La lista de la vergüenza

La verdad se parece a un guion de una serie de terror, donde cada episodio supera en maldad y en malos actos al anterior… el problema es que es la cruda realidad, no un episodio que termina al apagar el televisor… y es la cruda realidad con la que nos encontramos los ciudadanos y los empresarios y emprendedores de este país…

Y como la lista de episodios infames es terrible, hoy me quedo con este: cuando la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sacó la lista acusadora y, en sede parlamentaria, mostró los datos de los malvados empresarios que han hecho un uso fraudulento de los ERE.

A ver. Es evidente que hay empresarios tramposos igual que hay trabajadores tramposos, aunque de estos no se sacan listas, o al menos no se llevan al parlamento. Partamos de la base de que soy partidaria de los controles de todo aquello que implique el uso de fondos públicos, pero echo de menos ese celo en las subvenciones a cierto tipo de organismos de dudosa eficacia a los que se le inyecta el dinero de todos los españoles. Me gustaría ver si serían capaces de superar la prueba del algodón de una inspección la mitad de exhaustiva que las que se hacen a los empresarios.

El caso es que, en esa lista de la vergüenza, de un total de 21.332 expedientes finalizados, se han encontrado 2.859 infracciones, es decir un 13% de las empresas con expedientes revisados por ERTE son sancionadas.

Sinceramente, me parecen pocas. Y no porque en España haya un montón de empresarios “fuleros” a los que no han pillado, sino porque ha sido tal el caos del propio Ministerio a la hora de establecer las empresas que podían acogerse o no a los ERTE, así como el hecho de que la mayoría de ellos fueran aprobados sin revisión entendiendo que cumplían las condiciones, que estoy segura de que a medida que sigan haciendo inspecciones esa lista crecerá.

Pero es muy diferente hacer trampa de manera intencionada a cometer una infracción derivada de la ineficacia de la administración y me gustaría que la ministra hubiera diferenciado entre unos y otros porque es muy injusto meter a todos en el mismo saco. Pero ellos a lo suyo: a generar dudas, miedo y más incertidumbre si cabe…

El problema real de todo esto, es que las empresas acabarán sancionadas o litigando durante años para que les reconozcan que no obraron con la intencionalidad de engañar y muchas se quedarán por el camino. Mientras tanto, la Administración seguirá con su rodillo sin importarle a quien se lleva por delante.

Y vuelvo a insistir en que hay que multar y con severidad al que intenta sacar provecho de una situación tan penosa como la que estamos viviendo, pero dado que la propia Administración se reconoció desde el principio incapaz de asumir todo el trabajo que se le venía encima, igual no es el momento de ponerse tan “flamenca” a la hora de sancionar. Porque si hubieran hecho bien su labor, muchas de ellas no habrían sido aptas para acogerse a un ERTE, pero en aquel momento se le daba el pase a todas y ahora “llega el tío Paco con las rebajas”.

Mientras tanto, leo en el otro lado de la balanza todos los emprendedores, dueños de negocios y CEO's de startups que dejaron de cobrar para no tener que cerrar durante la pandemia, o por no dejar de pagar a un trabajador mas. Pero claro, de esto no hay listas acusadoras, ni cifras que airear en sede parlamentaria para sacar pecho de la persecución, porque SÍ, es una persecución, a la que se somete al sector que genera trabajo y riqueza en este país .

Pero una vez más, la clase emprendedora volvió a dar una lección de pundonor y en lugar de decir “hala, ahí os quedáis con todo”, renegoció alquileres, créditos, pagos a proveedores, aplazó impuestos, reajustó plantilla...en definitiva, se reinventó por enésima vez. Todo un orgullo que debería hacer hincar la rodilla a la clase política que, en lugar de eso, lo único que hace es patearles las espinillas.

Y no contentos con esto, llega la siguiente estocada. Las mutuas ya están revisando si los autónomos que cobraron el cese de actividad de marzo a junio o de junio a septiembre de 2020, cumplen los requisitos. Además, a partir del mes de marzo de 2021, también comprobarán si los trabajadores por cuenta propia están al corriente de todas las obligaciones que se requerían para percibir la prestación actual por cese de actividad. De no hacerlo, tendrían que devolver la ayuda junto al importe de las cuotas exoneradas. Unos 3000 euros de nada en un plazo de 10 días.

Mientras, esperemos que la serie de terror, de infinitos capítulos, a la que nos tienen sometidos, no acabe en pesadilla permanente de las que quitan el sueño y de las que acaban con sueños… sueños de una vida mejor, con emprendedores y empresarios al frente, que se dejan la piel en conseguirlos.

Porque lo que hace que la vida tenga sentido, es la posibilidad de alcanzar un sueño. Y eso sí, que no nos lo van a poder quitar.