Europa está cambiando leyes para reducir la burocracia en las pymes: gastan 10.000 euros al año en trámites
La Unión Europea ya está cambiando algunas leyes para reducir la carga burocrática entre las pymes. Los trámites cuestan a las pequeñas empresas una media de 10.000 euros al año.
- El coste real de la burocracia: casi 10.000 euros y más de tres meses por trámite
- Acuerdo en la UE para rebajar los requisitos de sostenibilidad de las pymes europeas
- Otras medidas destacadas en la reunión de competitividad
- Un horizonte con menos cargas burocráticas para autónomos y pymes
El Consejo sobre Competitividad de la Unión Europea, celebrado el pasado 8 de diciembre revisó los avances en la reducción de cargas burocráticas para las pymes y fijó los próximos pasos para seguir simplificando trámites que afectan directamente al día a día de millones de pequeños negocios.
A día de hoy hay varios proyectos en marcha, unos aprobados y otros en proceso, que pretenden rebajar la burocracia a la que están sometidas las pymes europeas, así como ciertas obligaciones de sostenibilidad que también afectan a las pequeñas empresas.
Tras años de acumulación normativa, Europa se ha propuesto rebajar estas cargas y liberar miles de millones en costes administrativos. El informe anual examinado en Bruselas calcula que los seis paquetes de simplificación aprobados desde febrero de 2025 ya han eliminado 8.600 millones de euros en costes regulatorios.
Solo un día después, el Consejo y el Parlamento Europeo recogieron el guante al pactar la simplificación de las normas de sostenibilidad, y dejar fuera de los requisitos de diligencia debida a las pymes, uno de las principales preocupaciones que se habían tratado pocas horas antes.
El coste real de la burocracia para las pymes: casi 10.000 euros y más de tres meses por trámite
En noviembre de 2024 las instituciones europeas se propusieron “iniciar una revolución de la simplificación” que se ha materializado con cambios normativos conocidos como “paquetes ómnibus” encaminados a reducir un 25% las cargas administrativas y hasta un 35% en el caso de las pymes, lo que equivaldría a 37.500 millones de euros.
Más allá de las grandes cifras, un estudio de Deloitte encargado por la Comisión Europea midió el coste real que tiene la burocracia comunitaria para los pequeños negocios.
Según este análisis, una pyme gasta una media de 9.989 euros cada vez que debe reunir documentos, presentar formularios en distintas administraciones o completar procedimientos que implican varios países.
Al económico habría que sumar el coste de oportunidad, pues el documento detalla como muchos pequeños negocios no tienen departamentos especializados por lo que deben encargarse de estos trámites que pueden llevar 14,4 semanas, más de tres meses de trabajo.
En el caso de los autónomos, esto supone destinar de media 2.576 euros, y el tiempo necesario alcanza las 10,2 semanas.
Ante esta realidad, los países europeos están ya implementando el principio de “solo una vez” (once-only) para reducir significativamente estas cargas. Con este sistema, una empresa entregaría un documento una sola vez y las administraciones lo compartirían entre sí sin pedirlo de nuevo.
Los cálculos muestran que una pyme podría ahorrar 5.247 euros por trámite y recuperar 6,4 semanas de trabajo mientras que para un autónomo, el ahorro sería de 1.508 euros y la reducción del tiempo, de 4,1 semanas.
Acuerdo en la UE para rebajar los requisitos de sostenibilidad de las pymes europeas
Apenas unas horas después de que se cerrara la reunión sobre competitividad en el mercado común, el Consejo y el Parlamento europeo acordaron rebajar los requisitos de sostenibilidad que afectaban a las pymes europeas.
Hasta ahora, aunque las pymes y autónomos no estaban obligadas por ley a elaborar complejos informes de sostenibilidad o diligencia debida, muchas se veían arrastradas a hacerlo porque sus clientes (grandes empresas sujetas a la normativa) les reclamaban información para certificar el cumplimiento de sus propias obligaciones.
Esto ocurría sobre todo en la diligencia debida, que obliga a las grandes compañías a identificar y gestionar riesgos ambientales o sociales en toda su cadena de suministro. Para cumplirla, muchas pedían a sus proveedores documentación que los pequeños negocios no estaban preparados para elaborar.
El acuerdo del 9 de diciembre rectifica las directivas anteriores redefiniendo el alcance de ambas normas. A partir de ahora, solo deberán presentar información completa en sostenibilidad las empresas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocio superior a 450 millones de euros.
En diligencia debida, las obligaciones se aplicarán únicamente a empresas con más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación mundial. Además, se introducen límites para evitar que las grandes compañías puedan trasladar a los pequeños proveedores cargas que la legislación no contempla para ellos.
Para facilitar su aplicación, se creará un portal digital único, que reunirá plantillas y guías comunes para presentar información empresarial.
Además, la Comisión ha aprobado también un estándar voluntario para pymes (VSME), pensado para permitir que pequeñas empresas puedan responder a solicitudes de información sin necesidad de producir informes complejos.
En este caso, un análisis de EuropeanIssuers estimó que preparar y verificar la información de sostenibilidad podía requerir entre 100 y 8.000 horas de trabajo, con tarifas profesionales que oscilan entre 80 y 200 euros por hora.
Es por ello que las instituciones europeas prevén que con esta reforma podrá reducir cargas administrativas por valor de 4.400 millones de euros.
Otras medidas destacadas en la reunión de competitividad
Pero estos no fueron los únicos temas que abordaron los responsables económicos de los países que forman la Unión Europea el pasado 8 de diciembre en Bruselas:
Un “mapa del calor” de cargas administrativas
Creación de un mapa que identificará en qué sectores y qué normas se concentran más trámites y obligaciones. Esta herramienta permitirá priorizar futuras reformas y actuar primero en los ámbitos donde la reducción de burocracia puede tener un mayor impacto para las pymes.
Revisión de normas técnicas y simplificación sectorial
Durante 2025 se ha revisado un total de 430 normas de desarrollo (actos delegados y de ejecución), de las cuales 115 se han identificado como no esenciales. La Comisión prevé aplazar, revisar o eliminar estos actos en función de su impacto real.
En el ámbito de lo que se conoce como taxonomía sostenible, se han eliminado o simplificado buena parte de los indicadores que las autoridades comunitarias requerían. Según las conclusiones de competitividad, esto supone reducir hasta un 64% de los puntos de datos exigidos a empresas no financieras y hasta un 89% de los exigidos a entidades financieras.
Contratación pública y digitalización
La reunión abordó también los avances en la contratación pública electrónica, con pasos hacia formularios más simples, menos documentación obligatoria y una mayor interoperabilidad entre plataformas nacionales.
Además, se acordó impulsar el principio de “digital por defecto”, que busca que los nuevos procedimientos administrativos se puedan completar íntegramente online.
Herramientas de apoyo a pymes
La revisión de los logros de 2025 incluyó el EU Sanctions Helpdesk for SMEs, un servicio de apoyo que ofrece información y asistencia a pequeñas empresas que deben cumplir con los regímenes de sanciones europeas.
Este instrumento que se habilitó el pasado marzo pretende ofrecer claridad en un entorno que ha ganado complejidad en los últimos años y en el que muchas pymes carecen de recursos propios para averiguar con qué países y empresas no pueden relacionarse económicamente.
Un horizonte con menos cargas burocráticas para autónomos y pymes
Aunque el acuerdo del 9 de diciembre deberá ser ratificado antes de su entrada en vigor, la Comisión continuará desplegando durante el próximo año el programa de simplificación, ampliará la aplicación del principio de “solo una vez” y revisará las normas con mayor carga que se identifiquen en el mapa del calor.
De esta forma la Unión Europea no solo avanza en lo que ha denominado una “revolución de la simplificación” sino que se ha propuesto evaluar las reformas que ha emprendido para comprobar si suponen un alivio real de la carga administrativa que soportan actualmente pymes y autónomos.