Administración.
Varias son las fisuras que levantaron pólvora. El texto original permite volver al pacto entre las partes, otorga voluntariedad a la Administración para las comprobaciones de los PMP (Periodos Medios de Pago), impide la reclamación directa de cantidades al cliente principal por parte de los subcontratistas y establece 45 días de plazo para emitir las certificaciones.
Una involución frente a algunos de los logros de la PMcM, entre otros el impedir que los contratos se puedan acordar más allá de los 60 días legales, mejorar la posición de los subcontratistas en la reclamación de cantidades, contribuir a la puesta en marcha de los planes de pago a proveedores o impedir que se ampliasen los plazos de pago en caso de cesiones de crédito.
Montoro, el gran ausente
Si bien los líderes de los partidos autodenominados “de la regeneración” no han faltado a su cita con la economía real, el Gobierno sí lo ha hecho. Según ha explicado Antoni Cañete, ayer por la noche, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, excusaba su presencia en el acto de clausura por estar “trabajando en los Presupuestos”.
Falta de representación que no ha sentado nada bien en el seno de la PMcM: “Era un momento excelente y con su ausencia lo que demuestra que no está al lado ni de los autónomos ni de las pymes de España. Afortunadamente, por mucho que se empeñen, la aritmética parlamentaria permite aprobar un régimen sancionador sin los votos del Gobierno”.
En este punto Cañete ha recordado que, el pasado 10 de marzo, el Partido Popular presentaba en el Congreso de los Diputados una PNL (Proposición No de Ley) que instaba al Gobierno a “estudiar medidas tendentes a establecer un régimen sancionador que sirva de instrumento disuasorio para combatir el retraso intencionado de los pagos”, así como a desarrollar “campañas divulgativas para concienciar a todos los agentes económicos de la necesidad del cumplimiento de los plazos de pago”.
Si bien la citada PNL contó con el respaldo del 99% de la Cámara, su realización es otro cantar, dado que el rango “No de Ley” hace que muchas de estas iniciativas se acumulen en los cajones del Congreso. Por otra parte, la efectividad, quedaría al albur del grado de ejemplaridad de las sanciones.
