Opinión

Conductor de transporte urbano

Conductores de taxi y VTC se enfrentan a modos diferentes de acceso al puesto de trabajo, mientras constituyen un segmento no diferenciado en la movilidad urbana, lo que aconseja unificar su formación y pruebas en beneficio de los propios trabajadores y los usuarios
Conductor de transporte urbano

La aparición de nuevas estructuras y modelos de movilidad urbana están cambiando la actividad económica de miles de autónomos.  Derivado de ello ya existen tensiones en las condiciones en las que se prestan muchas profesiones y trabajos en este ámbito. Algunos de estos trabajos están encaminados a desaparecer o menguar considerablemente, como, por ejemplo, los de teleoperadores de radio emisoras de taxi, y, otros, a transformarse, entre estos últimos los de los servicios técnicos de automoción y los de los actuales conductores de taxis y vehículos de arrendamiento con conductor (VTC), cada vez menos diferenciados. Otros ven su alumbramiento, sobre todo en el desarrollo de puestos ligados a la digitalización, no solo en el desarrollo de plataformas y sistemas inteligentes de transporte, sino también, por ejemplo, los del nuevo entorno de control y gestión de los vehículos autónomos, que están más cerca de lo que parece.

Mientras las ciudades se llenan de vehículos eléctricos, híbridos, bicicletas, patinetes y otros vehículos de movilidad personal, los vehículos ligeros dedicados a los pasajeros como taxis, VTC y tuk-tuk, se han popularizado y convertido prácticamente en un único segmento, hasta el punto de compartir toda una identificación común como es una placa de matrícula azul.

No obstante, la regulación del mercado laboral no ofrece una solución común para el acceso al trabajo de estos conductores, sujetos a diferentes exigencias administrativas y dispersos en su encuadramiento socio-laboral, bajo un tratamiento diferenciado de tipo sindical, donde existen múltiples convenios colectivos de trabajo provinciales y otro de carácter nacional para los conductores de taxi, así como -de modo incipiente- alguno regional de VTC, mientras que los de los tuk-tuk quedan aún en cierto limbo.

Las aptitudes y cualificación necesarias para efectuar la conducción de un taxi, requieren, además del correspondiente permiso de conducir, expedido por las autoridades de tráfico, de la superación de una prueba municipal (la denominada “cartilla del taxi”), mientras que la de los otros profesionales que conducen un vehículo de arrendamiento con conductor no sufren ningún requisito de acceso, aparte de los de tráfico, y los de los vehículos turísticos de tipo tuk-tuk o similar, tampoco, sin perjuicio de su mejor desenvoltura en materia de recreo.

Por otro lado, desde hace más de una década existen certificados de aptitud profesional (CAP) para actividades de transporte (camiones y autobuses) cuyo sistema bien podría extenderse, adecuándolo, a estos transportistas que conducen taxis y VTC, lo que ayudaría a profesionalizar dichos desempeños y establecer un certificado específico para un único mercado de trabajo donde los conductores tuviesen más oportunidades laborales, y ante su carestía, las empresas valorasen su mejor competencia profesional, así como que se produjese mayor competencia entre las empresas con políticas retributivas que pongan en valor a los buenos conductores, facilitando su flujo de intercambio, y de paso elevar los derechos sociales de dicho colectivo profesional.

Si no fuera posible articular una sola formación a nivel nacional y una prueba armonizada entre comunidades autónomas, al menos sería preciso que los requisitos de accesos a ambos segmentos o modalidades provistas de matrículas azules sean los mismos en cada Comunidad Autónoma, como paso previo a unificar y profesionalizar a esta tipología de conductores.

Y ello porque, además de los casi 70.000 conductores autónomos de dichas modalidades y los alrededor de 23.000 conductores asalariados de taxi que existen en España, ni siquiera pueden cambiar de localidad sin dificultades, y no digamos de región, puesto que el acceso a la profesión es diferente en requisitos y pruebas en cada lugar, mientras que los aproximadamente 26.000 conductores de VTC que actualmente carecen de requisitos para el acceso a dicho trabajo, van a sufrir a corto plazo una regulación que persiste en la parcelación de sus oportunidades de movilidad geográfica, semejante a la de los taxistas, e incompatible a su vez con este último colectivo.

En cualquier caso, los sindicatos aquí tienen un papel que no puede obviarse, aunque de momento no están siendo muy activos en la racionalización de estas políticas y de paso favorecer la empleabilidad de estos profesionales, escasamente afiliados en las centrales sindicales hasta la fecha.

No obstante, esto no debería hacernos perder el objetivo de que la ganancia de una unificación de la formación, pruebas y requisitos de acceso a la profesión de “conductor de transporte urbano”, es un avance para el colectivo y toda la sociedad, así como de los derechos de los trabajadores, lo que en definitiva redundará en la mejor calidad del servicio y en una indudable ganancia para los usuarios, etc.

Existe ahora una gran oportunidad con normativas en trámite o recién aprobadas y a espera de desarrollo en regiones como Cataluña, Andalucía o Madrid, que consiga crear un campo de juego regulador propicio a unificar formación y pruebas. Pero si pasa lo de siempre, y cada Administración tira por su lado y el Estado desaparece de sus tareas de coordinación y subsidiariedad, pues habremos perdido una década más con casi toda probabilidad. No esperemos nada bueno porque ya conocemos el paño.

Pero si alguna Comunidad Autónoma diera el primer paso y con el mayor consenso posible realizar la creación de la profesión de conductor de transporte urbano sería pionera, entre otras cosas, en regulación eficiente y buena asignación de recursos y medios para este mercado.

Considerando que este segmento de movilidad va a tener un importante crecimiento en los próximos años debido a la reordenación de la movilidad urbana sostenible y conectada, no estaría de más pensar en diseñar además los requisitos de los centros formativos y/o examinadores, de modo que eludan la creación de sistemas viciados por la subvención y la auto-certificación, otorgando realmente el mayor protagonismo a la centros regulados con garantía de adquisición de conocimientos y aptitudes para esta “nueva” y polivalente profesión de conductor de transporte urbano.

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