La Administración Pública eleva sus plazos medios de pago a proveedores
Todas las Administraciones, local, autonómica y central, han empeorado sus periodos medios de pago a sus proveedores y superan los 30 días de retraso, así lo confirman los datos publicados hoy por el Ministerio de Hacienda. Una situación que denuncian desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), pues en palabras de su presidente, Lorenzo Amor, “la Administración pública no puede ser la primera en incumplir la Ley”.
Tras semanas de retraso, el ministerio de Hacienda ha publicado hoy los datos sobre los periodos medios de pago en los que se liquidan las facturas de las Administraciones públicas con sus proveedores. El Ministerio ha adoptado, en esta ocasión, la nueva metodología en cumplimiento de la normativa comunitaria contando desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obra, de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados o la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo.
Con estos datos, se constata que en el último año y hasta el mes de mayo han empeorado los periodos medios de pago de las Administraciones públicas. Y lo que es más grave, esto ocurre en todos los segmentos (Administración local, autonómica y central) que pagan las facturas a sus proveedores en más de un mes.
Si en mayo de 2017 la Administración central pagaba sus facturas en casi 38 días, un año después lo hace en casi 47, en decir, más de una semana más tarde. La media de las Administraciones regionales ha pasado de 23 a 33, es decir, de cumplir la ley a incumplirla, y la local de 58 a 60.
“Se han hecho esperar pero por fin Hacienda ha publicado los datos de periodos medios de pago de las Administraciones públicas y todas superan los 30 días de retraso. La Administración pública no puede ser la primera en incumplir la ley”, ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA. “
"Se hace necesario que no se vuelva a la senda de un pasado en el que los autónomos esperaban meses para cobrar un trabajo realizado poniendo en peligro su continuidad. Es urgente poner en marcha el régimen sancionador que castigue a empresas y administraciones morosas. Desde ATA consideramos que se deben establecer los mismos recargos que la Administración cobra al ciudadano cuando éste incumple los plazos que se le exige. La ley debe ser igual para todos, y la Administración ser garante de que la Ley se cumpla y no que sea la primera incumplidora” ha aseverado el presidente de la Federación.