domingo. 08.12.2019
Opinión

Lo que un Gobierno progresista puede hacer por el sector del Taxi

El sector pide al posible Gobierno progresista que tome de nuevo las riendas y culmine las modificaciones regulatorias iniciadas en 2015, imponga limitaciones a las VTC y reforme con carácter 'urgente' el régimen sancionador de las compañías de arrendamiento con conductor. 
Lo que un Gobierno progresista puede hacer por el sector del Taxi

A la vista del resultado de las pasadas elecciones generales y de cómo parece estar formándose un posible bloque “progresista” de Gobierno, muchos taxistas y sindicalistas del sector albergan esperanzas de un cambio de políticas que termine de rematar el ciclo de modificaciones legales en relación a taxis y VTC que se inició en 2015 con el objetivo de regular ambas modalidades de transporte, imponiendo limitaciones a los VTC.

Sería conveniente partir de la base de que el actual Gobierno ya aprobó un Real Decreto-Ley (conocido como Decreto Ábalos), en el que fijaba como objetivo “la necesidad de que, progresivamente, las regulaciones aplicables al taxi y el arrendamiento con conductor vayan aproximándose en la medida en que ello contribuya a un tratamiento armónico de las dos modalidades de transporte de viajeros en vehículos de turismo.” Lo cual no coincide exactamente con la idea trasladada al sector del taxi por los partidos de dicho bloque “progresista” de que solo se van a “regular” las VTC, mientras al taxi se le va a “proteger”. Pero, no hay más ciego que el que no quiere ver, ni mejor sordo que el que no quiere oír.

En cualquier caso, lo que se considera ya en la calle un Gobierno afín a los intereses del sector del taxi, debería disponer con carácter inminente la reforma urgente del régimen sancionador de las empresas de arrendamiento con conductor, ya previsto en el desarrollo del Decreto Ábalos, a fin de que los incumplimientos sistemáticos de la reserva de mercado del taxi (recogida de pasajeros en circulación y en paradas) deje de resultar rentable y conlleven la pérdida drástica de las autorizaciones de transporte de los infractores. Definir mejor a nivel estatal la diferencia entre la contratación previa y la inmediata, desarrollando, en su caso, reglas del contrato de arrendamiento con conductor, otorgaría una seguridad jurídica y unidad de mercado muy beneficiosa para todos los operadores y para el interés general.

Y seguidamente, sentarse con los representantes institucionales del sector del taxi, para reconocer que el Gobierno Central ha dañado al taxi cuando en 2009 liberalizó por absoluto a las VTC, y en consecuencia y de modo inaplazable, afrontar esas medidas que permitan recuperar una armonía y equilibrio entre Taxis y VTC, valorando ofrecer compensaciones a los taxistas, e incluso, llegado el caso, retirar autorizaciones y licencias a tal fin. Dichas compensaciones pueden ser económicas mediante, indemnizaciones o incentivos y fiscalidad negativa a favor de los taxistas. También pueden buscarse fórmulas  similares a las mejores prácticas en los modelos internacionales, y compaginarse con la fijación de una tasa (similar al modelo portugués) sobre cada servicio o Km de las VTC para dotar un fondo de compensación al taxi.

Ese Gobierno “progresista” debe implicarse, en esas mejorando la competitividad del taxi a la par que evita que se abra una brecha regulatoria entre taxistas de diferentes Comunidades Autónomas. 

No pueden ser en ningún caso postergadas las mejoras de la experiencia del usuario del servicio público del taxi, tales como establecer tarifas conocidas por el usuario de antemano (tarifas fijas), y promover, en el segmento de la precontratación un sistema de tarifas que permitan reducciones (tarifas máximas) que deben ser aplicadas en toda España, dentro del marco de la política económica y de la legislación mercantil, de competencia exclusiva del Estado.

También establecer con carácter estatal la regla general de la contratación por plaza en los transportes de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas cuando se traten de servicios precontratados, posibilitando el sistema del taxi compartido (carpooling) persiguiendo los objetivos medioambientales y de sostenibilidad que tanto se pregonan desde las fuerzas “progresistas”.

Igualmente, en esta misma línea, y liderados por el área de transición ecológica, conviene adoptar medidas para aumentar las eficiencias relativas a vehículos, tecnología y medioambiente. Aquí son prioritarias las ayudas a la electrificación de las flotas de taxis y fomentar una red de suministro adecuado, como palanca urgente y necesaria para dar respuesta a la competitividad del sector, haciéndolo ser pionero en energía limpia sostenibilidad.

La tecnología debe ser una herramienta al servicio de los ciudadanos, útil para eliminar costes e inconvenientes a los taxistas en relación a unos aparatos metrológicos desfasados, como son los taxímetros, por lo que abogamos por implantar un sistema nacional de taxímetro digital, operado en la nube y con control metrológico del Estado, que otorgue fiabilidad, seguridad y más prestaciones al taxista y a los usuarios.

Por último, la regulación y control de la operativa de plataformas digitales como Uber y Cabify tanto en materias ligadas a su carácter de intermediarios, como en los aspectos sociales -vinculando jurídicamente a los conductores con las plataformas para las que prestan servicio, profundizando en delimitar los conceptos de subcontratación y cesión ilegal de trabajadores en relación a las plataformas digitales de transporte-, y en los tributarios y aquellos relativos a los derechos a los consumidores, también son asuntos que ha de abordarse necesariamente, antes de que la Unión Europea genere un marco legal que se ajuste con más dificultad a la realidad de España.                          

Queda claro, por lo tanto, que un Gobierno “progresista” debe estar a la altura de estas necesidades. No debiera ser excusa la aprobación del Decreto Ábalos, ni enarbolarse como panacea para desplazar la pelota al tejado de las Comunidades y Ayuntamientos, cuando realmente es al Gobierno Central al que le queda muchísimo por hacer para no dejar al sector público del taxi y a sus usuarios varados en el pasado. Confiemos que esté a la altura.

Lo que un Gobierno progresista puede hacer por el sector del Taxi