Díaz vuelve a la carga con dos medidas que dispararán los costes de los autónomos en los próximos meses
- El nuevo control horario digital para pymes y autónomos podría aprobarse antes de abril
- Inversiones medias de hasta 1.000 euros por empresa
- El Estatuto del Becario ya está en el Congreso y podría disparar los costes de miles de autónomos y pymes
- Las pymes deberán cubrir los gastos de los becarios
- El Estatuto del Becario aún debe superar el trámite parlamentario
El Ministerio de Trabajo ha acelerado en las últimas semanas la tramitación de dos normas que podrían aumentar de forma significativa los costes de miles de autónomos y pequeñas empresas con empleados.
Por un lado, el nuevo control horario digital obligatorio ya se encuentra en el Consejo de Estado y podría aprobarse en Consejo de Ministros antes de que termine marzo. Por otro, el Estatuto del Becario acaba de iniciar su tramitación parlamentaria, tras recibir el visto bueno del Gobierno.
ATA y otras patronales llevan tiempo alertando de la acumulación de cargas regulatorias que afrontan los pequeños negocios. En especial, tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026, el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) o las nuevas reglas sobre absorción de complementos salariales.
En este contexto, los autónomos podrían tener que asumir nuevas inversiones tecnológicas para implantar el registro horario digital, así como mayores costes si acogen a estudiantes en prácticas cuando entre en vigor el Estatuto del Becario. Dos reformas que avanzan por vías distintas (el Estatuto sí tendrá que pasar el filtro del Congreso) pero que coinciden en su objetivo de reforzar el control sobre las relaciones laborales y que podrían entrar en vigor en los próximos meses si superan los trámites pendientes.
El nuevo control horario digital para pymes y autónomos podría aprobarse antes de abril
El Gobierno ha acelerado la aprobación del real decreto que obligará a empresas y autónomos con empleados a implantar un sistema digital de registro de jornada verificable y accesible para la Inspección de Trabajo.
Según explicó recientemente el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, el texto ya se encuentra en el Consejo de Estado, el último trámite jurídico previo a su aprobación definitiva. Al haberse declarado urgente la tramitación, el Ejecutivo espera recibir el dictamen en breve y llevar la norma al Consejo de Ministros en un plazo aproximado de dos o tres semanas.
Si se cumplen estos plazos, el nuevo sistema de control horario podría aprobarse antes de que termine marzo o, como máximo, a comienzos de abril. La aplicación práctica dependerá, no obstante, del periodo transitorio que establezca el decreto una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya que el Gobierno deberá conceder cierto margen para que las empresas adapten sus sistemas.
La reforma supondrá un cambio profundo respecto al modelo actual de registro de jornada. El Ministerio de Trabajo considera que el sistema vigente es fácilmente manipulable y no garantiza la fiabilidad de los datos, lo que permitiría que muchas horas extraordinarias no queden reflejadas.
Por ello, el nuevo decreto obligará a utilizar herramientas digitales que registren la jornada de forma verificable, trazable y con mecanismos que garanticen la integridad de la información. En la práctica, muchas pequeñas empresas tendrán que abandonar sistemas manuales, hojas de cálculo o registros en papel para adoptar soluciones tecnológicas específicas.
Inversiones medias de hasta 1.000 euros por empresa
Otro de los cambios relevantes será que los registros deberán estar disponibles en remoto para la Inspección de Trabajo. Esto permitirá a los inspectores acceder a los datos de jornada de los empleados en tiempo real sin necesidad de desplazarse a la empresa. Con ello, la Administración pretende reforzar el control sobre las horas extraordinarias y sobre el tiempo de trabajo real.
La implantación de este sistema tendrá también un impacto económico para los negocios. Según estimaciones de proveedores del sector, la mayoría de autónomos y pymes tendrán que asumir un coste anual que podría situarse entre los 400 y los 1.000 euros para implantar un software de registro horario que cumpla con los nuevos requisitos.
En microempresas con plantillas pequeñas el gasto podría rondar varias decenas de euros al mes, mientras que en pymes con más trabajadores el coste se incrementaría en función del número de usuarios y de las funcionalidades contratadas. A ello se suman los gastos asociados a la configuración del sistema, la formación de los empleados y la adaptación de los procesos internos.
El Estatuto del Becario ya está en el Congreso y podría disparar los costes de miles de autónomos y pymes
La segunda reforma que avanza en paralelo es el Estatuto del Becario, una norma que busca regular de forma más estricta las prácticas formativas en empresas. El Consejo de Ministros aprobó recientemente el texto en segunda vuelta y lo remitió al Congreso de los Diputados, donde comenzará ahora su tramitación parlamentaria.
El objetivo, según dice el Gobierno, es poner fin a los abusos detectados en algunas empresas que utilizan becarios para cubrir puestos estructurales sin una verdadera finalidad formativa. Para ello, la norma introduce límites más estrictos a las prácticas y refuerza el control de la Inspección de Trabajo sobre estas relaciones.
Entre otras medidas, el proyecto fija un máximo de 480 horas para las prácticas extracurriculares, establece mayores exigencias de tutela y seguimiento del estudiante y endurece el régimen sancionador para las empresas que incumplan la normativa. Las multas podrán alcanzar en los casos más graves entre 120.000 y 225.000 euros, especialmente cuando se utilicen becarios para sustituir trabajadores o realizar tareas propias de un puesto de trabajo ordinario.
Las pymes deberán cubrir los gastos de los becarios
Más allá del régimen sancionador, el principal impacto para autónomos y pymes se situará en el plano económico. El estatuto introduce nuevas obligaciones que incrementarán el coste de acoger estudiantes en prácticas, especialmente en pequeños negocios que hasta ahora utilizaban este modelo como una vía de formación y captación de talento.
Uno de los cambios más relevantes será la obligación de compensar los gastos en los que incurra el becario como consecuencia de su actividad formativa. Esta compensación incluirá, entre otros conceptos, los costes de desplazamiento, alojamiento o manutención. En muchos casos estas ayudas eran voluntarias o dependían de acuerdos entre empresa y centro educativo, pero con la nueva normativa pasarán a ser obligatorias.
A este gasto se suman las cotizaciones a la Seguridad Social que ya entraron en vigor en enero de 2024 para los estudiantes en prácticas. Aunque estas cotizaciones cuentan con una bonificación del 95%, siguen suponiendo un coste para las empresas que ronda los 200 euros anuales por becario en prácticas remuneradas. La combinación de cotizaciones y compensaciones obligatorias podría elevar de forma notable el coste total de cada estudiante, lo que según algunas organizaciones empresariales podría reducir la oferta de prácticas en determinados sectores.
El Estatuto del Becario aún debe superar el trámite parlamentario
La norma también reforzará el control administrativo sobre estas relaciones. El Ministerio de Trabajo prevé la creación de un “Buzón de las personas becarias”, una herramienta que permitirá a estudiantes y ex becarios denunciar directamente ante la Inspección de Trabajo posibles irregularidades en sus prácticas. Este sistema podría incrementar la presión inspectora sobre las empresas que acogen estudiantes.
A pesar de todo, el Estatuto del Becario todavía debe superar el trámite parlamentario y su aprobación definitiva no está garantizada. El proyecto deberá debatirse en el Congreso y posteriormente en el Senado, en un contexto político en el que el Gobierno no cuenta con una mayoría clara para sacar adelante todas sus iniciativas. Esto abre la puerta a posibles enmiendas, retrasos en la tramitación o incluso al bloqueo del texto si no logra reunir los apoyos necesarios en las Cortes.