Morosidad: una revisión necesaria y esperada
Las consecuencias de esta realidad pueden llegar incluso a afectar a la supervivencia de una organización. Las corporaciones de nuestro país identifican varios riesgos, como la disminución de su liquidez, el hecho de tener que pagar intereses adicionales, la pérdida de beneficios o la incapacidad para ampliar sus plantillas. Es más, las pérdidas por impagos con respecto al total de las ventas se sitúan en el 2%.
Más allá de los problemas sobre las propias compañías, esta situación tiene un impacto directo para la economía del país. Huelga decir que la actividad empresarial es su principal motor de crecimiento. Por ello, cada vez es más evidente la importancia de atajar un problema que nos afecta a la totalidad de la población española.
¿Cómo? Una de las vías es a través del marco regulatorio, que debe entenderse como una herramienta que contribuya a que las empresas estén protegidas contra los retrasos en los pagos y los impagos. Sin embargo, el Real Decreto-ley 4/2013, que modifica la Ley 3/2004, se ha quedado desfasado en ciertos aspectos. Algo que el tejido industrial de nuestro país viene denunciando desde hace tiempo: cinco de cada diez empresas reclaman un cambio legislativo para regular la morosidad. Un dato que asciende al 64% cuando hablamos de la normativa en general.
Por fortuna, los órganos legislativos son conscientes de la necesidad de un cambio más acorde con el mercado actual. El Congreso de los Diputados acordó por unanimidad el pasado día 20 de junio tramitar una propuesta de ley para que pymes y autónomos cobren sus facturas a tiempo. La norma, que ya ha iniciado su recorrido en el Parlamento, se basa en tres pilares. El primero consiste en implantar un sistema de arbitraje, con la intención de resolver posibles conflictos y que los pagos se puedan tramitar de forma ágil y transparente.
El segundo, propone crear un observatorio que asegure que lo pagos se realizan en tiempo y forma. Por último, se endurecen las sanciones para aquellos que no paguen a tiempo, con multas que pueden llegar hasta casi los 900.000 euros. Además, establece como infracción grave exceder el plazo legal de pago en más de veinte días y, si se superan los sesenta, se hablará de infracción muy grave.
El Senado también se ha unido a esta iniciativa a raíz de una propuesta cuyo trámite fue aprobado el pasado 28 de junio por la práctica mayoría de los partidos políticos. Esta iniciativa va más allá, ya que incluye poder sancionar también a las empresas públicas.
Por otro lado, el debate que se está dando durante los últimos días tanto en la Cámara Alta como en la Baja está contribuyendo a que las empresas sean más conocedoras de cómo les pueden llegar a afectar los impagos. Además de su aplicación, el conocimiento del marco legislativo supone una de las mayores armas para defenderse de esta práctica. En la actualidad, el 58% de las compañías de nuestro país asegura conocer la vigente normativa. La tramitación de una nueva legislación contribuirá a que este porcentaje vaya en aumento. No podemos eximir de su responsabilidad a las propias organizaciones de ofrecer y exigir condiciones de pago justas.
En definitiva, la revisión del actual marco legislativo contra la morosidad responde a una demanda que todos los actores relacionados con la gestión de deuda venimos reclamando desde hace tiempo. Desde Intrum Justitia confiamos en que sus trámites parlamentarios se agilicen al máximo y, tras las pertinentes ponencias y enmiendas, pronto entre en vigor una nueva ley, más estricta y precisa.