Opinión

Contemplemos la accesibilidad tecnológica como negocio

Quizás es más eficaz contemplar la accesibilidad e inclusión tecnológica como mercado, como negocio, como consumo. Y quizá para ello el mejor medio sea mediante la colaboración público-privada.

Contemplemos la accesibilidad tecnológica como negocio

Para entender bien este artículo, hay que ponerse en situación. En los últimos diez años en España se han dictado más de cien leyes estatales, reales decretos y sus desarrollos, que incorporan de algún modo la accesibilidad tecnológica tanto a productos como a servicios. Algunas de ellas son específicas para personas con discapacidad.

La tecnología y sus desarrollos en productos y servicios tienen potencial para romper barreras sociales y discriminatorias, generando igualdad e incorporando accesibilidad y usabilidad de serie y permanentemente. Pues algo falla, si no es así, con tantas leyes, reales decretos, convenciones internacionales, planes de acción y estrategias.

Permítanme, por tanto, que dude de la eficacia del sistema y plantee que quizás es más eficaz contemplar la accesibilidad e inclusión tecnológica como mercado, como negocio, como consumo. Y quizá para ello el mejor medio sea mediante la colaboración público-privada, y por qué no, centros de referencia donde esta colaboración público-privada refuerce su dimensión.

¿Por qué queremos negar que el mundo lo gestiona el dinero? Tenemos claramente dos demandas: la pública (administraciones, obligadas por imperativos legales), y la privada (consumo), donde la gran mayoría de las personas se convierten en consumidores y clientes si la accesibilidad a medios y productos TIC es la adecuada, para poder hacer uso del nuevo paradigma de e-commerce, e-Administración y Sociedad Digital.

Quizás sea el momento de que la economía adopte el papel protagonista para eliminar cualquier disfunción de inclusión social y digital

¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que la inclusión digital (personas con discapacidad, mayores, falta de formación o limitaciones sociodemográficas) es negocio a corto y medio plazo, más allá del derecho? Tomemos estas variables desde la planificación empresarial y, como en cualquier negocio, invirtamos.

La accesibilidad tecnológica no se aprende sin vivirla, sin tocarla, sin sentirla y sin ser afectado por ella. Y su solución sólo puede venir por colaboraciones multidisciplinares que busquen soluciones de mercado, a través de iniciativas de colaboración público-privada empresarial. Si queremos cambiar algo, nos guste o no, tiene que ser infiltrando la oportunidad de negocio, convenciendo a la empresa de que eso es rentable. Y esto solo es posible bajo un esquema de colaboración público-privada de administraciones, sector privado y profesionales sociales (y no estoy diciendo asociaciones, hablo de grupos de expertos en accesibilidad TIC).

La filosofía fundacional es buena, sin duda, y esencial complementariamente, pero no cambia el mundo. ¿Por qué gran parte de lo que se hace fundacionalmente no se hace en los procesos internos de producción de las empresas? Esperar que las subvenciones públicas al sector social y las buenas obras de las fundaciones privadas solucionen los problemas de inclusión digital y accesibilidad tecnológica es esperar mucho; solo desde un modelo de colaboración público-privado que incentive la visión de las oportunidades en torno a la accesibilidad tecnológica se darán importantes avances en la eliminación de la exclusión digital.

Cuando uno lleva muchos años en una silla y repleto de derechos, prefiere hablar claro a la empresa y la industria: “Mira, te voy a enseñar a hacer negocio con la accesibilidad tecnológica, y así beneficiamos también a las personas con discapacidad o limitaciones. Pero no te asustes, te voy a hablar en lenguaje de mercado”.

Vivimos en un mundo tan velozmente cambiante, con tantas crisis sociales y tal nivel de incertidumbre que es difícil saber dónde estaremos cada uno y nuestros entornos en el futuro.

Quizás sea el momento de que la economía adopte el papel protagonista para eliminar cualquier disfunción de inclusión social y digital, y no dejar sólo a los poderes públicos la gestión del bienestar. Quizás sea el momento de que mediante soluciones efectivas de colaboración público-privada volvamos la vista a las premisas de “La economía del bien común” de Jean Tirole (premio Nobel de Economía). Porque parece más que evidente que el sector privado, más que el público, cada vez tiene más claro que no puede ni debe dejarse a nadie (mayores, personas con discapacidad o limitaciones, situaciones sociodemográficas…) fuera de juego. Aunque sea para ganar dinero.

Al fin y al cabo, el envejecimiento de la población no necesariamente debe ser malo para la economía; la ampliación de necesidades también genera mercado. Es la propia empresa, por encima de los poderes públicos, quien se está dando cuenta de que debe volver a coger el camino de la Economía Social de Mercado, porque no le interesan sociedades que pierdan poder adquisitivo. Y por ende, una de las formas de generar mayor consumo es eliminando las barreras de accesibilidad tecnológica, buscando la total inclusión digital para todos, con independencia de sus capacidades.

La realidad jurídica no refleja la realidad social. Sinceramente, prefiero ponerme de lado del sector productivo y buscar rentabilidad económica mediante la accesibilidad; y reconvertir el sistema subvencionado en verdadero gasto público útil que cubra las obligaciones legales sociales asumidas por las Administraciones, en todos los ámbitos.