No pagar debe de dejar de salir gratis

La Ley establece que el tiempo de pago de las facturas por un cliente a sus proveedores será, con carácter general, de 30 días para las administraciones públicas y de 60 entre privados. No obstante, los plazos medios de pago por parte de las Administraciones Públicas está en 70 días en la actualidad, siendo la administración local la que más tarda en pagar (95 días). Esto se convierte en un hándicap para el autónomo ya que se trata de la Administración con la que más trabaja.

Por su parte, la Ley de Morosidad se incumple cuando hablamos de compañías de entre 50 y 250 trabajadores (63 días de media) y se dispara cuando los clientes son empresas de hasta 1000 trabajadores o más, con plazos que superan en este caso hasta los cuatro meses, que sin complejos se financian del eslabón más débil de la cadena productiva, los autónomos.

Estas situaciones de impago han hecho que muchos de ellos se vean obligados a cerrar por no poder soportar los retrasos de sus clientes, ya que aunque no cobren a tiempo, deben adelantar los costes de la actividad a realizar, así como, pagar el IVA de facturas no cobradas. La situación es tan grave que cuatro de cada diez pymes y autónomos que echaron el cierre durante la crisis lo hicieron por culpa de los impagos.

Desde Ciudadanos consideramos que llevamos demasiado tiempo en esta situación. No puede ser que grandes empresas se sigan financiando a costa de retrasar sus pagos o no pagar a pymes y autónomos, mientras PP y PSOE siguen mirado hacia otro lado. Por eso hace un año presentamos una Proposición de Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, que fue apoyada y tomada en consideración por el resto de grupos parlamentarios. Dicha norma establece un régimen sancionador, precisamente, para evitar que en el futuro se sigan dando estas situaciones abusivas.

Durante todo este tiempo, la norma ha permanecido bloqueada en la Comisión de Economía por parte de la presidencia del PP. Ahora con el cambio de Gobierno, y con mucho esfuerzo por parte de algunos grupos políticos y asociaciones, hemos conseguido constituir la ponencia, que parece que es el PSOE quien no tiene prisa. Cosas del bipartidismo.

Nuestros autónomos y pymes no pueden esperar más. Por eso desde Ciudadanos estamos peleando porque esta norma y su régimen sancionador sean una realidad a primeros de año. Como coordinadores de la ponencia vamos a tratar de mandar la norma al Senado en otoño, de forma que entre en vigor a principios de 2019. Y para eso necesitamos, primero: la colaboración del resto de grupos políticos a la hora de negociar las enmiendas y, segundo: que el PP y su mayoría absoluta en el Senado hagan un ejercicio de responsabilidad. Esperemos que estén a la altura por el bien de nuestra economía.