Los agricultores, en contra del modelo Mercosur: les obliga a producir caro y competir con productos baratos

1. El tratado refuerza a las grandes explotaciones en detrimento de los autónomos del campo
2. Salvaguardas y cuotas que no protegen a los pequeños agricultores
3. Dicen que la PAC apoya más a las explotaciones más grandes
4. Las normas europeas retroceden en sus requisitos sociales y medioambientales
5. ¿Qué modelo agrario debería priorizar la UE, según los agricultores?

Si el acuerdo UE-Mercosur entra finalmente en vigor, comenzarán a llegar a nuestro mercados y tiendas de alimentación más alimentos producidos a gran escala en América Latina; desde frutas y hortalizas hasta materias primas agrícolas (azúcar, harina, café…) y ganaderas. Sin embargo, la protesta del campo no gira en torno a qué productos llegarán a los supermercados, sino al modelo agrario que va en contra de las pequeñas cooperativas de autónomos y las explotaciones familiares.

Más allá del impacto en precios o competencia, el acuerdo es percibido como un instrumento que consolida un sistema productivo dominado por grandes operadores agroindustriales, mientras deja en desventaja a quienes producen a menor escala y dependen del mercado local. Ese es el núcleo del rechazo que está trasladando una parte del sector primario europeo y que afecta de forma directa a autónomos agrarios y pequeños negocios ligados a la producción y transformación de alimentos.

La vicepresidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología, Pilar Galindo, resumió ese planteamiento a este diario, al señalar que los Acuerdos de Libre Comercio en general, “y este en particular, fomentan la retirada de todos los obstáculos que impiden la movilización de mercancías agroalimentarias entre los países que los suscriben”, lo cual favorece a quienes ya parten con ventaja. En concreto, sostiene que el tratado beneficia a “las empresas mejor posicionadas para la exportación, las que concentran volumen y diversidad de mercancía”.

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología es una de las organizaciones impulsoras del Foro Social Más Allá del Crecimiento, que promueve un espacio de diálogo y confluencias para construir democráticamente un nuevo contrato ecosocial. Un modelo económico que abogue por la soberanía alimentaria y la producción ecológica de alimentos, y luche contra la estructura económica basada en el crecimiento perpetuo, que genera injusticia social y degradación ecológica.

El tratado refuerza a las grandes explotaciones en detrimento de los autónomos del campo

En opinión de Galindo, el acuerdo facilita que las más grandes, “las que tienen los procesos productivos más industrializados, mejoren su posición en el mercado europeo”. Mientras que “lo que viene de lejos, como se comercializa a través de las grandes empresas de distribución, tiene mayor facilidad para ganar cuota”. Esta lógica, advierte, deja fuera de juego a buena parte del tejido agrario europeo, conformado por pequeñas cooperativas y explotaciones familiares.

La crítica no se limita a la eliminación de aranceles. “No solo se abaten estos, también las condiciones de producción, como el uso de productos agroquímicos, permitiendo la entrada de productos que han sido producidos con sustancias prohibidas en la UE”, explicó la experta. En ese contexto, “la agricultura familiar y las cooperativas no pueden competir con esas bajadas de condiciones”.

Para los pequeños negocios agrarios, esta situación no responde a una coyuntura puntual, sino a una dinámica de fondo. Galindo insiste en que “el modelo de industrialización y globalización en sí es el que desplaza a las pequeñas explotaciones”, porque favorece sistemáticamente a las más grandes.

Salvaguardas y cuotas que no protegen a los pequeños agricultores

El Gobierno defiende el acuerdo alegando que incorpora cláusulas de salvaguarda, cuotas y límites para proteger a los sectores sensibles. Sin embargo, en la agricultura ecológica y familiar estas herramientas generan un fuerte escepticismo. Galindo es tajante al afirmar que estos parches “se colocan para aparentar que se protege a los sectores vulnerables”, cuando en realidad no garantizan su viabilidad.

Las cuotas y contingentes del acuerdo limitan volúmenes, pero no diferencian entre grandes y pequeños productores. En la práctica, quienes pueden aprovechar esos cupos son los grandes operadores, con capacidad para concentrar producción y colocar grandes partidas, mientras que las pequeñas explotaciones familiares quedan fuera de ese margen de protección.

Las cláusulas de salvaguarda, por su parte, solo actúan cuando el daño ya está hecho. Requieren demostrar una perturbación del mercado, un proceso lento que muchas pequeñas explotaciones no pueden aguantar, y que además no corrige la desventaja estructural frente a los grandes operadores.

Dicen que la PAC apoya más a las explotaciones más grandes

Ese desplazamiento, según la experta, se ve reforzado por otras políticas comunitarias. “Está acentuado por la Política Agraria Común (PAC), que da mayores apoyos a las explotaciones más grandes”, apunta, al tiempo que alerta de que “los fondos de inversión están quedándose con las fincas más modernizadas”, un proceso que acelera la pérdida de explotaciones familiares.

El tratado con Mercosur, añade, “intensifica la ventaja competitiva de las empresas agroalimentarias más industrializadas”, lo que “va en detrimento no solo de las pequeñas explotaciones, sino también de las producciones ecológicas y extensivas”. En la práctica, esto se traduce en una presión constante sobre la rentabilidad de muchos autónomos agrarios.

En el caso de la ganadería, Galindo detalla que “la importación de materias primas transgénicas y producidas con agroquímicos prohibidos o en dosis superiores a las autorizadas en la UE favorecen la bajada de costes”. Esa reducción de costes beneficia a la producción estabulada y de gran escala, frente a la ganadería extensiva y ecológica.

Las normas europeas retroceden en sus requisitos sociales y medioambientales

Otro de los ejes centrales del rechazo al acuerdo es la ausencia de reciprocidad en estándares ambientales y sociales, un aspecto clave para la viabilidad de las pequeñas explotaciones. Galindo sostiene que “el Tratado UE-Mercosur abona que, en lugar de avanzar en normas que protejan a la agricultura familiar, las normas europeas retrocedan en sus requisitos sociales y medioambientales”.

Ante esta situación, recuerda que en lugar de que “la PAC colaborase para desarrollar el Pacto Verde Europeo, se ha convertido en lo contrario”. A su juicio, “los intereses de la industria agroalimentaria y agroquímica han permeado las reivindicaciones del sector”, provocando un retroceso en la ecocondicionalidad de la PAC.

Este retroceso normativo penaliza especialmente a quienes han apostado por modelos más sostenibles. Galindo advierte de que “la normativa de sostenibilidad que está estudiando la UE reduce sus criterios”, lo que deja en peor posición a las explotaciones familiares que cumplen exigencias ambientales más estrictas.

¿Qué modelo agrario debería priorizar la UE, según los agricultores?

Para Galindo, el debate sobre Mercosur debería servir para replantear el rumbo de la política agraria europea. “La principal preocupación tendría que ser garantizar la salud, seguridad y soberanía alimentaria”, afirma. Un objetivo que pasa por proteger un modelo ligado al territorio y no deslocalizado.

Ese enfoque, explica, implica “mitigar y adaptarse al cambio climático, cesar en la contaminación de aguas y suelos y reducir el uso de productos químicos”. También por “incentivar la producción alimentaria ecológica de temporada y en circuito corto”, con el fin de apoyar la viabilidad de pequeñas explotaciones.

En ese marco, la experta considera clave “fomentar, mediante la compra pública, una alimentación saludable y ecológica”. Sin embargo, advierte de que “los tímidos pasos que se dan en esta transición son arrasados por este acuerdo”, que consolida un modelo agrario contrario a la agricultura familiar y a muchos pequeños negocios rurales.