Opinión

La prevención de los riesgos en los autónomos, asignatura pendiente

Poco ha mejorado la situación preventiva de los más de tres millones de trabajadores autónomos en los últimos años ya que aún, y a pesar de ser susceptibles de sufrir los mismos accidentes que los asalariados, en nuestra legislación laboral en materia de preventiva la figura jurídica del mismo sigue prácticamente ausente, por lo que para adaptarse a los nuevos tiempos, la legislación le debe al autónomo su reconocimiento y regulación.

La prevención de los riesgos en los autónomos, asignatura pendiente

Esta situación ha intentado remediarse con varios instrumentos, el Estatuto del Trabajador Autónomo, primer ejemplo de regulación sistemática y unitaria del trabajo autónomo en la Unión Europea y las distintas Estrategias de Seguridad y Salud en el Trabajo, el último documento elaborado para el periodo 2015-2020, tiene como objetivo, entre otros, adoptar las medidas necesarias que garanticen la efectividad del derecho de los trabajadores autónomos a una protección adecuada de su seguridad y salud en el trabajo.

Se desarrolla así lo establecido en el artículo 8 del Estatuto señala un papel preponderante a los cometidos de las Administraciones públicas competentes, a los deberes de cooperación, información e instrucción y vigilancia de las empresas contratantes y sus responsabilidades, a la utilización de maquinaria y otros útiles de trabajo, al derecho del trabajador autónomo ante un riesgo grave...

En este ámbito se echa en falta un papel más activo por parte de las distintas administraciones, ya que no solo han de diseñar sus políticas en materia preventiva teniendo en cuenta la singularidad del trabajo autónomo, sino realizar una labor de tutela y garante de las condiciones de seguridad en que los autónomos desarrollan sus tareas. La protección frente a los riesgos laborales no puede ceñirse a meras fórmulas de autotutela; máxime cuando se advierte el progresivo incremento del número de trabajadores autónomos en nuestro tejido productivo, en especial en determinados sectores de alta siniestralidad, lo que obliga a una particular atención y adaptación de las normas sobre seguridad y salud en el trabajo debiéndose configurar un contenido mínimo que proteja al autónomo frente a los riesgos de toda actividad profesional.

Sin embargo, los recortes presupuestarios realizados en estos años tanto por el Estado como por las Comunidades Autónomas han afectado de forma significativa a los pocos programas que en el ámbito regional o nacional se destinaban a fomentar la cultura preventiva, la formación o la sensibilización de nuestro colectivo.

Otra asignatura pendiente es la baja incidencia que la cotización por contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional) tiene en el colectivo. Solo dos de cada diez autónomos cotizan por accidente, lo que pone de manifiesto el poco atractivo que tienen las ventajas que ofrece esta cotización y una ausencia importante de una cultura preventiva ya que ni siquiera protegemos nuestro mayor bien, nosotros mismos. El sistema bonus-malus con su enorme “papeleo” y la baja repercusión económica que supone no es un aliciente para este tipo de negocios aunque sí lo sea para las grandes empresas.

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) venimos denunciando esta situación a través del Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales que tenemos en marcha. Anualmente presentamos informes de siniestralidad de los autónomos que cotizan por accidente de trabajo, los sectores con mayor incidencia, las causas y tipología de los accidentes o los lugares y franja horaria dónde se producen. Estos datos si los extendiéramos al total de los autónomos y no solo al porcentaje de los cotizantes, son suficientemente importantes como para que todos tomemos cartas en el asunto.

Las administraciones deben tomar conciencia del papel que les otorga la Ley y diseñar programas que favorezcan una verdadera conciencia preventiva en el colectivo, atajar con formación e información la siniestralidad de determinados sectores altamente peligrosos. Las organizaciones debemos ayudar a que cale esta cultura y ayudar a implantar la gestión preventiva en los negocios y por último tampoco podemos olvidar el papel fundamental que juegan los asesores laborales para que sus clientes autónomos lleven a la práctica sus obligaciones preventivas, no solo para sus asalariados sino también para ellos mismos. Por último, es crucial el desarrollo de la nueva Ley de Mutuas que contempla la participación de las organizaciones representativas de autónomos en sus órganos. Sin duda esta participación mejorará la eficacia de las actuaciones preventivas que desarrollan las mismas.                  

Finalmente y como dato positivo resaltemos que la nueva Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, recientemente aprobada, contempla el reconocimiento del accidente in itinere para el trabajador autónomo, lo que supone una nueva mentalidad que no distingue entre trabajadores de primera y de segunda a la hora de sufrir un accidente. Un motivo más para seguir luchando desde ATA porque los autónomos de este país presten sus servicios en las mejores condiciones de seguridad posibles.