Cincuenta medidas para un cambio radical en la formación de los autónomos
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) reclamaron cambios en el acceso a la formación para adaptarlo a las verdaderas necesidades del colectivo y mejorar, entre otras cosas, las competencias digitales de los trabajadores por cuenta propia.
Así lo expusieron el pasado martes en la presentación de los resultados del 'Estudio para la detección de la importancia de la formación, tipología y sistema formativo más adecuado para el trabajador autónomo'. Este estudio ha sido realizado en colaboración con la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), entidad encargada de impulsar y coordinar la ejecución de las políticas públicas en materia de Formación Profesional, en el ámbito del empleo y las relaciones laborales. Se trata de un trabajo pionero en España y se ha llevado a cabo con el objetivo de implementar un nuevo modelo de formación para los autónomos.
Durante la jornada, que tuvo lugar de manera telemática, las asociaciones analizaron la formación, tipología y sistema formativo más adecuado para el autónomo, y solicitaron la aplicación de 50 nuevas medidas que se ajusten a "las necesidades reales" de los trabajadores por cuenta propia y sus negocios.
Piden una formación común en las 17 autonomías
Según explicaron las tres asociaciones, "el actual sistema de formación presenta múltiples carencias derivadas, fundamentalmente, de la falta de participación de las organizaciones de autónomos en la detección, programación, diseño y difusión de las mismas". Hasta ahora había existido falta de comunicación entre los representantes de los trabajadores por cuenta propia y las entidades encargadas de realizar los cursos. Eso "desalinea la demanda formativa que los autónomos necesitan para mejorar sus negocios a fin de hacerlos más competitivos", explicaron.
El secretario general de ATA, José Luis Perea, puso de relevancia que," aunque a nivel nacional esta ‘cogobernanza’ del sistema con las organizaciones de autónomos se está llevando a cabo con el SEPE y con Fundae, es prácticamente inexistente en las comunidades autónomas". Tal y como explicó Perea, "existen 17 modelos diferentes de sistemas formativos completamente distanciados de las necesidades de los profesionales”.
Hasta el momento, “sólo el 1 % de los autónomos españoles ha podido acceder a las acciones formativas desarrolladas por el Servicio Público de Empleo (SEPE). Es el dato más bajo de todos los países más desarrollados del Marco de la Unión Europea”, explicó Eduardo Abad, presidente de UPTA. “La evidente descoordinación entre las distintas administraciones a la hora de desarrollar acciones formativas que mejoren la formación de nuestro colectivo es uno de los principales retos que deberán abordarse en estos próximos ejercicios”.
Por ello, las distintas asociaciones coinciden en el diseño de una 'Estrategia Nacional' de impulso a la formación, especialmente dada la situación en la que se encuentra el país a raíz de la crisis del Covid-19, donde la digitalización "es fundamental no sólo para mejorar las actividades, sino también para mantenerlas".
Formación más sencilla eliminando trabas con la Administración
ATA, UPTA Y UATAE desaprobaron los actuales contenidos, duración, metodología y horarios de las acciones formativas que ofrecen muchas administraciones. Según explicaron, porque "nada o poco" tienen que ver con las singularidades del autónomo que sufre una "excesiva carga de trabajo y que tiene que compatibilizar su jornada laboral, su vida familiar y la formación". De ahí la necesidad de que, a raíz de este estudio realizado con Fundae, se cree un nuevo modelo formativo para los trabajadores por cuenta propia.
En estos momentos, “el sistema de formación para el empleo necesita adaptarse a las características del autónomo. Los trabajadores por cuenta propia no tienen estructuras y medios de formación propios como las medianas y grandes empresas, pero necesitamos mejorar sus capacidades tecnológicas, administrativas y comerciales", explicó Valeriano Gómez, portavoz de UATAE. "La formación continua es una herramienta que debe utilizarse para el reciclaje y la mejora de los negocios de los autónomos”, añadió.
El estudio llevado a cabo por las tres organizaciones con Fundae recomienda establecer procesos abiertos de acreditación de competencias profesionales y experiencia para que los autónomos puedan acceder a itinerarios formativos más extensos ligados a los certificados de profesionalidad. Además, en la misma línea de facilitar la formación al autónomo, abogaron por la eliminación de trabas administrativas que reduzcan el tiempo y la documentación que necesita el profesional para acceder a los cursos.
50 propuestas para un nuevo modelo formativo
Las 50 medidas que proponen las tres organizaciones representativas de los autónomos se engloban dentro de cinco propuestas principales:
- Diseñar una estrategia nacional por el impuso de la formación de las competencias en el colectivo
- Mejoras necesarias en la formación programada
1. Hacer efectivo el derecho a la formación profesional por el que se cotiza, la insuficiencia de los recursos recaudados por no debe obstaculizar el desarrollo de este derecho.
2. Establecer un crédito mínimo de formación similar al que se establece para las empresas que garantizara una disposición en torno a 150 €/año de crédito.
3. Favorecer la coordinación de los tres agentes implicados: autónomos, administración y centros de formación.
4. Máxima simplificación en la tramitación administrativa mayores responsabilidades y competencias de los centros de formación.
5. Libre diseño y elección de las acciones formativas para ser compatibles con las necesidades de los autónomos, reservándose las certificaciones de profesionalidad y la oferta de las administraciones a competencias troncales y transversales. Esta flexibilidad debe permitir el tránsito tanto a sectores emergentes como el reciclaje continuo del autónomo.
6. Reforzar la estrategia de comunicación y difusión de cada convocatoria.
7. El diseño de cualquier iniciativa formativa debe tener en cuenta la singularidad del trabajo autónomo.
8. Incentivar la dotación del crédito más allá de lo cotizado mediante incentivos y posibilitar la reserva individual de los créditos a tres años máximo.
9. Crear un registro nacional de entidades prestadoras de servicios de formación que garantice su reconocimiento.
10. Mejorar el servicio de respuestas a las incidencias por parte de las entidades administrativas e impulsar el papel asesor de las organizaciones de autónomos y los centros de formación profesional.
- Mejoras necesarias en la formación de oferta
11.Debe favorecerse la participación de las organizaciones de autónomos en la gobernanza del sistema.
12. Evitar rigideces en los criterios técnicos de valoración facilitando la participación de los centros de formación, cualquiera que sea su tamaño. El modelo debe estimular la inversión en mejorar la red de centros ya que por su profunda capilaridad los convierten en “viveros” de profesionales para las empresas.
13. Estabilizar los criterios de valoración en concurrencia competitiva para que las empresas de formación puedan invertir en mejores sistemas y mayor calidad.
14. Estos criterios deben ser inclusivos favoreciendo la participación de los centros de formación.
15. Sustituir la anualidad actual por convocatorias con calendarios fijos y ofertas plurianuales que generan estabilidad y certidumbre dejando las convocatorias anuales para dar respuesta a las necesidades especiales del entorno económico. En cuanto al procedimiento, se requiere acortar plazos.
16. Impulsar modelos alternativos como la licitación mediante concursos públicos garantizando el uso de cláusulas sociales y estándares de calidad limitando la ponderación de la variable económica.
17. Ampliar los actores actuales incluyendo la red pública (centros integrados, centros públicos de FP, centros de Referencia Nacional, centros de formación de adultos y Universidades públicas), así como centros tecnológicos, empresas y entidades de formación de reconocido prestigio que actualmente no acceden al sistema.
18. Se recomienda volver a permitir la subcontratación permitiendo un margen razonable de beneficios en la estructura de los costes de segundo nivel.
19. Deben estudiarse fórmulas de conciertos para el desarrollo de programas formativos que presenten características especiales.
20. Establecer medidas de estímulo a la corresponsabilización de los participantes y alumnos que se inscriben en las ofertas formativas, para evitar abandonos injustificados.
21. Debe asegurarse que toda la formación recibida tenga un carácter acreditable de forma documentada.
22. Impulsar la teleformación, a través de una plataforma nacional única (a implementar por el SEPE a través de una encomienda de las comunidades autónomas), así como de las plataformas MOOC.
23. Reforzar la estrategia de comunicación y difusión de cada convocatoria.
24. Tener en cuenta la carga de trabajo de los autónomos y sus posibilidades de compatibilizar horarios en las actividades formativas y en el trabajo.
25. El catálogo formativo muestra escasez de formación en áreas de nuevas tecnologías, digitales y de robotización frente al predominio de las transversales y comunes (contabilidad, PRL, impuestos, entre otros).
26. Se debe favorecer la participación de los autónomos en cualquier plan formativo de carácter sectorial.
27. Promover el establecimiento de incentivos fiscales a la participación de las personas trabajadoras autónomas en acciones formativas.
28. Diseñar un plan de carrera para nuevos emprendedores. Con tal fin deben estudiarse las fórmulas para poder otorgar créditos de formación para ellos o acceso preferente.
- Mejoras necesarias en la financiación y la gestión del modelo
29. Primar la utilidad y la calidad de la formación frente a la simple fiscalización del gasto.
30. Garantizar el destino de la cuota de formación así como la reanualización de los fondos no dispuestos (los remanentes y reintegros). La legislación debe garantizar estas obligaciones en los fondos trasferidos a las CCAA.
31. Reformar los esquemas de financiación clarificando la relación directa entre el recurso financiero, la identificación de quién debe aportarlo y el objetivo de cualificación al que responde.
32. Reformar el sistema de módulos económicos, evitando que el mínimo precio sea el criterio económico en lugar de la relación calidad/precio con revisión periódica de precios de mercado.
33. Reducir los requisitos administrativos, simplificando trámites y sancionando el fraude pero no focalizándolo en las incidencia menores ( plazos y periodos )
34 .Evitar que los centros de formación sufran excesivos requisitos de control y justificación del gasto, relegando el aprendizaje a un segundo plano. La justificación y el control de la misma consumen más recursos humanos que la propia impartición.
35. La impartición de la formación debe ser considerada como una actividad económica permitiendo el margen industrial y sujeta a las reglas del mercado en régimen de competencia.
36. Otorgar mayor importancia a las competencias adquiridas más que al número de los alumnos formados.
37. El papel de la administración debe ser el seguimiento de la calidad y el impacto de la formación más que el control de la justificación del gasto.
38. Debe incentivarse la entrada de centros de formación con ofertas locales innovadoras, que ofrezcan profesiones y ocupaciones de sectores económicos emergentes.
39. Es necesario potenciar la participación de las Universidades.
- Mejoras en la calidad de la formación y su evaluación
40. Revisar y actualizar el Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), agilizando la elaboración de nueva cualificaciones especialmente en el entorno digital, permitiendo la participación de las CCAA.
41. Aligerar los procesos administrativos que conllevan las convocatorias, utilizando medios telemáticos para la inscripción en el procedimiento y no exigiendo documentación de la que ya dispone la administración.
42. Promover procesos continuos y abiertos de reconocimiento de la experiencia laboral que faciliten la participación de los autónomos en el PEAC.
43. Recabar el asesoramiento técnico de las CCAA en los mismos dado la complejidad y desactualización de los epígrafes de actividad. La administración laboral debe dar a conocer y difundir estos procesos desde su cartera de servicios.
44. Insistir en el diseño modular, con AAFF certificables mas cortas de más cortas y de mayor calidad, con módulos de libre configuración a demanda de los autónomos o de los mercados locales de empleo.
45. Los autónomos deben poder acreditar unidades de competencia a través del PEAC, accediendo así a la formación modular vinculada a certificados de profesionalidad.
46. Evitar que la formación certificable absorba todos los recursos del sistema incorporando al cuadro de objetivos competencias básicas, transversales, lingüísticas o digitales demandadas por el colectivo. Para ello se debe desincentivar la formación certificable.
47. Reformar la red de orientación profesional de los servicios públicos de empleo y la vocacional del sistema educativo, para que coordinados se aproximen a las demandas del tejido productivo.
48. Potenciar la teleformación como modalidad formativa más adecuada al trabajo autónomo dadas sus peculiaridades reduciendo antes la brecha digital del colectivo con planes específicos.
49. Orientar el modelo de Formación Profesional para el autónomo hacia la calidad y la eficiencia de la formación, en lugar de hacia el seguimiento y el control. Midiendo el impacto y beneficios que genera en la competitividad de los profesionales autónomos y sus negocios.
50. La mejora de control del sistema debe evitar excesivas revisiones ex post, de carácter masivo y automatizado donde solo se consigue desincentivar el acceso a las empresas.