El trabajo autónomo y la violencia de género
Desde el área de Mujer de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) queremos poner el acento en todas las autónomas que sufren esta lacra social que no distingue edades, posiciones sociales ni laborales y que se cobra víctimas cada día con muchísima virulencia.
La violencia económica está reconocida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, junto con los daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual o psicológica. Sin embargo, no es analizada con la debida profundidad, a pesar de los efectos devastadores que produce.
Esta forma de control supone un dominio total que impide la independencia y la libertad de la mujer que la padece, constituyendo una barrera infranqueable de promoción y acceso al mercado de trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Si te dejan sin recursos, te dejan sin opciones.
Al margen de los terribles efectos personales que ocasiona, los que causa en la economía estatal no son mejores, generando que una gran parte de la población no contribuya en la producción y en la demanda, como insisten en recordarnos organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Esta marginalidad genera pobreza en el sentido más amplio del término y deja en una situación de absoluto desamparo a miles de mujeres en España.
Desde el área de Mujer de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos –ATA- queremos poner el acento en todas las autónomas que sufren esta lacra social que no distingue edades, posiciones sociales ni laborales y que se cobra víctimas cada día con muchísima virulencia.
En España hay 1.167.980 autónomas, y a pesar de que representan aun el 35,8% del colectivo, han liderado el crecimiento del Régimen Especial del Trabajo Autónomo en la última década y han influido de forma decisiva en la mejora del bienestar social en los años posteriores al peor momento de la crisis. Cada día incrementa el número de empleadoras y sus negocios son fundamentales para paliar los efectos de esa parte del país que se vacía.
Es cierto que nuestro sistema de Seguridad Social permite que las autónomas víctimas de violencia de género puedan suspender su obligación de cotizar durante 6 meses y también cobrar la prestación por cese, pero olvida lo más importante: favorecer la contratación de personas que las sustituyan durante este proceso y que posibiliten que una actividad rentable continúe. Un cierre precipitado y sin control genera deudas que pueden mermar la economía de estas autónomas el resto de su vida, convirtiéndolas en deudoras universales con todos sus bienes, presentes y futuros.
Ellas carecen de la posibilidad del traslado de centro, sencillamente el miedo les hace bajar las persianas, dejando atrás sus únicos ingresos y muchas horas de trabajo, ilusión y esfuerzo.
Ignorar que cerrar la puerta supone la muerte empresarial en un mundo tan competitivo como el actual y en una economía globalizada inmersa en un cambio tecnológico constante, vertiginoso y agresivo, es sencillamente obviar la realidad y desproteger nuevamente a aquellas que se encuentran en una posición más vulnerable.