Las descalificaciones que ponen en tela de juicio, más allá del mayor o menor saber del descalificado, su comportamiento ético, deberían de estar sustentadas en pruebas sólidas que las corroboren.
La formación de los transportistas antes y durante el ejercicio de su actividad debe ser un imperativo cuyo objetivo sea el de garantizar la seguridad tanto de los profesionales del sector como del resto de conductores.